Animal Político

Dificultades y contradicciones en la elección

Los desaciertos, errores y actuaciones poco transparentes del Órgano Electoral configuraron un escenario que afectó la calidad de la democracia y mostró que el sistema electoral siempre precisa de la mirada vigilante de la sociedad y de sus instituciones.

La Razón (Edición Impresa) / Rolando Villena Villegas

00:00 / 05 de abril de 2015

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Constitución Política del Estado  establecen como uno de los más importantes el derecho a participar en el gobierno del país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. La Declaración Universal especifica que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y que esta voluntad “se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Esta es la base doctrinal y normativa por la que se consolida y expresa el sistema democrático como un modelo basado en el derecho inalienable y supremo de cada ciudadana y ciudadano, para elegir en libertad a quienes habrán de ejercer la autoridad por un tiempo determinado. La Constitución establece las condiciones en que debe garantizarse este ejercicio al señalar que debe ser universal, directo, individual y secreto, pero también y como contraparte, la ley establece el derecho de cualquier ciudadana o ciudadano a postularse para los cargos electivos, bajo determinadas condiciones, pero también protegido por las condiciones de igualdad, acceso y libertad.

A partir de estos principios jurídicos, es innegable que por definición la voluntad del pueblo es y debe ser la base de la autoridad del poder público y que esta voluntad debe estar por encima de las interpretaciones, intereses, visiones o coyunturas de los grupos, e incluso de las autoridades que ocasionalmente administran las normas y los procesos.

En febrero, la Defensoría del Pueblo remitió al Tribunal Electoral Plurinacional el “Informe Defensorial de la verificación realizada en recintos electorales durante las elecciones del 12 de octubre de 2014”. Este documento incluía una relación detallada de los problemas observados en esos comicios electorales y que se referían a falencias respecto a las condiciones que estaban dificultando o impidiendo el acceso igualitario a ejercer estos derechos a personas con discapacidad, personas internadas en hospitales y clínicas, privados de libertad, adultos y adultas mayores y miembros de la Policía y de las FFAA. En esa nota se solicitaba además la garantía para que “las bolivianas y bolivianos (puedan) ejercer tanto el derecho a postularse como candidatos sin ninguna discriminación ni impedimento arbitrario, así como a elegir a sus autoridades de manera universal, directa, individual y secreta”. Ni el informe ni la solicitud fueron respondidos.

Pero más allá de estos problemas, que lamentablemente en muchos casos se repitieron en las elecciones subnacionales, especialmente con relación a adultos mayores, internos en hospitales, personas con discapacidad y privados de libertad, es indudable que el proceso preelectoral adoleció de una serie de irregularidades que atentaron contra los derechos señalados antes, y que en algunos casos generaron interrogantes respecto al papel que cumple el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Inicialmente, se debe ponderar el papel de los medios de comunicación, que debiendo ser mediadores o facilitadores tuvieron que convertirse de alguna manera en “planificadores”, “organizadores” y “gestores” para garantizar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a conocer a sus candidatos y candidatas, sus propuestas y programas. El Órgano Electoral se limitó a la difusión de material promocional masivo que informaba sobre los mecanismos para emitir los votos, en formatos y mecanismos que se habían utilizado ya en las anteriores elecciones.

Otro de los problemas observados tuvo que ver con la aparente inequidad en las decisiones asumidas por sala plena, respecto a las sanciones por faltas cometidas por los partidos y frentes, especialmente en la publicación de encuestas. En un caso se actuó con severidad draconiana, apegada a la letra muerta de la Ley 026, Art. 136, y que se aplica con excesivo rigor al partido político, objeto de  sanción, mientras que en otros se utilizaron una serie de argumentos que terminaron en una interpretación favorable y laxa de la misma norma.

Más allá de estas decisiones, lo cierto es que al final, el más perjudicado fue el pueblo beniano, que tuvo que votar en papeletas donde aparecían candidatos que ya no estaban en carrera, lo que generaba desinformación y desconcierto, registrando uno de los episodios más inverosímiles en la historia electoral de Bolivia. Al respecto, la norma señala que podrá usarse papeletas con estos errores cuando los candidatos hubieran fallecido,  o tuvieren impedimento permanente o incapacidad total, y no hubiera tiempo suficiente para su reemplazo.

Asimismo, pese al pedido de más de diez instituciones para que se postergue la votación en el Beni, nuevamente el Órgano Electoral recurrió al discurso y al trámite  del “cumplimiento estricto de la ley” y se negó a considerar esta demanda, lo que hubiera posibilitado la corrección de las papeletas. Nuevamente se sacrifican los derechos de las personas, que parecían ser lo menos importantes para las autoridades electorales al momento de tomar las decisiones.

La participación de autoridades y servidores públicos en actividades de campaña y la permisividad del Órgano Electoral frente a esta situación fue otra de las irregularidades en estos comicios. Pese a lo expresamente prohibido en el inciso k) del artículo 119 de la Ley 026, era frecuente ver a autoridades nacionales y locales acompañando a candidatos en actos evidentemente proselitistas o en entrega de obras con recursos del pueblo, desde donde se promovían los frentes y partidos en competencia. Junto a esto, también se recibieron denuncias de órdenes de asistencia obligatoria de servidores públicos a los eventos de campaña, aún en horas de trabajo, que eran controlados y supervisados bajo amenazas.

Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados en esta etapa fue la amenaza abierta de autoridades del Gobierno de no trabajar ni coordinar ni apoyar con recursos económicos a los municipios y gobernaciones donde resulten ganadores los frentes opositores. Este despropósito —al parecer— partía de la idea que los recursos del Estado “pertenecerían” a un partido o a “algunas personas” que, podrían disponer de ellos, discrecionalmente, fue repetido y justificado en todos los medios, constituyéndose en una flagrante amenaza, coacción política y condicionamiento del voto que, pese a su evidencia y a que se lo repitió incluso el día de las elecciones, tampoco generó la mínima reacción del Órgano Electoral.

En suma, los desaciertos, errores y actuaciones poco transparentes del Órgano Electoral que fueron denunciados por la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observadores de la OEA y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sumado a los vacíos de la norma y la aparente inequidad en el trato con los frentes en competencia, configuraron un escenario complejo que afectó en varios momentos a la calidad de la democracia y mostró una vez más que la defensa de los derechos políticos a la participación no puede dejarse librada a la voluntad de las autoridades y que, por muy sólido que parezca, el sistema electoral siempre precisa de la mirada vigilante de la sociedad y de sus instituciones, para que las garantías que establece la Constitución Política del Estado se cumplan y se respeten.

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