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Ejecución presupuestaria de las autonomías

Los 339 gobiernos municipales de Bolivia manejaron un presupuesto de Bs 30.582 millones, de los cuales ejecutaron Bs 19.778 millones, equivalentes a 64,7%.

La Razón (Edición Impresa) / Jaime Durán Chuquimia

00:01 / 11 de enero de 2016

La ejecución presupuestaria relaciona el gasto de las entidades con el presupuesto programado y se mide como porcentaje. En el siguiente análisis se observa el comportamiento del presupuesto total (inversión y gasto corriente). Debe tomarse en cuenta que los datos más importantes para evaluar a las entidades corresponden a la inversión pública, cuya fuente oficial es el Viceministerio de Inversión Pública (VIPFE). Datos que estarán disponibles en unas semanas. También es importante considerar que en el gasto corriente normalmente se alcanza buena ejecución por las partidas que incluye, referidas a sueldos y salarios, pago de servicios, compra de equipos, etc.

Los datos preliminares de cierre presupuestario reportados por los sistemas oficiales operados por gobernaciones y municipios (SIGMA y SIGEP) muestran que municipios y gobernaciones en conjunto administraron Bs 47.235 millones de los cuales ejecutaron Bs 31.843 millones, equivalentes a 67,4%. Las universidades tuvieron una ejecución de 64,7%. 

El nivel departamental contó con un presupuesto total de Bs 16.653,4 millones y gastó Bs 12.065,2 millones. Se destaca la Gobernación de Chuquisaca, que ejecutó Bs 1.366,7 millones de los Bs 1.577 millones de su presupuesto vigente, llegando al 86,7%; le siguen Oruro con el 83% (Bs 579,5 millones) y La Paz con el 81,9% (Bs1.360,76 millones); con porcentajes promedio se encuentran las gobernaciones de Cochabamba, Pando y Santa Cruz con el 78%, 77,7% y 73,1%, respectivamente; las más rezagadas son las gobernaciones de Potosí, Tarija y Beni, con el 66,4%, 64,9% y 61,0%, respectivamente; Tarija es la Gobernación con mayor presupuesto: Bs 4.926,37 millones.

Como se ve, hay una heterogeneidad en el nivel de ejecución, lo cual muestra que con la misma normativa fiscal se alcanzaron resultados diferentes, por lo que no se puede acusar a la norma del nivel central para justificar la baja ejecución. Los 339 gobiernos municipales manejaron un presupuesto de Bs 30.582,2 millones, de los cuales ejecutaron Bs 19.778,7 millones, equivalentes a 64,7%.

Las universidades manejaron un presupuesto total de Bs 7.375 millones, del que ejecutaron Bs 4.774,6 millones lo que representa un 64,7%. De ellas, destaca la Universidad Amazónica de Pando con  86,3%, el resto ejecutó entre 56% y 68%, presentando la menor ejecución la Universidad Mayor de San Simón con 64,7%.  Factor decisivo para la disponibilidad de recursos a nivel local son las transferencias que el Tesoro General de la Nación efectúa en favor de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) y universidades, conforme la normativa vigente.

Gracias a las políticas de gobierno (como la nacionalización de hidrocarburos) y la implementación del nuevo Modelo Económico Social Comunitario, las transferencias han crecido de forma importante. En 2005, gobernaciones, municipios y universidades únicamente recibían Bs 6.669 millones; en 2015, este monto se cuadruplicó llegando a Bs 25.268 millones. 

De hecho, para 2015 las transferencias efectivas en términos totales han superado el estimado en el presupuesto inicial de la presente gestión, pese al efecto de la caída del precio del petróleo sobre los ingresos de los hidrocarburos, evidenciando la fortaleza del mercado interno.

La transferencia a los gobiernos  municipales por coparticipación tributaria, que proviene del 20% de los impuestos nacionales, llegó a Bs 8.639 millones, superando en Bs 1.546 millones al presupuesto inicial, un adicional del 22%, que es mayor al efecto en la disminución de recursos del IDH (Bs 929 millones), garantizando la disponibilidad de dinero  para ejecutar el presupuesto aprobado para la gestión. Lo propio ocurrió con las universidades.

En el caso de los gobiernos departamentales, por la estructura de sus ingresos, las transferencias fueron menores en Bs 775 millones, debido principalmente a la disminución en la recaudación por regalías hidrocarburíferas, afectando principalmente a las gobernaciones de Tarija (Bs 552 millones) y Santa Cruz (Bs 118 millones); sin embargo, se evidencian mayores recaudaciones en el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) (Bs 227 millones) y en regalías mineras (Bs 87 millones), y más los saldos acumulados en cuentas fiscales de gestiones anteriores, ninguna gobernación enfrentó problemas de liquidez.

Las ETA y universidades cerraron la gestión con importantes saldos de caja y bancos: Bs 11.406 millones, de los cuales Bs 7.058 millones se encuentran en cuentas municipales, Bs 2.265 millones en manos de las gobernaciones y Bs 2.082 millones en las universidades. Para tener una idea de la magnitud de estos recursos, se puede indicar que equivalen al 45% de las transferencias de 2015.

Se ha avanzado mucho en el fortalecimiento de las autonomías, empero prevalecen factores endógenos de las mismas entidades que inciden en la gestión. En primer lugar, está  la forma en que se asignan los recursos, donde prevalece la distribución per cápita y no por prioridades, dejando de lado proyectos importantes y de envergadura. En cuanto a los recursos humanos, se advierte la alta rotación de personal, así como la falta de profesionales en provincias (áreas rurales); pese a la flexibilización normativa persisten los procedimientos burocráticos adicionales ocasionados por el miedo y el desconocimiento de las normas; final y principalmente, en los municipios rurales predomina la ausencia de bancos de proyectos, las ETA no presupuestan gastos de preinversión y eso deriva en problemas en la ejecución de los proyectos de inversión.

Así también son cuestionables las excesivas modificaciones presupuestarias en la gestión; las gobernaciones destinan gran cantidad de recursos a transferencias en favor de los municipios (ejecución “fácil”). Por otro lado, está la alta dependencia de las transferencias del TGN y una debilidad del esfuerzo fiscal para generar ingresos propios.

Ante esta realidad, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) ha desarrollado un conjunto de acciones que coadyuvan en la gestión de las entidades, entre las que se puede destacar la “Brigada Móvil”, que se desplaza a los municipios para brindar capacitación y asistencia técnica en planificación participativa, elaboración del POA y procesos de contratación, acción dirigida a la sociedad civil, autoridades y técnicos; se ha trabajado en la flexibilización normativa en materia presupuestaria y de contrataciones, como ser la aprobación de sus escalas, incremento del presupuesto de consultorías (que en el nivel central se aprueba con decreto supremo), registro de saldos de caja y bancos, anticipos financieros y presupuestos de empresas municipales y departamentales ante el MEFP, eximiéndoles de su aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En contrataciones, se les permite iniciar este proceso antes del inicio de la gestión, una vez que se aprueba la Ley del Presupuesto General del Estado; asimismo, se amplió el monto de las contrataciones menores a Bs 50.000 —y se permite las contrataciones directas de obras hasta Bs 100.000—, favoreciendo principalmente a los municipios pequeños; también se permite optar por la modalidad de contratación directa cuando la convocatoria se declara desierta por segunda vez y para proyectos productivos después de la primera desierta; además, se amplió el uso de recursos del IDH para Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y deportes, entre lo más relevante.

Se espera que los elementos señalados permitan mejorar la calidad, eficacia y eficiencia del gasto de las entidades territoriales autónomas. Sin embargo, para ello es importante que asuman un rol más proactivo en la generación de recursos propios.

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