Animal Político

Escenarios posibles para el proceso de consulta del TIPNIS

El punto sobre la i. Al final de la IX Marcha

La Razón / La Paz

00:03 / 22 de julio de 2012

Tras haber finalizado la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la postura del Gobierno respecto al proceso de consulta sobre la construcción o no de la carretera que pasaría por la mitad del área protegida no se modificó en un solo punto, ésta sigue en pie: “el mecanismo se llevará a cabo bajo el protocolo ya establecido”, esto es lo que dio a entender el Gobierno antes de la movilización y es lo que sostiene después de aquélla.

Lo nuevo es la posición de los indígenas marchistas agrupados alrededor de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) afín a Adolfo Chávez, quienes, después de retornar a sus lugares de origen sin haber recibido la atención a ninguno de los nueve pedidos de su pliego, han determinado iniciar “la defensa del TIPNIS dentro del mismo territorio e impedir que se realice la consulta”, en palabras de Nelly Romero, vicepresidenta de la Cidob que rechaza la carretera.

La posición de esta facción de la Cidob, después de que ninguno de sus pedidos fuera atendido, es de no permitir que se realice el proceso de consulta. Puede leerse en ella una amenaza de confrontación en caso de que el Gobierno persista en su intención de realizarla, que es, por todas las señales, precisamente lo que el Estado tiene determinado.

“El Movimiento Al Socialismo (MAS), con su negativa al diálogo y la gasificación de La Paz, ha creado un ambiente de confrontación del que va a ser difícil retornar”, dice el exministro de Tierras y marchista de la VIII y IX Marcha, Alejandro Almaraz, al referirse al escenario posible de la consulta.

La opinión gubernamental es expresada en los dichos del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien prevé que en el corto plazo “se verá la consulta previa siendo realizada y cumpliéndose el derecho de los pueblos indígenas a decidir por sí mismos”.  En su opinión, la efectivización de la consulta será una consecuencia política “muy importante para el país”, pues será la primera vez que sucede algo parecido.

Por su parte, la analista política María Teresa Zegada asegura que muchos académicos, ella incluida, hicieron varios análisis de la Ley 222 (de consulta en el TIPNIS) desde distintas disciplinas y también la jurídica; “se ha visto que es una norma que cuenta con demasiadas deficiencias, no se convierte en un espacio verazmente democrático. Se supone que un escenario para poner a marchar este mecanismo debe contar con la aprobación de las partes interesadas, y una de ellas no lo está”. Y añade que espera que el inicio de la consulta no signifique un escenario de “confrontación y violencia en el país”.

Otra visión es la de su colega Fernando Mayorga, quien observa que el Gobierno está en una postura “un poco más flexible” respecto a los plazos del proceso de consulta, “lo que será conveniente no para los gobernantes, sino para la formación de la CP como una nueva institucionalidad estatal”.

Cree que ampliar el plazo para el desarrollo del proceso permitirá que éste se realice con la debida calma y se involucre a “todas las comunidades que tienen que ser consultadas”, para que de esa forma el mecanismo esté basado en “intercambios argumentativos y sin presiones externas de ninguna índole”.

Por su parte, Adolfo Mendoza, senador del MAS, cree que tras la movilización de la IX marcha se puso en evidencia “la fortaleza que va cobrando la nueva instancia democrática de la consulta previa”, sobre la cual —dice— hay que ahondar y “seguir trabajando” hasta llegar a una ley marco de consulta.

Este “vigor democrático” que percibe Mendoza es del todo ilusorio para Almaraz, quien afirma que “lo que va a ocurrir en el mediano y largo plazo es que no va a haber ni consulta, ni mucho menos carretera. En el corto plazo, lo que pasará es que la movilización indígena impedirá el ingreso al parque de los funcionarios públicos encargados”.

Incluso antes de que esto último ocurra, Almaraz cuenta con que se presentará un recurso de amparo constitucional al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “que será declarado procedente, en tanto el presidente del TCP ha adelantado la pertinencia y legitimidad de un amparo de este tipo porque la consulta no es concertada”.

Para Navarro, Mayorga y Mendoza, aunque con diferentes argumentos, la consulta está construyendo una nueva institucionalidad democrática que fortalece el sistema. Para Almaraz sucede todo lo contrario: “sería muy grave para la democracia y para el mismo Gobierno o que la consulta sea inventada o que se pretenda imponerla, pues eso conduciría al derramamiento de sangre”.

Este enfrentamiento de posiciones inconcertables tal vez pueda ser explicado desde lo que sucedió con el pliego de peticiones de la IX marcha indígena, el que condicionaba su tratamiento si es que antes no se abrogaba la Ley 222.

El Gobierno argumentó que no se podía condicionar el diálogo y menos aún con la exigencia de un requisito que quería que la Constitución Política del Estado (CPE) no se cumpla —el derecho a la consulta a los pueblos indígenas está constitucionalizado—, a pesar de que en la VIII marcha era el Estado el que se oponía a que se cumpla la CPE al negar el derecho que ahora defiende. En este sentido, el objeto primario del diálogo (que nunca existió entre Gobierno y movilizados de la IX marcha) debió ser la Ley 222. Desde que esta norma era la condicionante para negociar, resultaba que lo que debía discutirse (Ley 222) era para los indígenas aquello que tenía que ser abolido antes de que se inicie la discusión, es decir que existía y existe un punto muerto que no permite que haya conciliación.

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