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Esperanza en los ‘medios alternativos de solución de conflictos’

Los denominados ‘Códigos Morales’ dan sus primeros pasos: oralidad, medios alternativos para solucionar los conflictos, reducción del tiempo de los juicios son, entre otras, sus nove-dades.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano es periodista de La Razón

00:00 / 22 de febrero de 2016

Uno de los rasgos distintivos de los nuevos códigos de Procedimiento Civil, de las Familias y Proceso Familiar, es que establecen una nueva instancia para arribar a la solución del litigio entre las partes: la conciliación; pero en general esto podría abrir las puertas a lo que se llaman los medios alternativos de resolución de conflictos”.

En efecto, señala el vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Iván Campero, si hay algo que distingue a los nuevos códigos, los llamados “Códigos Morales”, es que tienen cuatro ejes: la oralidad, los medios alternativos de solución de conflictos (conciliadores), el hecho de aminorar las etapas del juicio, y, que se modificaron las causales del divorcio. Para Ramiro Sánchez, vocal del mismo tribunal, en cambio, la oralidad más bien es el “procedimiento estrella”.

Pero si hay algo en que ambos coinciden es en que la resolución del conflicto es algo más complejo, que está más allá del ámbito judicial. Se refieren a lo que Campero llama el carácter “pleitómano” de la sociedad boliviana, el hecho de que en el país el litigio legal, por definición, es visto como la pelea para derrotar al otro, casi nunca para llegar a un acuerdo con él. De hecho, muchas veces la conciliación es vista como una “derrota” para ambas o alguna de las partes.

Dadas así las cosas, para el vocal Campero el problema de fondo que encarará la conciliación (cuyo objetivo es que el litigio no llegue a la instancia del juez, a la pelea misma) es la carencia entre los litigantes de una “cultura de paz”. Siendo una de las novedades del nuevo Código de Procedimiento Civil la existencia de los conciliadores, el abogado se pregunta “¿qué va pasar con estos conciliadores? cuando el criterio común de las partes es no conciliar; la gente se arriesga, 6, 30 años de juicio, no importa, ‘voy a ganar’, cuando no sabe el problema de la ‘contingencia judicial’ o a veces sabiendo que hay esta contingencia, hay gente ‘pleitómana’ en Bolivia”.

Ahora, recuerda el vocal Sánchez, en rigor la conciliación no es un hecho nuevo en el proceso judicial. “Los jueces ya estábamos obligados a que en un litigio, en primer lugar, busquemos conciliar a las partes”. De aquí que no deje de manifestar su cierto escepticismo ante el hecho de que ahora se introduzcan los conciliadores antes de que los litigantes vayan al proceso, se puede decir de franco enfrentamiento ante el juez; desconfianza de que ahora funcione cuando durante mucho tiempo la conciliación fue el recurso menos usado; aunque, como en todo, le da el beneficio de la duda.

Desde otro lado, el juez Campero también advierte que los nuevos códigos no serán viables si es que no intervienen otros actores extrajudiciales: “ahí entre el Ejecutivo, el Ministerio de Educación, los otros ministerios que deban ver con educación; la Asamblea Legislativa Plurinacional, normando el tema, todo”, afirma, para hacer frente al “componente común del boliviano medio, que dice: ‘tengo una controversia o un problema, ¡a juicio!’”.

Es posible, estima, que para la aceptable aplicación de los nuevos códigos, mínimamente se necesite duplicar el número de jueces. Con todo, insiste, aún cuando se contara con más jueces, que no deja de ser bienvenido, ello no implica la solución, pues “el problema de fondo es crear la referida cultura de paz”, que en el caso del litigio legal se traduce en la voluntad de llegar a un acuerdo a través de la conciliación, un acto en que necesariamente se debe estar dispuesto tanto a exigir como a ceder. “Por eso se necesita un pacto social para la creación de la cultura de paz; los nuevos códigos no se van poder aplicar si es que no se va contra la tendencia común de utilizar la coerción para resolver los problemas”.

En general Campero, que es doctor en leyes, docente universitario y profesor de la Escuela de Jueces del Estado, destaca una paradoja: que siendo urgente explorar otras formas de solución de conflictos, alternativas a la pelea en el juicio, en las universidades no haya una materia específica al respecto.

“Cómo puede ser que ninguna Facultad de Derecho tenga una materia de medios alternativos de solución de conflictos, nos enseñan a matar; igual que en Medicina, donde enseñan a operar, no a prevenir la enfermedad”. Aquí es crítico con sus colegas: “la mayoría de las veces es el propio abogado el que incita al litigio, cuando él debería convertirse en un elemento de prevención del conflicto”.

“Y no es que no se esté haciendo nada al respecto”, afirma. Cuenta la experiencia de dos bufetes de abogados en la ciudad de La Paz que atienden temas laborales, cuya mayor peculiaridad es haberse especializado en no ir a juicio, pues su oferta profesional es la conciliación entre empleados y empleadores.

El  vocal Sánchez añade otro rasgo interesante de los nuevos códigos: la búsqueda de la equidad.

“Tres cosas se deben destacar del nuevo Código de Procedimiento Civil: la oralidad, que tiene sus ventajas pero mucho depende de la idoneidad del juez y su compromiso para llevar adelante los procesos; segundo, se habla de la verdad material, el ser, no el deber ser, tratar de llegar a una verdad materialmente creíble; y tres, la posibilidad de llevar adelante el juicio en equidad”.

Ahora, ambos jueces coinciden en que una condición para una adecuada aplicación de estos y futuros códigos, y en la mejora sustancial de la  justicia en general, es la completa independencia del Órgano Judicial, lo que naturalmente empieza en su autonomía económica. “El porcentaje que nos dan del Presupuesto General del Estado es el 0,35% para La Paz. Mire, la Constitución Federal Argentina dice que el Órgano Judicial presenta su presupuesto al ministerio y no puede ser observado ni en las cámaras de diputados y senadores, salvo alguna cosa extraordinaria, aquí un programador de Hacienda es el que nos define qué nos van a dar o cómo nos van a dar”.

Un rasgo de los nuevos códigos es que se otorga mayor poder de decisión al juez. En este sentido, apunta el vocal Campero, hoy existe la tarea de “recomponer su autoridad, que deje de ser solo un tercero dirimidor en los papeles. Ahora no, ahora es el director del proceso y como tal lo manejará”.

Llegados a este punto, es inevitable plantear la independencia política y económica del juez. Ambos juristas concuerdan en que otra vez no se debe soslayar “la economía del juez”, un mejor salario, pero también es importante, añade Campero, el respeto a la carrera judicial. “Ese tema económico y el respeto a la formación en una carrera judicial, que no lo hay, garantizaría, junto con los códigos, una mejor solvencia e independencia del Órgano Judicial”.

Desde el lado del ejercicio de la profesión y la academia, el abogado y docente universitario Carlos Derpic considera que los nuevos Códigos Morales hay que ubicarlos como una forma de desarrollo de los principios de derechos y deberes inscritos en la Constitución Política del Estado promulgada en 2009. Y un desarrollo, se debe decir, no siempre feliz, es una Constitución que contiene varios derechos inexistentes en las anteriores, en ese sentido muy promisoria, “pero, cuando uno ve cuánto de esto se cumple en la práctica es cuando se viene la decepción”. El docente pone de ejemplos el caso del TIPNIS (Territorio Indígena Parque

Nacional Isiboro Sécure), en el que “derechos del medio ambiente, de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas no se han reconocido en la práctica; y el otro ejemplo, que es patético, es la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Su artículo 10 agarra todo lo que está en la Constitución y lo pone en el tacho de basura”. Se pone esto como ejemplo, apunta, “para no hablar de ‘revolución’ donde no la hay”.

En relación a la independencia del Órgano Judicial con respecto a los otros poderes, sostiene que la sujeción de muchos jueces por parte del Ejecutivo no ha cambiado mucho a las anteriores épocas. “Vea usted el uso que se hace de ciertos fiscales, que los utilizan para determinados casos. Este es el tema de fondo, entonces de qué vale este desarrollo (jurídico), cuando tenemos esta realidad”.

En cuanto a avances concretos de los nuevos códigos, tomando por ejemplo la oralidad, el abogado señala que en el Código de las Familias la oralidad es permitida “solo en audiencia; entonces, cuál es la diferencia con el anterior código, pues en las audiencias había oralidad”.

Otro ejemplo que da para la desazón fue la elección de los altos magistrados del Órgano Judicial, cuando con la mayoría de votos nulos y blancos “fue una derrota contundente de los que salieron elegidos”.

Derpic, sin embargo, no deja de apuntar la buena oportunidad que puede significar la próxima Cumbre de la Justicia: “Hay que escuchar, en la Cumbre, porque la población es la que sufre la mala justicia; no serán cosas técnicas las que se definan, será luego este trabajo, pero lo que tiene que haber es una sana voluntad de cambiar la justicia, no para beneficios personales o de grupo”.

En vista de la posibilidad de que la Cumbre acoja a varios sectores ciudadanos, Derpic enfatiza en que “es una buena cosa abrir, que participen todos los que saben y todos los que sufren (la actual justicia)”.

El docente universitario también interpela la formación de los futuros abogados y cómo hay una cultura de lucro en el medio, que se expresa en frases como “al pollo y al cliente hay que pelarlo en caliente, más fácil cuando está desesperado”. “Yo decía en mis clases, ‘cuando entre un cliente a su oficina, vean que está entrando una persona, no un billete, porque a veces vemos así, este es cien pesos, este otro mil dólares’; una persona que tiene un problema, que puede ser muy sencillo pero que le angustia”.   

Persiste el contraste entre jueces y procesos

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Carmen Del Río Quisbert, respondió la preguntas del suplemento.

— ¿Cómo está contribuyendo el Tribunal a la aplicación de los ‘Códigos Morales’?

— Desde hace más de un año los vocales, jueces y secretarios hemos sido parte activa de un proceso de capacitación continua en el nuevo sistema normativo procesal civil y de las familias, y del proceso familiar. 

— ¿Qué demanda al Gobierno para la mejor aplicación de los nuevos códigos?

— Si hacemos un cálculo aproximado entre la cantidad de jueces de materias Civil y Familiar, cada uno de los 64 jueces atienden, en promedio, 1.150 causas. Esa desproporción entre el número de jueces y causas nos dan las señales suficientes como para concluir que necesitamos más jueces, más personal de apoyo jurisdiccional pero, sobre todo, mayor infraestructura, tecnología, materiales y muebles. A pesar de las adversidades y la falta de un presupuesto adecuado, las y los jueces de esas dos materias han resuelto en promedio casi el 50% de las causas. Pero no podemos avanzar más porque las condiciones y limitaciones materiales nos lo impiden. No hay que perder de vista que el 2015 hemos atendido cerca de 300.000 causas, de las cuales 47% fueron resueltas, pero que han quedado como remanentes un 53%.

— ¿Qué propuestas prepara el tribunal de La Paz para la Cumbre de Justicia?

— Se va a trabajar en comisiones especializadas para elaborar un plan estratégico. Entre muchos otros, los dos temas eje que nos preocupan son la independencia económica para lograr una autonomía administrativa, para mejorar la asignación presupuestaria del Órgano Judicial que al momento no llega ni al 1%, cuando el promedio en los países de América Latina es del 3% al 4%. El otro tema álgido es la carga procesal desproporcionada que se acumuló en los últimos años, hasta sobrepasar los 850.000 en el ámbito nacional. Esto muestra la existencia de un crecimiento sostenido hasta el extremo de pensar que nuestra sociedad es cada vez más conflictiva y quiere resolver casi todos sus problemas en los tribunales.

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