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Estado-iglesia, la compleja convivencia

Capítulo del Estado laico: el cardenal Toribio Ticona y su significado, y una nueva relación con el Vaticano.

El presidente Evo Morales junto al papa Francisco en el Vaticano. Foto: ABI

El presidente Evo Morales junto al papa Francisco en el Vaticano en junio pasado. Foto: ABI

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos / La Paz

00:00 / 13 de julio de 2018

En la difícil relación que hasta ahora han tenido la Iglesia Católica y el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), en días recientes dos hechos han vuelto a replantear el tema: el nombramiento de monseñor Toribio Ticona como cardenal y el convenio entre el papa Francisco y el presidente Evo Morales para elaborar un nuevo “acuerdo marco” entre ambos Estados.  

Para la viceministra de Relaciones Exteriores, María del Carmen Almendras, en declaración a la estatal Patria Nueva, lo decidido con el Vaticano es la renovación “de sus relaciones en un nuevo acuerdo marco que se denomina ‘concordato’”. Y el único concordato —que es la forma de llamar a los tratados internacionales entre los Estados y la Santa Sede— es el del 29 de mayo de 1851, “desde entonces no se ha hablado de un nuevo acuerdo marco, con la seriedad con que se ha enfocado en esta visita del presidente Morales” al papa Francisco, señala Almendras.

Si bien es cierto que no hay más concordato que el de 1851, en los hechos, la relación entre la Iglesia y el Estado se fue regulando a través de notas reversales y los convenios marco: principalmente las notas de 1993 (ratificadas por ley de 1995, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada) y, ya en el tiempo del Estado Plurinacional) los convenios marco del 20 de agosto de 2009 y el de Educación, de noviembre de 2011.

Al respecto, la asesora legal de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Susana Linch, afirma que el concordato del siglo XIX “en realidad nunca entró en vigencia plena”; y precisa que el Convenio Marco de 2009 “es un acuerdo interno suscrito entre el Estado y la Conferencia, que renueva y actualiza otro convenio anterior que trataba los mismos temas: salud, educación y hogares, vale decir toda la obra social que la Iglesia Católica tiene en Bolivia”.

Convenio. El convenio de 2009 fue suscrito por cinco años, plazo que fue ampliado “y que queda vigente y sujeto al acuerdo o acuerdos que la Santa Sede y el Estado boliviano definan”, enfatiza Linch.

Una vez que el secretario general de la CEB, Aurelio Pesoa, dijo en el programa televisivo Pentágono que el Presidente no está informado sobre la negociación de las notas reversales que desde hace al menos un quinquenio llevan adelante la Cancillería y el Vaticano, la asesora Linch confirmó que “el diálogo iniciado entre ambos Estados tiene una data de aproximadamente cinco años, pero por razones diplomáticas no se entrará en mayores detalles”.

Aunque la viceministra Almendras aclara que “hubo acercamientos para suscribir nuevas notas reversales, esta es la primera vez que se ha hablado de conformar comisiones para encarar a la brevedad posible la negociación de este nuevo acuerdo marco”.

En las notas reversales de 1993 hay al menos tres hechos: la ratificación de la personalidad jurídica de la Iglesia Católica, su “plena capacidad para realizar los actos jurídicos vinculados a sus fines religiosos y de servicio social”; el reconocimiento del Estado del “derecho interno” que tiene la Iglesia Católica en cuanto a su organización y funcionamiento, el llamado “derecho canónico” y la reiteración de que para los fines tributarios la Iglesia recibirá “el mismo tratamiento que las leyes bolivianas otorgan a las personas colectivas que no persiguen fines de lucro”. El documento aclara además que “en materia del impuesto anual a la propiedad de vehículos, los que pertenecen a la Iglesia y sus organismos, reciben el mismo tratamiento que se da a las instituciones públicas”.

El Convenio Marco de 2009 con el Estado Plurinacional, en cambio, establece sobre todo los compromisos, tanto del Gobierno como de la Iglesia Católica, en lo relativo a la llamada “obra social” de la entidad, su trabajo en educación, salud y servicio social. No es para menos: según el sitio web www.iglesia.org.bo, a la fecha dichas obras llegan a 3.856.

En el convenio, el Gobierno se compromete a reconocer la obra educativa, de salud y de servicio social de la Iglesia y que ésta administre sus bienes según sus propias normas; que la dimensión religiosa, católica o de otras confesiones son una disciplina en el proceso educativo; que hay necesidad de asignar ítems a las obras educativas, de salud y hogares de la Iglesia; que respeta la exención de impuestos por la importación de insumos que usa la Iglesia en su obra social, y su derecho de formar “personal docente para la enseñanza de la Religión Católica”.

Compromiso. Por el lado de la Iglesia, ésta se compromete a respetar la “dimensión religiosa diversa” en la formación de las personas; profundizar su atención a los sectores más deprimidos; apoyar planes ministeriales en la búsqueda del “‘vivir bien’ integralmente, en el marco de la doctrina social de la Iglesia”; informar anualmente la cobertura de su atención en salud, educación y servicio social; usar los ítems presupuestarios que el Estado le asigna solo para los fines que le fueron otorgados.

El concordato tendría que incluir a las notas reversales de 1993 y el Convenio Marco de 2009. “Concordato es la palabra que se usa para hacer referencia a estos tratados, por la integralidad de los temas que aborda. (Lo que debemos hacer es) concentrarnos en la renovación de las relaciones integrales en un nuevo acuerdo marco”, apunta Almendras.

Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, remarca que el concordato es la adecuada combinación entre derecho internacional y derecho canónico (la norma que regula la estructura y procedimientos de la Iglesia Católica en el mundo).

Y claro, como dice Almendras, la base hoy es el “Estado laico, la pluralidad de confesiones que hay en la Constitución”. Aquí, lo que reclama la Iglesia es que el Estado debe ser laico, no “laicista”. En la Carta Pastoral, “Los católicos en la Bolivia de hoy: presencia de esperanza y compromiso” (2011), recuerda: “Encontramos una coincidencia de principios con la formulación de la Constitución: ‘El Estado es independiente de la religión’. El Estado no puede tener una religión oficial, más bien le incumbe garantizar el derecho a la libertad religiosa y crear una sana cooperación entre Estado e Iglesia”.

De hecho, apunta Núñez, fue la propia Iglesia Católica que antes de la Asamblea Constituyente (2006-2008) demandó el Estado laico. En “Los católicos en la Bolivia de hoy...”, la Iglesia le pide consecuencia al Estado, pues protesta que “se distorsiona el carácter ‘laico’ del Estado al fomentar y promover, desde éste, ritos ancestrales en actos públicos. Es una instrumentalización política de expresiones religiosas que no son propias de un Estado laico, en el cual no se debe instrumentalizar políticamente ningún signo religioso”.

Cardenal. En lo relativo al nombramiento del cardenal Toribio Ticona, las tensiones que se pueden identificar son tres: el significado simbólico de un obispo de origen indígena; la controversia Cardenal-Conferencia Episcopal, y la influencia que en realidad podrá ejercer el nuevo purpurado.

Justo en tiempos del Estado Plurinacional es significativo que surja, como dijo el Presidente en un tuit el día de la consagración, el “primer cardenal indígena y obrero de nuestra historia”; es más, el Mandatario ve un indicio político: “con su nombramiento, por el hermano Francisco, Papa de los pobres, nuestra Iglesia se acerca más a nuestro pueblo”.

Por su lado, la viceministra Almendras apunta que “este es el momento de regocijarnos por la nueva noticia, una reivindicación de lo que es una población mayoritaria en Bolivia, la indígena campesina originaria, que hoy día tiene a un cardenal que es de pueblo, de origen humilde, pero que va a desarrollar su labor pastoral seguramente como cualquier otro cardenal del mundo”.  

Al respecto, desde Jubileo Núñez insiste en que la designación hay que verla de otro modo: en el fondo, con Ticona lo que se reconoce es la labor social de la Iglesia. “No podemos entrar en un debate, hoy día, de que si es o no es indígena. Debería alegrarnos de tener a alguien en el que se reconoce la labor de la Iglesia con el servicio a los sectores sociales, antes que lo indígena”; y es que, remarcando el énfasis en lo indígena, se pierde de vista la obra y testimonio de muchos sacerdotes extranjeros igual o más comprometidos, como Luis Espinal, destaca. Y si el Gobierno reconoce lo mismo a Ticona Cardenal, “qué bien, es momento de reconocer esta labor de la Iglesia”, arriesga Núñez.

En cuanto a la desazón que hubo, especialmente en el Gobierno, cuando el cardenal Ticona evitó dar su opinión sobre la repostulación de Morales y en seguida la Conferencia emitió un comunicado diciendo que la única voz oficial de la Iglesia es la de la CEB, Núñez remarca que aunque la situación fuera tensionante, es lo más lógico e institucional que pudo pasar: la Iglesia Católica se expresa a través de sus documentos, los que elaboran los obispos en consenso; “es bueno entender que la palabra oficial de la Iglesia la da la colegialidad de los obispos; cuando la CEB ha dicho que el cardenal no es la palabra oficial de la Iglesia solo ha expresado lo que es su institucionalidad; él pueda dar su pensamiento personal, tiene todo el derecho, pero también debería estar en comunión con sus hermanos obispos, porque lo que él diga también influye en la población”, señala el director de Jubileo.

Y, finalmente, la incidencia del cardenal Ticona como una forma de acercamiento entre la Iglesia y el Gobierno. El primer dato es que habiendo superado los 75 años, el cargo cardenalicio de Ticona en realidad es honorífico, más bien de influencia moral antes que práctica.

“El obispo es el pastor de su territorio, hasta los 75 años; cuando los cumple, tiene que renunciar, no puede seguir, pierde todos sus cargos; ahí se convierte en ‘obispo emérito’, algo así como jubilado; algunos se retiran y otros siguen activos, trabajando, pero como un sacerdote más”, describe Juan Carlos Núñez la costumbre en la Iglesia Católica.

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