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Estrategia marítima: Política de Estado única y contundente

La decisión de Bolivia de iniciar una demanda judicial contra Chile en La Haya es una consecuencia a la dilación que los gobiernos de ese país propiciaron en la solución al conflicto marítimo. Hay suficientes razones para sustentar el proceso, respaldado en el derecho internacional sobre resolución pacífica de controversias.

La Razón / Juan Lanchipa Ponce

00:01 / 31 de marzo de 2013

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), dio el primer paso en la estructuración de la demanda marítima boliviana sobre la base del trabajo tesonero de un equipo nacional e internacional de expertos de primer nivel, que no ha escatimado esfuerzos para construir los argumentos y fundamentos jurídicos sustantivos y procesales con los que Bolivia acudirá a tribunales internacionales.

Producto de todo este proceso, se ha materializado la estrategia jurídica marítima, que es un componente de la política de Estado única y contundente, en el marco de la política exterior boliviana. La demanda se constituye en el principal instrumento de orden jurídico para reclamar el derecho a la reintegración marítima de nuestro país.      

Durante los casi dos años de existencia, la Diremar, conforme a las atribuciones conferidas por el Decreto Supremo 834, de 5 de abril de 2011, ha realizado un análisis profundo de todas las opciones jurídicas que posee Bolivia para acudir ante instancias internacionales, para determinar sus alcances. Esos análisis y resultados fueron compartidos con los miembros del Consejo Nacional de Reivindicación Marítima.

El diseño de la estrategia jurídica fue compartido por nuestro presidente Evo Morales Ayma con el Consejo Consultivo, integrado por los expresidentes y excancilleres de Bolivia, en la reunión convocada para el miércoles 20 de marzo, quienes de manera firme y contundente manifestaron su pleno respaldo y decidieron junto al Presidente del Estado que se constituya en una política de Estado. En esa misma línea, fue determinante y unánime el respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional de allanar y respaldar el procedimiento para acudir a la Corte Internacional de Justicia.

Este proceso conlleva la unidad indisoluble del pueblo boliviano en torno al derecho de nuestro país de retornar a las costas del océano Pacífico. En este contexto, la ciudadanía debe tener la certidumbre de que la elaboración de la demanda marítima ha sido preparada con la mayor responsabilidad y rigor académico, por lo que se cuenta con sólidos fundamentos y argumentos jurídicos. La sumatoria de todas estas acciones y esfuerzos ha logrado ser sintetizada en la política marítima que lleva adelante el Gobierno.

Diálogo abierto. En reiteradas oportunidades, el presidente Evo Morales  invitó a su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, para reencauzar la agenda bilateral de los 13 puntos, consensuada junto a la anterior administración de ese país. Sin embargo, lo único que recibió Bolivia fueron dilaciones, contradicciones y amenazas. Nuestro país históricamente ha mantenido una profunda vocación pacifista y de diálogo con Chile, pero por más de 130 años de intentos el Gobierno de ese país ha mantenido una actitud dilatoria y evasiva para tratar el tema marítimo.

Nuestras autoridades reiteraron constantemente que Bolivia no cerrará las puertas del diálogo si Chile manifiesta la misma voluntad para encontrar fórmulas que den a Bolivia un acceso soberano al mar. No obstante, el Gobierno chileno no mostró la misma voluntad para llegar a un acuerdo que resuelva el problema; se contradijo repetidas veces y finalmente llegó a negar que existan temas pendientes entre ambos países.

En el ámbito multilateral es sabido que Bolivia ha mantenido una estrategia consistente en obtener el apoyo de cada uno de los Estados americanos, habiendo logrado pronunciamientos unánimes de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo Andino, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y los Países No Alineados.

En los recientes años, el presidente Morales participó en una serie de eventos internacionales en los que ha denunciado a la comunidad internacional la injusta situación del enclaustramiento boliviano. Así, tenemos las recientes asambleas generales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la OEA, la Cumbre Celac-Unión Europea, la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz-España, las Cumbres del ASPA y ASA, para citar las más recientes.

En los escenarios internacionales y a nivel bilateral, Bolivia ha propuesto negociar con Chile de buena fe para encontrar una solución a su forzado encierro geográfico, que le permita su reintegración al océano Pacífico con soberanía. Sin embargo, desafortunadamente, Chile mantiene una política exterior dilatoria y evasiva, anclándose en el falso concepto de la intangibilidad de los tratados y negándose a allanar el camino para encontrar una solución definitiva que haga viable una salida útil, propia y soberana a las costas del océano Pacífico.

Es por ello que Bolivia ha decidido acudir a los tribunales internacionales  para presentar su demanda marítima, decisión que no contradice su voluntad de diálogo, pues se enmarca dentro de los mecanismos de solución pacífica de controversias internacionales.

Injusto Tratado de 1904. El Tratado de Paz y Amistad, firmado el 20 de octubre de 1904, es sin duda alguna un tratado injusto que fue impuesto a Bolivia luego de 20 años de asfixia comercial y la amenaza constante de una invasión a todo el territorio boliviano, que se evidenció expresamente en la carta enviada al Gobierno boliviano por el representante chileno en La Paz, Abraham Köning, el 13 de agosto de 1900, en la que sostenía que Bolivia no tenía derecho ni siquiera a un puerto, ya que la victoria les otorgaba el derecho de imponer sus condiciones, motivo por el cual su país ya no podía esperar más, señalando al efecto que el poderío militar de Chile se habría centuplicado.

La firma y el contenido del Tratado de 1904 le fue impuesta aceptar a Bolivia en un acto de injusticia que no tiene precedentes y que en reiteradas oportunidades es incumplido por Chile. Es la marca que describe la herida de un país que se constituye en el único Estado en el mundo que perdió su acceso soberano al mar a causa de una invasión militar.

Al respecto, puedo recoger las palabras de Eduardo Díez de Medina, excanciller boliviano, que dijo: “En esta forma nació el pacto de 1904, viciado en su origen porque no respondió a un espíritu de justicia ni consultó los derechos de la nación. Fue realmente suscrito 20 años después de la guerra, esto mismo demuestra que el vencedor se obstinó en imponer una paz injusta”. Con ello, el país quedó en el enclaustramiento, sin una vía de conexión directa con el mundo.

Para Bolivia, perder su salida al mar implicó un significativo desmedro en su progreso y desarrollo, y con el paso de los años los costos del enclaustramiento marítimo se han incrementado, llegando a incidir negativamente en su crecimiento en aproximadamente 1,5% del Producto Interno bruto (PIB) anual, como lo señaló el presidente Evo Morales en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), el 28 de enero de 2013 en Santiago.

Bolivia, en diferentes épocas, gobiernos y escenarios, ha buscado incansablemente retornar a las costas del mar a través de medios pacíficos, como la negociación bilateral. Sin embargo, pese a su férrea voluntad no ha podido alcanzar este objetivo. Es por ello que el 23 de marzo del presente año, consciente de la política dilatoria y evasiva del Gobierno chileno, el presidente Morales tomó la determinación de iniciar las acciones legales correspondientes ante los tribunales internacionales para resolver la mencionada controversia con Chile, a través de mecanismos de arreglo pacífico previstos por el derecho internacional.

La decisión y el fundamento jurídico internacional

La base legal del trabajo de Diremar se encuentra fundamentada en el artículo 267 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que establece: “I. El Estado Boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo. II La solución efectiva al diferendo marítimo a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio constituyen objetivos permanentes e irrenunciables del Estado boliviano”.

El artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas establece cuáles son los mecanismos de solución pacífica de controversias internacionales puestas a disposición de los Estados, a fin de obtener la solución de aquellas controversias que puedan poner en peligro las pacíficas relaciones entre los países. En este entendido, el referido artículo señala que “las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su solución”.

Además, la decisión boliviana de acudir a los tribunales internacionales se encuentra amparada en lo dispuesto por la Resolución 37/10, de 15 de noviembre de 1982, también conocida como la Declaración de Manila, cuya parte II, artículo 5 dispone que “el recurso al arreglo de controversias jurídicas, en particular, su remisión a la Corte Internacional de Justicia, no deberá ser considerado un acto inamistoso entre Estados”.    

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