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Ética y compromiso con los derechos humanos

La derecha boliviana quisiera que el Defensor sea un profesional con muchos títulos, mientras que nosotros queremos un Defensor de la talla de Luis Espinal, aunque tal vez ésta sea una aspiración imposible de lograr.

La Razón (Edición Impresa) / Sonia Brito

00:01 / 18 de abril de 2016

La Defensoría del Pueblo es una entidad que tiene por objeto velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales de derechos humanos que ha suscrito nuestro Estado. También debe promover la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades urbanas e interculturales, y de los bolivianos/as en el exterior.

La cobertura del Defensor alcanza al sector público, es decir, a todo el Estado, incluyendo a la actividad de las instituciones privadas que prestan servicios públicos. Por tanto, los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, el Ejército, Policía, gobernaciones, alcaldías, etc. se encuentran sometidas a la vigilancia del Defensor del Pueblo.

Esta labor no solo se enmarca en los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino en el conjunto de derechos ya no solo individuales, civiles y políticos, sino también derechos colectivos, económicos, sociales y culturales (DESC); sean para las mujeres, los pueblos indígenas, los niños, la juventud, los migrantes, los privados de libertad, los refugiados, los usuarios y consumidores, entre otros. Es más, se ha desarrollado una amplia gama de nuevas generaciones de derechos, como los derechos de los pueblos, del medio ambiente, de los animales. Incluso Bolivia ha irradiado al mundo un nuevo derecho: “los derechos de la Madre Tierra”.

En la actualidad, existe un debate internacional sobre si solo es el Estado el que vulnera los derechos humanos, considerándose también a los organismos y consorcios económicos nacionales e internacionales como potenciales vulneradores de dichos derechos. Incluso, se encuentra en debate si toda “relación de poder” pública y/o privada es potencialmente generadora de la vulneración de derechos; es decir que todo “sector de poder” podría violar derechos de los/las que se encuentran en condición de sometimiento. Son debates aún en mesa, más cuando la dinámica de la emergencia de nuevos derechos es permanente y los instrumentos internacionales tienen que ir adecuando la normativa.

No obstante que los derechos humanos son universales e interdependientes, o sea, que todos tienen la misma jerarquía y se encuentran concatenados, las tendencias políticas conservadoras privilegian los derechos individuales, fundamentalmente para interpelar a los gobiernos progresistas y revolucionarios que han privilegiado los derechos colectivos, frente a una posible postergación de derechos individuales.

En América Latina y Bolivia, los derechos humanos se encuentran muy ligados a la lucha por las reivindicaciones de los movimientos sociales y los pueblos que sufrieron el abuso del poder de gobiernos dictatoriales y/o neoliberales; de ahí que les valió el nombre de “izquierdos humanos”, debido a la interpelación de las organizaciones de Derechos Humanos a la derecha y a sus grupos de poder, que desde el Estado violaban los derechos humanos de las grandes mayorías. De ahí que históricamente la lucha y la defensa de los derechos humanos estuvo íntimamente ligada a la lucha de los desposeídos, explotados y oprimidos.

Desde su creación, nuestra experiencia como país con tres Defensores del Pueblo titulares, nos demuestra que en la selección de los mismos se privilegió a personalidades con alta sensibilidad social y compromiso con los sectores desprotegidos. Ana María Romero de Campero se manifestó como una periodista que no le temió a las dictaduras ni al poder de los gobiernos neoliberales cuando salió en defensa del movimiento cocalero, cuando era masacrado por las políticas norteamericanas antidrogas, conculcadoras de los derechos humanos. Posteriormente, Waldo Albarracín y Rolando Villena salieron de las filas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB); el primero fue secuestrado y torturado por los altos mandos policiales que habían sido denunciados por la vulneración de derechos humanos; participó de una larga trayectoria de defensa de los derechos de movimientos sociales y populares. También hubo otros defensores(as) interinos con perfiles más técnicos e institucionales.

Es indudable que las condiciones históricas y políticas del país y de América Latina han cambiado, con la irrupción de los movimientos sociales y populares, quienes han erigido presidentes populares en el poder y que desde los gobiernos han transformado las condiciones de opresión y, por tanto, han mejorado ostensiblemente la situación de derechos humanos de las grandes mayorías.

Estos cambios lograron que en Bolivia se constitucionalice un conjunto de derechos humanos, y la Constitución sea un compendio de derechos anteriormente no reconocidos; asimismo, al disminuir los índices de pobreza se mejoró las condiciones de vida de muchos sectores antiguamente postergados, y por primera vez se han implementado Planes Nacionales de Derechos Humanos, además de haberse transversalizado un enfoque de derechos humanos en el Plan Nacional de Desarrollo; esto, simultáneamente a la promulgación de un conjunto de  leyes en favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, las mujeres, los adultos mayores, los niños y las familias, entre otros.

Si bien la Defensoría del Pueblo es una institución con autonomía funcional, financiera y administrativa y no recibe instrucciones de los órganos del Estado, la credibilidad y el carácter moral de esta institución es muy importante, ya que entre sus atribuciones está la de interponer acciones de Inconstitucionalidad, de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular, de Cumplimiento y el recurso directo de nulidad, sin necesidad de mandato, cuando, como resultado de su investigación, encuentre vulneración de derechos humanos.

Sin embargo, también es su responsabilidad presentar proyectos de ley, decretos y resoluciones no judiciales en el ámbito de su competencia, además de coadyuvar a la promoción y vigencia de los derechos humanos; su rol no solo es vigilar al Estado para el cumplimiento de los derechos, sino también apoyar y coadyuvar las políticas públicas en favor de los derechos humanos de la sociedad boliviana, en el marco de la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.

Por eso, la selección del nuevo Defensor o Defensora, debe ser implementada en el marco de la Constitución, sin restricciones que sean violatorias a los propios derechos humanos, con la apertura y amplitud suficiente, donde nadie se sienta discriminado(a). El Perfil deseable para la nueva autoridad, es de una persona con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, con sensibilidad social ante la injusticia y la violación de derechos, con el equilibrio suficiente de no caer en el proteccionismo a las autoridades que vulneren derechos, pero también sin dejarse tentar de asumir un rol político de oposición a todo lo que hace el Gobierno. De ahí que difícilmente este perfil puede venir solo de un ámbito académico, porque la defensa de los derechos humanos no se hace desde el escritorio, sino desde el profundo conocimiento del dolor y el sufrimiento del pueblo sencillo que sufre la violación de sus derechos.

La derecha boliviana quisiera que el defensor sea un profesional con muchos títulos, mientras que nosotros queremos un Defensor de la talla de Luis Espinal, aunque tal vez ésta sea una aspiración imposible de lograr.

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