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Evo Morales y los incentivos a las petroleras

Lo que ocurre es que ante la caída de las reservas y ante la inoperancia de una corporación como YPFB, sin destino claro y golpeada por sucesivas denuncias de corrupción, el Gobierno se ha visto obligado a negociar con las empresas transnacionales que operan en Bolivia este tercer incentivo.

La Razón (Edición Impresa) / Samuel Doria Medina

00:01 / 16 de noviembre de 2015

El diccionario define la palabra “incentivar” como “estímulo” o “premio”. Y a la luz de los hechos, es más que seguro que hoy las empresas transnacionales que operan en Bolivia encuentran que la nacionalización fue en el fondo un proceso “estimulante”. El gobierno de Evo Morales ha ido modificando la nacionalización a través de sucesivos decretos que en el fondo han sido normas que instituyeron premios a las empresas que explotan hidrocarburos en el país.

Con razón el analista Francesco Zaratti advertía en 2012 que las transnacionales y la comunidad internacional terminaron por darse cuenta de que al final del día, Evo el nacionalizador, era en el fondo “un gentleman” que después de la grandilocuencia de sus discursos nacionalizadores, retribuía a las transnacionales con algunas delicadezas escritas en forma de decretos supremos.

Primero fue el Decreto Supremo 1202 de Incentivo a la Producción de Hidrocarburos, del 18 de abril de 2012. Esta norma tenía la finalidad de incentivar la búsqueda y desarrollo de petróleo crudo, que el Estado pagaría con la emisión de Notas de Crédito Fiscales Negociables (Nocres). El monto de este “regalito” para las transnacionales —señalaba en ese entonces Zaratti— sumaba unos 50 millones de dólares al año. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de entonces, Carlos Villegas, hacía cálculos optimistas y decía que a partir de la aprobación del decreto 1202  “estamos pensando para 2014 producir unos 6.000 barriles día (de crudo)”. Evidentemente, las empresas tomaron el premio, pero no cumplieron la meta. De acuerdo con los reportes de YPFB, a enero de 2015, la producción era de unos 4.100 barriles diarios.

Un segundo incentivo fue el Decreto Supremo 2366, del 20 de mayo de 2015, que permite la explotación petrolera en las 22 áreas protegidas de Bolivia. De nada valieron las quejas de las  organizaciones medioambientalistas ni de los pueblos y comunidades indígenas por sus territorios. El gobierno de Evo Morales, mientras en los foros internacionales exaltaba los derechos de la Pachamama, dentro del país accedía a las presiones de las empresas transnacionales y las premiaba, permitiéndoles explorar y explotar en áreas “más seguras”. La presidenta de la Cámara de Hidrocarburos y Energía (CBHE), Claudia Cronembold, dijo en ese entonces que “el decreto 2366 era un primer paso para aprobar la ley de incentivos ya que se reducen los riesgos y delimitan mejor las responsabilidades de las empresas”.

El último premio (por ahora) es el Proyecto de Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, remitido el 28 de octubre a la Cámara de Diputados. Este nuevo incentivo fue ofrecido a las petroleras por el vicepresidente Álvaro García Linera en un Congreso de Hidrocarburos el año 2013. Por entonces, la realidad del sector era otra: el precio del crudo sobrepasaba los 100 dólares el barril.

La diferencia de este último “incentivo” es que esta vez el gobierno de Evo Morales es más audaz y los premios son más contundentes en los montos y en el tiempo, así como también en su intento de confiscar recursos a las gobernaciones, a las alcaldías y a las universidades. Este proyecto de ley, como está escrito, vulnera el artículo 362 de la Constitución Política del Estado, porque amplía los contratos de servicios (los únicos autorizados por la CPE) a otro tipo de contratos que en la redacción son descritos como simples “modalidades” de contratos.

En lo estrictamente monetario, el incentivo será de entre 30 a 50 dólares el barril en campos tradicionales, y de 35 a 55 dólares el barril en campos no tradicionales. Y el plazo de aplicación del incentivo llegará hasta los 30 años.¿De dónde saldrá el dinero para estos incentivos? Del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del que ahora se benefician las regiones, las alcaldías y las universidades. Este proyecto de ley tiende a hacer realidad un viejo sueño del gobierno de Evo Morales: recortar el IDH a las regiones. Ya lo intentó, pero ahora se siente capaz de hacerlo con el rodillo de los 2/3 en el Legislativo y el apoyo de ciertas élites empresariales.

Nosotros como oposición hemos hecho varias propuestas para evitar que el país se quede sin reservas gasíferas. Pero nuestras propuestas no buscan confiscar los recursos de las regiones y de las universidades. Creemos que una vez que se crean derechos, el Estado no debe inventar coartadas para confiscar o recortar esos derechos, menos si es en beneficio de empresas transnacionales premiadas por tercera vez consecutiva, sin cumplir las metas ofrecidas.

Lo que ocurre es que ante la caída de las reservas y ante la inoperancia de una corporación como YPFB, sin destino claro y golpeada por sucesivas denuncias de corrupción, el Gobierno se ha visto obligado a negociar con las empresas transnacionales que operan en Bolivia este tercer incentivo. Pero el Gobierno carece del conocimiento, el realismo y la humildad para reconocer que no tiene en YPFB Corporación un instrumento ni medianamente idóneo para negociar en serio y en igualdad de condiciones y conocimientos con los monstruos petroleros. Y por eso improvisa, insulta y después accede. Es el precio de no saber que no sabe.

Está pasando lo que ya alertamos (aunque fuimos atacados y satanizados por la propaganda oficialista): que se necesita inversión en el área hidrocarburífera, pero con una política estratégica seria, realista y de largo plazo. No se puede improvisar a partir de los eslóganes, tratando de dar soluciones coyunturales, saltando de incentivo en incentivo, a ciegas, con ignorancia y sin capacidad de decir la verdad. Y peor si además se afectan los presupuestos de las regiones.

La oposición, desde luego, resistirá trazando la línea estratégica que el país finalmente seguirá, porque la mala fe y la negligencia no van a ser eternas. Sostendremos el debate para alertar sobre el contenido confiscatorio y miope de este proyecto de ley. Tenemos que asegurarles a las regiones y a los estudiantes universitarios que los beneficios que lograron con la actual distribución del IDH se mantendrán; y al país, que hay un norte, alejado de los tambaleos entre la retórica estridente del Gobierno y su práctica insegura con las petroleras. Será una tarea compleja por la fuerza del rodillo masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero contaremos con el respaldo ciudadano y la necesaria cobertura de la prensa. Es un debate que empieza, pero en el que finalmente prevaleceremos, con el país a nuestro lado.

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