Animal Político

Extractivismos y corrupción

Los extractivismos casi siempre generan efectos ambientales, territoriales y sociales, tan pero tan graves que la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y consecuencias, y para lograr la asistencia del Estado en imponerlos.

La Razón (Edición Impresa) / Eduardo Gudynas

00:00 / 25 de abril de 2016

El gerente y el senador. En su oficina, en Santiago de Chile, el gerente general de la empresa minera escribió el correo electrónico hacia la medianoche. Su destinatario era un importante senador en la coalición de gobierno, pero además un amigo de la casa. Tan amigo que unos días antes le había enviado el borrador confidencial de una nueva ley de regalías mineras que el Gobierno estaba preparando. Ese primer proyecto apuntaba a elevar los tributos sobre la minería para obtener fondos que ayudaran a revertir los daños del terremoto de 2010.

Para las empresas mineras, como para cualquier otro emprendimiento extractivista, subirles los impuestos significaba reducir sus ganancias. Por ello, el gerente preparó aquel email presionando por cambios, y para ser más claro adjuntó su propio borrador sobre cómo debería ser el articulado de la futura ley.

Ahora sabemos que los argumentos del empresario fueron tan persuasivos que la ley finalmente votada en Chile tiene secciones idénticas a las del borrador enviado aquella noche. Esto permitió que su compañía y otras empresas consiguieran exoneraciones muy jugosas. Además, aquel senador se transformó en poco tiempo en Ministro de Economía.

Los actores en esta historia de 2010 son el gerente general de la minera chilena SQM (Soquimich), Patricio Contesse, y el senador, ministro y líder político de la UDI (Unión Demócrata Independiente), Pablo Longueira. Por si fuera poco, también se encontró que desde la empresa SQM se pagaba a muchos políticos de varios partidos. Entre ellos, hay documentos que mostrarían que Longueira recibió entre 2009 y 2014 al menos 730 millones de pesos chilenos por medio de intermediarios. A la cotización actual estamos hablando de más de 1 millón de dólares en comisiones y pagos irregulares. 

Estamos frente a un ejemplo de corrupción en los extractivismos, donde hay empresas que reciben información privilegiada sobre posibles medidas que les afectarían y que pueden influenciar en los tomadores de decisiones para revertirlas y beneficiarse todavía más. El problema es que se vienen apilando otros casos de corrupción alrededor de distintos extractivismos en todos los países.

Ejemplos de una íntima relación. En efecto, se está sumando evidencia de múltiples circunstancias en que los extractivismos, sean mineros, petroleros o agropecuarios, aparecen ligados a distintos tipos de corrupción. Es que ese tipo de apropiación de recursos naturales casi siempre genera efectos ambientales, territoriales y sociales, tan pero tan graves que la corrupción es necesaria al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y consecuencias, y para lograr la asistencia  del Estado en imponerlos.

En unos casos, la corrupción está en obtener la concesión de un yacimiento o en contar con una autorización ambiental; en otros, en evitar controles adecuados o en ocultar la contaminación y sus efectos en la salud. Hay casos en que la corrupción ampara la criminalización de la resistencia ciudadana. Actúa además en obtener ventajas económicas o  en esconder el desvío de capitales. 

Por cierto, no todos los emprendimientos extractivos se sostienen en la corrupción. Pero también es cierto que hay casos de corrupción en todas las variedades de extractivismos. Posiblemente, el más conocido ocurrió en el sector de los hidrocarburos, alrededor de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Por un lado, las irregularidades se extendieron a otras empresas, especialmente las grandes constructoras y, por otro, a políticos de muy distintos partidos. Pero también hay ejemplos en emprendimientos mineros y agropecuarios.

No solo están involucradas las clásicas empresas privadas, sino también las compañías estatales. Entre las privadas posiblemente la corrupción en el caso Texaco-Chevron en Ecuador sea una de las más escandalosas, por su herencia de daño ambiental. Pero en todas las petroleras estatales sudamericanas se pueden señalar casos de corrupción o se están investigando denuncias. Éstas van desde los sobornos para conseguir contratos en Ecopetrol de Colombia, a las acciones contra gerentes y directores de PDVSA en Venezuela, pasando por las alarmas ante contratos de explotación o remodelaciones en PetroEcuador, hasta llegar a las conocidas investigaciones en YPFB.

Por lo tanto, la propiedad estatal de un medio de producción no asegura por sí misma la inmunidad ante la corrupción. Es que los gerentes de esas empresas y sus responsables políticos están también bajo presiones por lograr alta rentabilidad, o bien encuentran allí canales para financiar campañas políticas.

Algunos analistas van más lejos, considerando que existen varios casos de una “nueva” corrupción donde los implicados sostienen que obtenían dinero irregularmente pero que sólo una parte era para su beneficio, mientras que el resto alimentaba la “caja” del partido político. Es difícil establecer cuán nueva es esta variedad, ya que existen antecedentes de larga data (recordemos el triste “robo para la corona” que ocurría bajo la administración de Carlos Menem en Argentina).

Ningún país está a salvo de estos problemas. Si bien los medios ahora se enfocan en Argentina, Brasil o Venezuela, en todas las demás naciones se repite el problema. Incluso en Chile y Uruguay, que son las naciones con los más bajos indicadores de percepción de corrupción, padecen del problema. El caso de la minera SQM y otros demuestra su presencia en   Chile. En Uruguay, la estatal petrolera ANCAP fue objeto de una investigación parlamentaria que desembocará en denuncias en la justicia. Allí se encontró, por ejemplo, que un gerente contrataba a una empresa de exploración que en realidad controlaba. 

La corrupción en los extractivismos afecta a todo el espectro político, sean gobiernos conservadores como progresistas. El caso chileno ocurrió bajo la administración Piñera, y las investigaciones actuales en Brasil apuntan a Lula y Dilma; se repitió en la Colombia de Santos como en el Uruguay de Pepe Mujica.

Todo esto muestra que los extractivismos ejercen tales presiones que terminan por imponer prácticas y canales de corrupción bajo diferentes formatos de propiedad y gestión empresarial, y bajo distintos contextos político partidarios. Sin duda, los progresismos actuales son los más afectados, ya que las izquierdas que los originaron enarbolaban las banderas de una lucha decidida contra la corrupción. Pero ahora parecería que la asumen como un mal endémico que no podrán revertir.

La corrupción alrededor de los extractivismos ataca a niveles todavía más profundos que las ideologías de partidos políticos, erosionando las bases culturales. Aprovechan condiciones de pobreza, ambiciones personales o sueños revolucionarios; se articulan con ideas tradicionales de la propina: reciprocar favores o aceptar un mal que se estima menor a cambio de avanzar a una meta que se percibe como mucho mayor.

Tan profundamente ha calado que ha alcanzado a los mundos de los pueblos indígenas, los que de  alguna manera se mantenían como una reserva moral. Lo ocurrido en el Fondo Indígena de Bolivia es un ejemplo trágico. No es que no hubieran casos de corrupción aislados y personalizados entre indígenas, pero en general sus organizaciones, como colectivos, no participaban de redes corrupción y las combatían a su manera.

Pero con el surgimiento de algunos líderes proextractivistas no solo se dividieron esas organizaciones, sino que su adhesión a ese tipo de desarrollo abrió las puertas a otros males, y algunos de ellos sucumbieron a la corrupción. Abrazar los extractivismos, más allá de las intenciones, termina siempre en una lógica utilitarista y mercantil obsesionada con el dinero, y ubicada por encima de cualquier otro saber o sensibilidad. En cambio, modos de sentir o pensar como los de Pachamama o Buen Vivir no solo son una barrera contra los extractivismos depredadores, sino también contra la corrupción.

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