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Extractivismos y sostenibilidad en Sudamérica

El extractivismo clásico ha evolucionado hacia lo que ahora se denomina ‘neoextractivismo’ o ‘extractivismo progresista’, cuando el Estado es protagonista, estableciendo mayores niveles de control, recogiendo parte de los beneficios y destinándolos a políticas públicas de diverso orden.

La Razón (Edición Impresa) / Juan Pablo Chumacero

00:01 / 13 de septiembre de 2015

Se debe entender al extractivismo como la obtención de grandes cantidades de recursos naturales, materias primas, nutrientes y una diversidad de otros bienes de los territorios, para la exportación y sin procesamiento alguno. La noción tiene una gran amplitud, abarca diferentes recursos, sujetos y modos. De ahí que al hablar de industrias extractivas se refiriera a la minería, hidrocarburos y áridos, pero también a la explotación de recursos naturales, forestales y otros no renovables; además de la agricultura extensiva para la exportación, también denominada agroindustria y asociada con grandes capitales privados, el uso de pesticidas, agroquímicos y una práctica extendida de deforestación.

La historia de Sudamérica, desde el siglo XV, ha estado marcada por el extractivismo, por su rol en la economía mundial como proveedora de materias primas para el mercado global y por las luchas de los pueblos para superar su situación de fuerza de trabajo.

Salvo las políticas de sustitución de importaciones del siglo XX, los países sudamericanos no han podido sustraerse de esta imposición histórica y geopolítica, y más bien se ha consolidado en la época neoliberal.

En las últimas décadas y con la aparición de gobiernos de izquierda se han generado grandes expectativas sobre el cuestionamiento a la distribución de los roles mundiales respecto al uso y explotación de la naturaleza, y a la promoción de políticas públicas tendientes a superar el rol primario exportador de los países sudamericanos.

No obstante y aún con los discursos sobre la Madre Tierra, no hay resultados visibles. El tipo de relaciones productivas que se sustentan en nuestros países, independientemente del tipo de gobierno (neoliberales, liberales, conservadores, de izquierda o populares), no se encuentran diferencias. La dependencia de la explotación de materias primas en la región se ha agudizado críticamente. Nuestros recursos naturales son, de manera creciente, entregados a las economías de las transnacionales, dejando muy poco valor agregado como beneficio. 

En Sudamérica, entre 2001 y 2013, las exportaciones de bienes primarios aumentaron en 264%, mientras que las de bienes manufacturados crecieron solo en 166%. Si hace 15 años, por cada dólar obtenido por exportar manufactura se tenía 2,5 dólares por exportar materias primas; para 2013, la misma relación era ya de 3,4 dólares, reflejando la desproporcionalidad en el crecimiento de ambos rubros y el enfoque extractivista promovido en la región. Es más, en 2013, solo tres países tenían una estructura de exportación de bienes en la que los bienes primarios fueran menores al 80%: Argentina, Brasil y Uruguay. El resto tenía porcentajes superiores, destacándose Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela, con cifras superiores al 90% (magnitudes calculadas en base a datos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe).

Siguiendo a Edgardo Lander, el extractivismo tradicional o clásico ha evolucionado hacia lo que ahora se denomina neoextractivismo o extractivismo progresista, cuando el Estado ha tomado un rol protagónico, estableciendo mayores niveles de control, recogiendo parte de los beneficios y destinándolos a políticas públicas de diverso orden: inversión pública, carreteras, servicios de educación y salud, bonos sociales, respondiendo mínimamente a las demandas de la población y generando, en algunos casos, ciertos niveles de legitimidad que permiten réditos electorales en el corto y mediano plazo.

Sin embargo, aunque se afirme lo contrario, este nuevo extractivismo es una continuidad y profundización del anterior. Se mantiene la primacía del patrón productivo primario exportador, los costos ambientales son mayores, los efectos en cuanto a desplazamiento de comunidades campesinas y pueblos indígenas son cada vez peores e, incluso, se ha agravado la dependencia respecto a la importación de alimentos —ya que los monocultivos de exportación reemplazan la producción tradicional de productos destinados al consumo interno.

La forma de justificar este neoextractivismo es que debiera entenderse como una especie de “extractivismo en transición” que permitiría mejorar las condiciones de vida de la población y crear las condiciones necesarias para dar un salto radical en la estructura de las economías nacionales hacia patrones productivos industrializados.

Pese a las explicaciones, en la práctica —tal como lo reflejan las cifras anteriormente citadas— esta transición es difícil de lograr. Lo que sucede es que, como plantea Lander, en la medida en que las sociedades y las economías se hacen más dependientes del extractivismo, las estructuras estatales, el modelo de sociedad, el diseño de la economía e incluso los imaginarios culturales y colectivos se acomodan al extractivis- mo, y luego esto no puede ser revertido. Venezuela es un ejemplo de la enorme trampa en la que el rentismo y el extractivismo han metido a su sociedad, varios países de la región siguen sus pasos.

Un primer paso para salir de este modelo extractivo es asumir que los recursos naturales tienen una determinada dimensión, no son interminables y que su extracción tiene severos costos económicos, sociales y ambientales. Comprendiendo esto, no podemos seguir entendiendo al crecimiento económico como el logro principal de las economías nacionales. Como plantea Alberto Acosta, se debe planificar procesos de decrecimiento del extractivismo y, claro, fortalecer realmente otras actividades productivas, evitando afectar y deteriorar más la naturaleza.

Las lecciones las dan los pueblos indígenas y comunidades campesinas que a lo largo de su historia han desarrollado prácticas extractivas en sus territorios (recolección, caza, pesca, etcétera), adaptadas a la capacidad de reposición de la naturaleza, permitiéndoles satisfacer sus necesidades de forma sostenible.

La mesa “Extractivismos, población rural y sostenibilidad en Sudamérica”, a desarrollarse en el Tercer Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural (ciudad de La Paz, 23 y el 24 de septiembre de 2015), intentará profundizar este debate con tres expertos en el tema: Sarela Paz, boliviana, experta en antropología social, derechos colectivos, autonomías indígenas, dinámicas de territorio y poder y conflictos ambientales; Milson Betancourt, colombiano, especialista en tierra y territorio, comunidades indígenas y campesinas, desarrollo rural, procesos de transformación socio-espacial en territorios rurales, conflictos territoriales y medioambientales, y Mirta Antonelli, argentina, experta en extractivismo, minería, reconfiguraciones territoriales, derechos humanos y de la naturaleza, y violencias del neoextractivismo.

Este espacio servirá para actualizar el debate y hacer visibles a todos los sujetos  que están disputando el acceso a los recursos naturales y qué nociones de actividades extractivas pueden rescatarse para no reproducir al extractivismo como un modelo de desarrollo.

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