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Falta continuidad en la Agenda 2025

Hay temas estructurales pendientes  que no fueron incluidos en la Agenda 2025, que el Gobierno ofertó para un próximo mandato.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano Cruz es periodista.

00:00 / 19 de febrero de 2017

Si bien están pendientes de aprobación 59 leyes, de 99 que el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) se comprometió a dar curso en la campaña electoral de 2009 para poner en vigencia plena la Constitución Política del Estado (CPE), en el horizonte de la Agenda Patriótica 2025 no se avizora que se dé continuidad al tratamiento de las mismas. ¿Desconexión con la Carta Magna?, ¿cambio de prioridades? Lo cierto es que en el ya anunciado programa de gobierno del partido en funciones (la Agenda 2025) no hay un listado de normas que sean prioritarias.

El diputado Javier Zavaleta (MAS) explica que ello se debe a que dicha agenda no es eminentemente normativa-jurídica, sino más bien prioriza proyectos y programas de desarrollo, por lo que no hay un compromiso propiamente en materia legislativa. Pero, además, considera que con las normas aprobadas (40) ya se cumplió gran parte de la promesa asumida en su momento.

El analista en materia constitucional Iván Bascopé coincide en que el programa gubernamental 2025 no prioriza la aprobación de normas, sino que da preferencia a políticas públicas en materia económica, explotación de recursos naturales (minería y gas), ampliación de la frontera agrícola, entre otros, que no necesariamente van acompañadas de paquetes legislativos.

“Lo que queremos es que el Gobierno nos diga esto quiero hacer y aquí está la ley para que la gente conozca la misma”, afirma y cuestiona que, al contrario, el Ejecutivo lance primero sus políticas públicas y luego recién busque acomodarlas con la ley correspondiente.

En su criterio, las prioridades de la administración gubernamental cambiaron no solo con respecto a las propuestas pendientes, sino a las normativas que ya fueron aprobadas, por lo que al Gobierno tampoco le interesa cambiarlas para mejorarlas.

En cuanto a las normas que no son de interés del Ejecutivo, Bascopé pone como ejemplo las del área de medio ambiente, pues ellas pueden ir en contra de sus políticas en materia de desarrollo energético. En cuanto al ordenamiento legal que amerita modificar porque ya está caduco mencionó la Ley de Régimen Electoral 026 porque no permite avanzar en otro modelo de democracia.

Zavaleta considera que si bien las prioridades de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo son otras, hay leyes a las que sí deberían darse curso, como por ejemplo la de los órganos Ejecutivo y Legislativo, la de Hidrocarburos o la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), así como un Código Laboral y una norma que ponga en vigencia el sistema universal de salud (tal como fue el compromiso no solo de la campaña electoral de 2009, sino también de la de 2014).

Observa que las mismas no fueron aprobadas en su momento porque hubo un cambio de prioridades en el Ejecutivo, órgano motor de esos planteamientos, lo que se vio reflejado en el Legislativo. “Hay otras leyes que se están priorizando por encima de aquellas que planificaron en 2009, ésa es una razón de este cambio de prioridades, de agenda”, manifiesta. A ello se suma, dice, el cambio de actores, es decir, ministros, senadores y diputados que en su momento diseñaron las propuestas de ley que iban a poner en vigencia la Carta Magna.

En su criterio, urge aprobar las normativas pendientes hasta 2019 porque en esa gestión el país ingresará en una etapa de campaña electoral y las leyes faltantes pueden generar vacíos en la funcionalidad del Estado, pero además pueden ser utilizadas políticamente.

Bascopé también apunta la necesidad de aprobar las leyes pendientes, sean declarativas, orgánicas, funcionales y estratégicas para poner en plena vigencia la ley madre del país y para el funcionamiento del Estado Plurinacional.

“Eso ayudaría en el andamiaje del país, pero la lectura de los parlamentarios no es la misma porque los proyectos de ley no vienen de ellos mismos, no las hacen en sus comisiones, llegan con el mandato del Presidente, del Órgano Ejecutivo”, critica.

En su criterio, al momento las leyes aprobadas son de tipo declarativo, es decir, que permiten el reconocimiento de derechos, pero deben ir acompañadas de normativa de tipo estratégico o institucional.

Entre las denominadas leyes estratégicas que deben recibir el visto bueno menciona las de medio ambiente, así como una Ley de Consulta Previa, que no está en agenda.

La diputada Lourdes Millares (Unidad Demócrata) también observa que temas estructurales, como salud y educación, aún no fueron resueltos y ameritan la aprobación de legislación específica. “No se cumplen temas como el del agua, que es un derecho fundamental, igual que la salud, inherente a la condición del ser humano, pero todas estas temáticas están en la letra muerta y no son efectivas todavía”, expresa.

No obstante, coincide en que debe haber reformas a las leyes estructurales (previstas en la Constitución), como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización para que los gobiernos regionales, locales e indígenas reciban los recursos necesarios para el desarrollo de sus obligaciones y competencias. Considera, además, que las leyes vigentes deben aplicarse “a partir de una efectiva voluntad política de las instancias llamadas por ley”, es decir, el Órgano Ejecutivo.

Más allá de la aprobación de las normas faltantes, Millares sostiene que mientras el MAS esté en el gobierno, la Carta Magna continuará siendo vulnerada en cuanto al respeto de los derechos humanos y de pluralidad política.

Más radical, la experta en materia constitucional Marcela Martínez considera que mientras las propias autoridades vulneren la Constitución Política del Estado ninguna otra ley funcionará. “Son las propias autoridades las que incumplen las leyes que ellos mismos promulgan: podemos tener toda la construcción normativa, pero si no se cumple, no sirve”, asegura.

Igual que Millares, recuerda que la actual Carta Magna costó sangre y se ofrendaron las vidas de ciudadanos bolivianos, por lo que su tratamiento debería considerarse serio.

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