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El Fondo Indígena debe dejar de ser corporativo

La intervención del Fondo Indígena a lo más concluirá en determinar a los responsables del desvío y apropiación de recursos. La reforma estructural, todos lo intuyen, debe ir más allá; hay que cambiar el diseño mismo de la institución, sugiere el senador Carlos Romero.

Carlos Romero. Para el también exconstituyente, la posible reforma del Fondo Indígena debe empezar por distinguir entre la razón estructural de este derecho indígena y el diseño y gestión que se implementó del mismo en la práctica.

Carlos Romero. Para el también exconstituyente, la posible reforma del Fondo Indígena debe empezar por distinguir entre la razón estructural de este derecho indígena y el diseño y gestión que se implementó del mismo en la práctica. Foto: José Lavayén

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano es periodista de La Razón

00:00 / 08 de marzo de 2015

Al analizar el Fondo Indígena, lo primero que hay que diferenciar es la institución, “la filosofía” implicada en ésta, del diseño que se le dio en la práctica, afirma el senador Carlos Romero Bonifaz, una de las personas acaso más conocedoras de lo que se puede llamar la presencia indígena en el Estado. El diseño: un directorio de nueve miembros, de los cuales ocho son representantes de las organizaciones indígenas; una estructura y representación, en últimas, corporativa, donde la conducción estatal (a través de la presidencia de la institución) acaso sea solo “simbólica”. Urge la reforma, claro está. El tema es que esto se lo planteó hace más de tres años y el freno fue la “falta de consenso” de las organizaciones. Por eso Romero arriesga: “Hay que descorporativizar el Fondo”.

— Tema de diseño parece ¿cómo ve el tema del Fondo Indígena?

— Como filosofía, como concepto, como institución, todo eso está bien, yo creo que hay que reivindicarlo (al Fondo Indígena); luego aparecen problemas en la gestión misma del Fondo, y esto tiene como punto de partida su diseño colegiado. Es un diseño donde (hay) ocho representantes sociales frente a uno del Estado, y toman las decisiones en una directiva. Ya habíamos advertido que este problema se iba a presentar, lo hicimos en deliberaciones que tuvimos con el propio presidente Evo Morales, cuando yo desempeñaba las funciones de ministro de la Presidencia (junio 2010-enero 2012), y habíamos planteado en esa oportunidad que esta estructura de ocho representantes sociales —para no corporativizar las decisiones y generar fisuras entre las mismas organizaciones por la disputa de recursos— debería convertirse en una instancia consultiva, un consejo consultivo que recomiende, que sugiera las estrategias, las políticas del Fondo Indígena; pero debería tener un dispositivo institucional, una unidad ejecutora, mucho más eficiente, técnicamente asistida, para garantizar que el Fondo Indígena cumpla sus finalidades.

— ¿Qué decían las organizaciones ante este planteamiento?

— Ese planteamiento formó parte del debate con las organizaciones; algunas, especialmente del oriente y Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo) plantearon, en contrapartida, que más bien el Fondo debería descentralizarse, lo que advertimos que conllevaría el riesgo de incrementar sus costos burocráticos y de reducir su impacto programático; pero, bueno, el debate se inició, (aunque) quedó en medio camino; coincidimos todos en que había un problema de diseño, en que no era funcional, en que tenía deficiencias técnicas para la ejecución; coincidimos también en que la presencia ampliada en una directiva de representantes corporativos les generaba presión a ellos mismos, por la aprobación de los proyectos; en determinado momento el Fondo Indígena tenía aprobados 5.000 proyectos y un fondo económico que solamente le daba para atender a 1.000. También advertimos este problema.

— Temprano ya se vio el problema.

— Yo quiero distinguir eso, la institución, la filosofía, el espíritu del Fondo Indígena como tal son plenamente rescatables; el diseño, los problemas administrativos que pueda haber, tienen que ser objeto de ajustes.

— Dirigencias sociales con sus propias lógicas y presiones hacen muy difícil un manejo ejecutivo.

— Sí, evidentemente, hay que descorporativizar el Fondo Indígena; uno de los primeros que lo advirtió fue el presidente Evo Morales, pero no hubo plenos consensos entre las organizaciones acerca de la manera de cómo hacer un diseño que sea más funcional y que no esté subordinado a decisiones corporativas, porque eso le quita celeridad, eficiencia, le quita funcionalidad.

— En la Ley de Hidrocarburos (3058) se coloca como beneficiarios en el mismo nivel a indígenas, Fuerzas Armadas, municipios y universidades. En éstos hay institucionalidad para recibir recursos, se puede controlar. Los pueblos indígenas son diferentes: se trata, se puede decir, de ‘privados’ que reciben recursos públicos...

— Sí, obviamente. Es lógico que además en el caso de las universidades, Fuerzas Armadas, tienen una institucionalidad consolidada, pueden tener problemas, pero estructura institucional al fin; en el caso del Fondo Indígena era un conjunto de organizaciones sociales con el desafío de construir una institucionalidad, pero es una institucionalidad sui géneris, porque ciertamente de nueve directores, el Estado solo tiene un representante; entonces, eso tampoco es muy equilibrado; por eso mismo, creo que este hibridismo hay que modificarlo. Yo creo que podemos tener un ‘consejo consultivo’ que delibera decisiones estratégicas, pero (también) una unidad ejecutora que garantiza, independientemente de cualquier posición corporativa, la eficiencia en la asignación de los recursos y el manejo de los programas.

— ¿Están bien entre sí las organizaciones en el directorio del Fondo?, ¿no hay peleas entre ellas?

— No, yo creo que las organizaciones tienen una madurez suficiente como para llegar a acuerdos entre ellas, pero está claro que una estructura tan amplia de toma de decisiones no es funcional. Yo creo que tiene que ser un ente consultivo (el directorio) y tiene que haber una unidad ejecutora que sea mucho más eficiente.

— ¿A todo esto, cómo se establecería el control social?

— Yo creo que el control social pasa por que haya rendición de cuentas, transparencia, mecanismos de información que sean muy claros, transparentes; pero también por que el Fondo Indígena prioritariamente se active para proyectos productivos, porque también ha sido muy disperso en el tipo de proyectos que ha ido manejando, porque en determinado momento los proyectos de, entre comillas, “fortalecimiento organizativo” han tenido prioridad sobre los proyectos productivos.

— ¿La responsabilidad estatal? ¿Qué ha podido hacer la ministra Achacollo, a más de dirigir el consejo o intervenir en algo?

— La función del ministro de Desarrollo Rural, independientemente de las personas, porque han habido distintas personas a cargo de esa cartera de Estado, ha sido prácticamente presidir las reuniones del Fondo Indígena, aprobar algunos reglamentos y, en una entidad colegiada, seguramente aprobar el curso de acción de determinados proyectos, pero luego es una participación casi simbólica, lo que tampoco es correcto, porque finalmente son recursos públicos.

— Ahora, se dice que CSUTCB, Bartolinas e Interculturales copan el 78% de los proyectos; hay también ciertos desequilibrios, parece.

— Sí, creo que todavía hace falta definir criterios distributivos que sean más equitativos. No conozco los porcentajes, pero sé que evidentemente eso ha generado muchas veces disputas internas. Esa falta de claridad en los criterios de asignación de los recursos.

— ¿Qué temas debe atender el Fondo, para no duplicar esfuerzos con otras instancias?

— Desarrollo productivo, porque luego servicios generalmente están a cargo de los municipios, y otras políticas de Estado (a cargo) del Gobierno nacional. Pero las iniciativas productivas para desarrollar y dinamizar económicamente a los pueblos, inclusive en iniciativas autogestionarias y cogestionarias, ésa debería ser la prioridad del Fondo Indígena.

— En las denuncias recientes, parece que el problema está en las dirigencias medias...

— Eso yo no lo sé, yo solo conozco informaciones por prensa; lo bueno es que aquí nadie cierra las investigaciones; por el contrario, se ha intervenido la institución con el afán de que se esclarezcan las responsabilidades y, en última instancia, las responsabilidades son individuales.

— ¿El Gobierno no está viendo un programa, una ruta crítica, de reforma del Fondo?

— Reitero, se han puesto muchas veces propuestas sobre la mesa; tal vez ha faltado mayor celeridad y acuerdos con las organizaciones, pero propuestas se han generado ya hace por lo menos tres años para modificar y reestructurar el Fondo Indígena.

— ¿Pero qué ha frenado todo esto?

— Consensos entre las organizaciones sociales, que eso tiene que tener más dinamicidad.

— ¿Aparte de las auditorías y la investigación al Fondo, vendrán consultas con las organizaciones, alguna cumbre, una cosa así?

— Definitivamente, toda propuesta relativa al Fondo Indígena hay que trabajarla con los pueblos indígenas, con las organizaciones sociales del campo.

Perfil

Nombre: Carlos Gustavo Romero Bonifaz

Nació: 23-08-1966

Profesión: Abogado

Cargo: Senador de Santa Cruz  por el MAS

Datos

Carlos Romero fue uno de los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) con mayor presencia en el Ejecutivo. Fue ministro de Desarrollo Rural, de Autonomías, de la Presidencia y, últimamente, de Gobierno.

El Fondo Indígena es consecuencia del Convenio 169 de la OIT

“Hay que distinguir dos dimensiones de la problemática. Una primera tiene que ver con el Fondo Indígena como institución, como filosofía y como la posibilidad de operacionalización de derechos colectivos indígenas; y la otra dimensión tiene que ver con los temas administrativos, de diseño institucional”, plantea el senador de Santa Cruz Carlos Romero.

El Fondo no es una idea boliviana, acota, “es un planteamiento que emerge a partir del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”. Como instrumento jurídico en materia de Derechos Humanos, “con carácter vinculante”, el Convenio 169 reconoce dos derechos colectivos indígenas clave, apunta Romero: la consulta previa y la participación. “Dado que los pueblos indígenas tienen lógicas culturales y organizativas distintas, se ha previsto que los Estados deban consultarles cuando desarrollan iniciativas legislativas, administrativas o alguna medida de política pública que pueda afectar sus derechos colectivos”.

Pero el Fondo más bien se vincula con el derecho colectivo a la participación: “La consulta es para facilitar que el impacto de una iniciativa estatal sea positivo para los pueblos indígenas; uno de estos impactos es que, por ejemplo, estos pueblos participen en las utilidades que reporta el aprovechamiento de las riquezas nacionales por parte de un Estado”.

En los hechos, consulta y participación por lo general van unidos, afirma el exministro. “¿Cómo se manejaba la consulta y la participación en Bolivia antes de la Ley de Hidrocarburos de 2005, en las áreas de explotación petrolera que coinciden con las zonas de asentamiento guaraní en el oriente boliviano? Básicamente se manejaba a partir de una relación directa entre las empresas petroleras y las comunidades indígenas, una relación que derivó en muchos casos en el establecimiento de relaciones clientelares con determinados dirigentes”.

Eso generaba conflictos y divisiones internas entre las comunidades, reconoce. Por eso en 2005 se instituyó que la consulta previa solo la debe hacer el Estado, y a partir de ello también se reguló “el elemento de la participación en los beneficios”. “Se creó el Fondo Indígena como un porcentaje de participación de la renta petrolera, el 5% del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), con el espíritu de favorecer iniciativas productivas que promuevan el desarrollo de las comunidades indígenas”.

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