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Fondo indig (e) na

Tengo poca fe en soluciones que doblen el presupuesto de lupas inteligentes para detectar la corruptela. El problema del Fondo Indígena y su conexión con el reciente escándalo en YPFB debiera entenderse como un patrón que demanda otra cura.

La Razón (Edición Impresa) / Rafael López Velarde (es especialista en descentralización) / La Paz

00:00 / 01 de marzo de 2015

El entusiasmo con el que el presidente del Senado flamea la bandera de la discriminación para desviar los proyectiles que Felipa Huanca recibe por la corrupción en el Fondo Indígena (El nombre correcto es “Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas”) y la seguridad con la que el Presidente afirmó en el pasado que los indígenas son la reserva moral de la humanidad, son argumentos/instrumentos que funden la moral y el origen étnico para explicar la corrupción, entre otras cosas.

Sin embargo, son argumentos deleznables en la forma en que han sido presentados, no solo porque algunos hechos empíricos y aislados los contradicen, sino porque se confrontan con la  metodología, por ejemplo, para determinar el grado de etnicidad  de una persona y su propensión a la corrupción o a la acusación de la corrupción inherente al origen. Son válidos en los códigos de la política.

En contextos y características diferentes, un trabajo afamado de Elinor Ostrom (1977) le da la razón al Presidente. Al contrario de la intuición, trabajada por la teoría de juegos, de pensar que en un grupo donde se juegan ganancias materiales, morales o de otra naturaleza, primarán los intereses individuales o los de la pérdida menor, se ha demostrado que en pequeñas comunidades, y especialmente indígenas, existe la capacidad de promover una ganancia colectiva superior a las individuales.    

Otra explicación clásica y fallida consiste en depositar en las democracias la esperanza de la erosión de la corrupción, bajo la premisa de que son los regímenes autocráticos que capturan el Estado, rompen sus contrapesos y se reparten la hacienda pública. La evidencia, en el periodo 1996- 2013, señala que de los 21 países que tienen progreso significativo en reducir su corrupción 12 son democracias y de los 27 donde la corrupción ha empeorado 10 lo son. No existe entonces una relación causal entre tener elecciones periódicas y ser menos corruptos, lo que da cabida a la fácil y equivocada acusación: estamos en un régimen totalitario y por ello la corrupción campea feliz.  

Entonces, si la corrupción no depende del carácter democrático, y creemos así, tampoco del origen étnico, ¿cómo se explica lo que pasó con la corrupción develada en el Fondo Indígena y qué hacer al respecto?

Una posible explicación puede estar en la concepción del dinero proveniente de los recursos naturales como si fuesen un bien público. Al igual que el aire o una carretera, que pueden usar muchos si no todos, sin riesgo de que el consumo de uno afecte al del otro, la base económica boliviana basada potentemente en los recursos naturales puede ser en el imaginario colectivo un bien público del que se cree se puede usufructuar sin que se afecte el consumo del otro, es decir, se cree en su infinidad. La noción impulsada sobre la magnitud sobrenatural de nuestro potencial gasífero alimenta esta hoguera. (Fernando Molina en su libro El Pensamiento boliviano sobre los recursos naturales ha trabajado magistralmente esta idea; ejemplos de ello: Virgen del Cerro Rico de Potosí, el puente de plata entre Bolivia y España).

Piense en un lago en el que como otro bien público unos y otros contaminan tirando una bolsa plástica diaria, pensando que esta pequeñez no afectará la pureza del lago.

La solución típica a un problema de esta naturaleza es transferir la propiedad para que el cuidado celoso crezca, en este caso transferir el dinero directamente a los indígenas. (Idea recurrente planteada por Roberto Laserna, particularmente en su estudio La trampa del Rentismo)

No obstante, esto trae las complicaciones que apuntaba en el primer párrafo. Lo que sí es posible es atribuirle un precio al dinero. Por ejemplo, cualquier proceso de corrupción comprobado que proceda de una denuncia local debiera derivar en un castigo financiero severo, pero menor se descubriese por terceros. De este modo se incentivaría el control y la denuncia, porque significarían una pérdida menor, en resumen un cambio de incentivos podría contribuir. (Ninguno de los recursos públicos en Bolivia tiene precio en este sentido).

Hay quienes dicen que el error fue otorgar la posibilidad a pueblos indígenas de administrar dinero público sin pasar por los tortuosos filtros de control de la hacienda pública, al que se someten todos: falso. El 5% del IDH, que constituye el Fondo Indígena, se somete a los controles regulares que abrazan todo dinero público. El problema está en que tampoco se pensó que los pueblos indígenas no son necesariamente gobiernos con tecnocracias entrenadas para llenar los formularios de inversión, mandar el balance fiscal y tanto otro detalle. Fallaron ahí los gobiernos que no supieron acompañar a los pueblos indígenas. Puede resumirse el problema como el dejar hacer a los indígenas solos, por tanto la solución pasa por volver el fondo la carta financiera de negociación de éstos con otros actores (des-aislándolos) y volverlos a nivel de base mejores conocedores de los mecanismos financieros.

Otra causa equivocada es pensar que la Ministra de Desarrollo Rural y Tierras (Nemesia Achacollo) en su “omnipotencia” hacía y deshacía. Creo que el problema es otro y mayor. Idealmente la denuncia debió haber  venido de alguien de base que siendo testigo del aprovechamiento de su dirigente tiene el respaldo para ponerlo(a) contra la pared. Esto indicaría que las bases son potentes con el valor de derrocar a su dirigente. Esta potencia organizacional se fisura y está en riesgo de evaporización, si es que el mandato debe legitimarse además políticamente. La voz rebelde de las bases se enmudece porque su silencio es una muestra de lealtad política. La solución es dislocarlos de la lealtad política, así las bases volverán a tener el control de sus  dirigencias.

Finalmente, el grado más alto del control y del cumplimiento de un valor es el de la censura individual, del amigo que te censura por el soborno que diste, por ejemplo.    

Tengo poca fe, como quizás intuyó amable lector, en soluciones que doblen el presupuesto de lupas inteligentes que agentes altamente especializados utilizarán para detectar la corruptela. Este problema y su conexión con el reciente escándalo en YPFB debiera entenderse como un patrón que demanda otra cura. Nuestro dinero no tiene precio, somos rentistas y la denuncia local está enmudecida.

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