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Fondo de pensiones e inversión

El llamado a determinar la constitucionalidad de la Ley de Pensiones es el Tribunal Constitucional, pero no lo hará de oficio, siendo necesaria la activación por parte de algún legislador del oficialismo o de la oposición.

La Razón (Edición Impresa) / Guillermo Encinas Delgado es abogado constitucionalista.

00:00 / 19 de febrero de 2017

El Gobierno anunció la inversión de los recursos del sistema de pensiones. Mientras algunos juristas encuentran inconstitucional la disposición de estos fondos, economistas advierten sobre los antecedentes históricos de la inversión en el agro.

Constitucionalidad o inconstitucionalidad, la Ley 065 de Pensiones del 10 de diciembre de 2010, en su artículo 140 (Administración del portafolio de inversiones), señala las formas y los límites para la administración e inversión de los fondos de pensiones. Dicha norma fue sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando por aquel entonces la Cámara de Diputados estaba compuesta por 88 miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), 37 del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), 3 de Unidad Nacional (UN) y 2 de Alianza Social (AS).

La Cámara de Senadores la conformaban 26 miembros del MAS y 10 de PPB-CN. El partido de gobierno obtuvo los anhelados 2/3; este periodo fue en el que la Asamblea Legislativa sancionó la mayor cantidad de leyes, al punto de que un periódico de circulación nacional presentaba un encabezado indicando: “En 2010 la Asamblea Legislativa fue una fábrica de leyes” (La Patria, sábado 1 de enero de 2011). La menguada oposición planteó modificar estas leyes, sin embargo, la derrota electoral no les permitía más que eso, plantear modificaciones sin ser aplicadas las mismas.

Si bien la Ley 065 fue sancionada bajo este periodo de 2/3 de mayoría del MAS, el Tribunal Constitucional ya había sido refundado por la Ley 027 de 6 de julio de 2010, es decir, aproximadamente seis meses antes de la Ley 065 (diciembre del mismo año), y la por entonces nueva Constitución, en su artículo 132, indica la acción de inconstitucionalidad de las normas que sean contrarias a la misma. Sin embargo, no fue hasta la promulgación de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional (5 de julio de 2012), que se dio practicidad procesal a las acciones constitucionales de la nueva Constitución.

Según el artículo 5 de la Ley 027 y el artículo 4 de la Ley 254, ambos llevan el nomen iuris de “Presunción de constitucionalidad” y coinciden en que toda norma estatal es constitucional hasta que el Tribunal Constitucional declare lo contrario.

Ahora bien, no existe un plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad en abstracto ni en concreto. Así, la oposición, de haber tenido alguna observación a la Ley 065, tenía más de cinco años para plantearla en abstracto, lo cual aún no ha ocurrido. Esto significaría que la oposición, o no tiene observaciones a la Ley 065 (lo que indicaría que la ve constitucional) o que el tema de pensiones y seguro social no le interesa; por consiguiente, los auténticos sectores sociales interesados en el tema se encuentran sin representación en el Órgano Legislativo o la representación que tienen es efímera y complaciente a su respectivo partido.

En consecuencia, el llamado a determinar la constitucionalidad de la norma es el Tribunal Constitucional, pero no lo hará de oficio, siendo necesaria la activación por parte de algún legislador del oficialismo o de la oposición.

Sin embargo, los sectores sociales presuntamente afectados o interesados podrían iniciar una acción popular (Artículos 135 de la Constitución; 68, 69, 70 del Código Procesal Constitucional). Esta acción puede ser presentada por el colectivo al que se haya amenazado con violar algún derecho de seguridad pública. Debemos entender los alcances del listado de derechos que protege el artículo 135, además de que el Tribunal Constitucional así lo expresa en su Sentencia 1970/2011-R de 7 de diciembre de 2011, indicando que dichos derechos no son de carácter taxativo, sino más bien ampliables a otros derechos colectivos; pues bien, siendo la seguridad social un derecho fundamental contenido en el artículo 45 de la Constitución, además de formar parte del bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 410, entonces los grupos sociales podrían iniciar esta acción siempre y cuando legitimen el daño o la amenaza a su seguridad social.

Apartándonos un poco del tema jurídico, existe una psicosis social sobre la administración de pensiones en Bolivia, ya que en los 90 ocurrió el caso del Fondo Complementario del Seguro Social de la Administración Pública (Focssap) y el Fondo de Retiro del Empleado Público (FREP), que dejó sin seguro social a miles de personas que durante años habían aportado; si bien este suceso no tuvo que ver con un tema de inversión o financiamiento de proyectos, sí es un antecedente de lo que ocurre por tener el arca abierta.

Otro hecho negativo es el reciente caso del Fondo Indígena, que no solo costó millones al Estado boliviano sino que también tuvo costos políticos para el gobierno del MAS.

Las Administradoras de los Fondos de Pensiones tienen el mandato de invertir los recursos obtenidos, porque es bien sabido que el dinero es uno de los bienes más susceptibles a la devaluación, y esto lo han ido realizando durante años ya que de otra forma no se podría cumplir con las necesidades del sector social.

La Constitución, en el artículo 330 en su parágrafo III establece que “el Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productivas”; esto quiere decir que el Estado tiene plena potestad de crear un fondo de inversión concordante con los artículos 321 parágrafo IV, y numerales 1, 2 y 3 del artículo 407 de la Constitución.

Podemos concluir entonces que:

1. Si existiese la posible inconstitucionalidad, la oposición podría iniciar la correspondiente acción constitucional.

2. Si los sectores sociales demostrarían el riesgo o la amenaza a la “seguridad” social, es decir, a su jubilación, podrían iniciar una acción popular, conforme al artículo 135 de la Constitución Política del Estado.

3. Si bien el Estado tiene la potestad constitucional y de la Ley 065 para crear o invertir en fondos del agro los recursos de las administradoras de fondos de pensiones, debe planificar de forma responsable la recuperación de su inversión y las ganancias a corto, mediano y largo plazo y, por supuesto, las consecuencias legales y económicas si estas inversiones no generan ganancias (pérdidas).

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