Animal Político

Forma y objeto de la demanda marítima ante La Haya

Se hace una breve descripción de las partes y el objeto de la demanda marítima boliviana contra Chile presentada el anterior mes a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. 

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:03 / 05 de mayo de 2013

La demanda judicial contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, elaborada por la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) en un proceso que se concluyó en dos años y presentada el 24 de abril, consta de seis partes, resumidas luego de una traducción propia de Animal Político. En cuanto al objeto del reclamo legal, éste es claro: se busca que la CIJ falle que “Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para así llegar a un acuerdo que conceda a Bolivia un acceso plenamente soberano al océano Pacífico” (V, 32, a).

1. El conflicto. En esta parte de la demanda se establece que Chile tiene la obligación de negociar de buena fe y de forma eficaz con Bolivia para llegar a un acuerdo que conceda al país un acceso plenamente soberano al océano Pacífico. Se sostiene que Chile niega esta obligación. Por esta discrepancia insalvable, Bolivia afirma que todos los otros mecanismos de solución han quedado cerrados, por lo que se acude a la CIJ.

2. Sobre la jurisdicción de la Corte. En esta sección se especifica el artículo del Pacto de Bogotá (art. XXXI) que da competencia a la CIJ para dirimir el conflicto y se subraya que tanto Chile como Bolivia son signatarios de ese acuerdo.

3. Declaración de los hechos. En este apartado se hace una declaración sucinta de los hechos relevantes en los que se basa la demanda. Se enumeran y relatan 22 hechos fundamentales que, ordenados cronológicamente (de1825 a 2012), describen las circunstancias desde el nacimiento de Bolivia, con acceso a la costa del Pacífico, hasta el pasado inmediato. Entre otros hechos, se mencionan los primeros tratados (de 1966, 1974) limítrofes en los que Chile admite la soberanía boliviana sobre las costas posteriormente usurpadas, la Guerra del Pacífico, la tregua, el Tratado de Trasferencia de Territorio de 1895 que estableció ceder Arica y Tacna a Bolivia en caso de que Chile ganara el plebiscito a Perú o Caleta Vitor en caso de perderlo y el Tratado de 1904.

Luego se hace referencia a la reafirmación de las expectativas bolivianas de obtener una salida soberana al Pacífico (1910), a las negociaciones bilaterales de 1950, a una nota diplomática chilena de ese mismo año que dice: “mi Gobierno está dispuesto a entrar formalmente a una negociación directa con el propósito de encontrar una fórmula que haga posible ceder a Bolivia un acceso propio y soberano al océano Pacífico” (III, 18).

Posteriormente, se alude a las negociaciones de Charaña (1975) que hablaban de la cesión de una franja al norte de Arica y al momento en que Chile rechazó el planteamiento boliviano de que se le ceda un acceso soberano(1987), “contraviniendo (Chile) a sus propias declaraciones anteriores” (III, 22).

Entre los hechos declarados consta el triunfo diplomático de 1979, cuando la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución en que se recomienda negociar a los Estados interesados con el propósito de dar a Bolivia una conexión territorial soberana con el Pacífico.

Se mencionan, luego, la agenda de los 13 puntos (2006), la apertura boliviana al diálogo bilateral manifestada en 2011 y replicada con la declaración chilena de la inexistencia de asuntos pendientes entre ambos países, la reiteración de esta negación el 2012, entre otros hechos. Por todo ello, se concluye que Chile “no tiene intención real” de avanzar en una negociación que solucione el problema, por lo que Bolivia acude al mecanismo pacífico de la CIJ.

4. El fundamento legal de la demanda. Esta sección establece que Chile se ha comprometido —a través de “convenios, prácticas diplomáticas y una serie de declaraciones” de sus altas autoridades— a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar; sin embargo, ese país no ha cumplido con la obligación e inclusive niega actualmente la existencia de aquélla.

5. Decisión requerida. Esta parte de la demanda explicita su objeto. Se pide a la Corte sentenciar que a) “Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que conceda un acceso plenamente soberano al océano Pacífico” (V, a); b) que Chile ha infringido esa obligación; y c) que debe cumplirla en buena fe, pronta, eficaz y formalmente en un tiempo razonable para ceder a Bolivia un acceso al Pacífico con plena soberanía.

6. Juez ad hoc. En el último apartado, el país hace expresa la intención de hacer uso de su derecho de elegir a un juez (Juez ad hoc significa: juez para un fin específico). Finalmente, se nombra embajador a Eduardo Rodríguez Veltzé y se establece los canales de comunicación entre la CIJ y Bolivia. La experta en derecho internacional Karen Longaric señala que la demanda boliviana incorpora “un tema novedoso”: el de “los actos unilaterales de los Estados” y “es en ese contexto jurídico-doctrinario” que Bolivia ubica a las negociaciones emprendidas con Chile en el periodo histórico que describe el documento.

“Algunos teóricos del derecho internacional” —continúa— señalan que los que aparecen como actos unilaterales “pueden ser sólo etapas en el proceso de la celebración de un acuerdo”. Éste es el caso de los hechos que constan en la tercera parte del documento.

La demanda está encaminada y fue admitida por la CIJ. Este ente la calificó —según el canciller David Choquehuanca— de impecable. Queda esperar el curso del proceso que tendrá como siguiente paso una reunión, el 12 de junio, entre los agentes de Chile (que aún no fue nombrado) y de Bolivia, Rodríguez Veltzé.

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