Animal Político

Frenos y alcances de la democracia boliviana

Es éste un intento, seguro fallido, de tratar de entender la evolución global de la democracia nuestra de todos los días. Usa como   puntos de apoyo reflexiones ajenas, pero sesudas, y percibe algunos cambios dignos de ser subrayados.

La Razón (Edición Impresa) / Rafael Archondo

00:04 / 23 de febrero de 2014

Si ciframos el arribo de la democracia boliviana en octubre de 1982, entonces tendremos que admitir que las ideas que rodearon al proceso tuvieron sus primeras fuentes de inspiración en aquel maltrecho gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), presidido por el doctor Hernán Siles Zuazo.  Todas las apuestas en torno a las opciones de perduración del sistema inaugurado estaban fuertemente conectadas con el desempeño de aquella izquierda timorata en el Palacio.  Y es que si de algún modo se puede caracterizar a esa breve administración (1982-1985) es a partir de su estancamiento y vacilación constante. Las caricaturas periodísticas de ese tiempo muestran a un Siles aupado a una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio en medio de una atmósfera de fuerzas adversas y enfrentadas.

La UDP gobernó sin contar con una mayoría parlamentaria, y en pocos meses perdió incluso el control de las direcciones sindicales. No solo eso. El partido del vicepresidente Paz Zamora rompió en ocasiones con el frente y diversos mandos de las Fuerzas Armadas se movieron inquietos en busca de una re-edición del golpe de Estado del 80. El jefe de Estado llegó a sufrir incluso un secuestro, prueba clara de que ni la seguridad del hombre de la transición democrática estaba garantizada.

Vacunarse de otra UDP. No es casual entonces que los pensadores pioneros de la naciente democracia boliviana hayan cargado las tintas en preguntarse cómo evitar volver a caer en un gobierno débil y asediado por los llamados poderes fácticos.  La consigna del momento fue: consolidar. Los teóricos de los años 80 invirtieron todos sus esfuerzos en ayudar a edificar gobiernos civiles, surgidos de las urnas, capaces de capear el temporal de los golpes de Estado o las rebeliones callejeras. La aspiración era desactivar el campo minado heredado por décadas de violencia política, detonada por sindicatos, milicias, cuarteles y grupos de choque.

Que no nos extrañe entonces ahora que las débiles siglas que construyeron el sistema de partidos post-82 en Bolivia se hayan preocupado tanto por firmar acuerdos. Hoy se dice fácil y con desprecio: “democracia pactada”. Claro, pactada como único medio de defensa ante tantas amenazas. Aquél fue un esquema que tuvo que desalojar del ámbito de las decisiones tanto a militares como a militantes radicales. ¿Acaso olvidamos tan pronto los alzamientos “cara pintadas” o las bombas de Sendero Luminoso? 

Podemos decir entonces que nuestra primera fase democrática persiguió legitimarse más ante el elector individual que ante los grupos organizados. Bolivia vivió el auge de los partidos, vistos como maquinarias electorales; dioses tutelares de los derechos y los privilegios, únicas entidades con capacidad para incidir y construir.

Que el modelo haya durado “solo” 20 años pone en claro su pertinencia y adecuación a las urgencias históricas del momento. Sus premisas funcionales fueron aceptadas por la mayoría de la gente, en parte, porque ni la lucha armada ni el cuartelazo de madrugada entregaron frutos, ni siquiera para sus impulsores. En un arranque de “realismo”, hasta los más afiebrados espíritus insurreccionales dejaron atrás la consigna del “voto en blanco” y participaron de distintos modos de aquel mecanismo de distribución de poder.   

Hasta aquí, la democracia electoral se había convertido ya en la única vía útil para quien deseara influir sobre la vida nacional.  A medida que se extinguían los conatos de insubordinación militar, fueron fracasando también los ensayos de “guerra popular” que sedujeron a una parte reducida de la juventud boliviana entre 1985 y 1992.

Sin embargo, cuando los primeros teóricos de la democracia boliviana ya casi habían agotado su lista de demandas, y aguardaban medidas aún pendientes como la democratización interna de los partidos o la expansión de una cultura democrática en todos los resquicios de la sociedad, estalló la crisis del año 2000. De pronto, contra el predominio del elector y las siglas disputando su voto, se levantó la sombra cada vez más imponente del cuerpo social movilizado. Las sucesivas guerras del Agua y del Gas abrieron paso a una nueva noción de democracia. Una segunda generación de ideólogos se sorprendió ante una multitud de oídos receptivos que buscaban una explicación eficiente de la nueva realidad.

Los movilizados. Y así como el gobierno de la UDP sirvió como “mal ejemplo” en los años 80, el segundo de Sánchez de Lozada se convertiría en el paradigma de lo que tendría que evitarse más allá de 2003. Todo lo que para los primeros teóricos de la democracia boliviana moderna era deplorable, pasó a ser elogiable al despuntar el siglo XXI. Así, si los grupos organizados eran por entonces una “amenaza” que hacía tambalear el sistema, luego se transformaron en un cimiento primordial para garantizar aquello que ponían en riesgo años antes.

Fue el modo en que se restituyó, en la teoría también, la importancia del sujeto capaz de actuar sin esperar a la próxima elección. La acción callejera obtuvo desde entonces el certificado de legitimidad intelectual del que careció décadas atrás. La democracia empezó a ser vista como un recurso no solo indispensable para decidir, sino sobre todo para actuar. Cada cabildo era convocado para aprobar una plataforma de medidas, ya no para delegar a un grupo su vocería y puesta en exhibición de las posturas aprobadas. Tras cada votación a mano alzada y por aclamación, surgían comités, piquetes, coordinadoras y comandos. Llegaba el tiempo de la impaciencia y con él, la liquidación de los partidos políticos organizados únicamente para impulsar campañas proselitistas.

Sin embargo, y esto es lo digno de subrayarse, ni en el mayor clímax movilizado, el voto perdió valor e importancia. Así, en los momentos en que incluso se coreaba la consigna de “guerra civil”, los desemboques en las urnas terminaron siendo siempre la ruta de salida a los enfrentamientos. Así, los choques por la nueva Constitución o por el destino de los recursos naturales se disolvieron en jornadas de voto secreto e individual.

De ese modo, si bien las furias callejeras establecieron la agenda de debate, el sufragio terminó por disolver el desacuerdo y definir un rumbo. En tal sentido, parece evidente que los aportes de los primeros teóricos de la democracia no fueron desmantelados del todo, sino que terminaron por adquirir un nuevo sentido a medida que aparecía esta segunda camada.

El viraje reciente. Pues ahora todo parece indicar que el péndulo vuelve al origen. En la Bolivia de hoy, el sujeto movilizado ha dejado de cumplir alguna función relevante. De acuerdo a las más recientes reflexiones desde Palacio, demócrata es quien redistribuye los frutos de la riqueza colectiva. En tal sentido, déspota es aquel que se adueña de los bienes comunes, es decir, que los privatiza. Como en los 80, hoy, la supremacía del voto ha recuperado su sitial y se sigue apuntando a la democracia como productora de acciones y decisiones, pero ya no en el ámbito de la asamblea, sino en el abarcador espectro del electorado nacional.

Vistas las cosas así, en este periodo de 32 años, podría deducirse que a pesar de los sellos ideológicos adversos con los que se manufacturan los conceptos de la democracia, al final, lo que define sus rasgos finales de consenso es la viabilidad y los límites que le impone la marcha concreta de las voluntades y las aspiraciones. Solo se impone lo que empieza a ser factible y a ello parecen adecuarse los deseos de los líderes teóricos del momento.

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