Animal Político

Las Fuerzas Armadas y sus privilegios democráticos

El papel político del estamento militar

La Razón / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:03 / 08 de julio de 2012

Una de las consignas del motín policial recientemente apaciguado por el Gobierno pedía que se igualen los salarios de los policías con los de los militares. Esta exigencia, que finalmente no fue satisfecha, es el síntoma de que en la Policía Boliviana se siente que el trato a las Fuerzas Armadas no es igualitario en relación a los salarios y otros puntos en su institución.

En todo caso, el sentimiento de estos efectivos hace preguntarse si los militares tienen privilegios, desde la instauración de la democracia en 1982, por encima de otros sectores del Estado como educación, salud... Y si el presidente Evo Morales suele valorar el papel de aquellos al recordar de manera recurrente que también fue soldado, también implica un poder político, más allá de que éste sea necesario o no en la situación actual, en la que el Gobierno goza de un respaldo popular derivado de las últimas elecciones generales.

Según el experto en temas de seguridad Samuel Montaño, los beneficios a las Fuerzas Armadas no comenzaron con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), sino en la administración de Víctor Paz Estenssoro en 1985, cuando comenzó a otorgarles una serie de “dádivas y prerrogativas” sobre todo en relación a “cierto beneficio económico”.

“Esto sucedió por una simple y llana razón: el Decreto 21060 no habría podido ser aplicado si no habría habido un apoyo militar incondicional. De ahí en adelante, todos los gobiernos que hemos tenido, sea o quien sea, han privilegiado a las Fuerzas Armadas porque necesitan el apoyo de éstas, por un antiguo temor”, dice.

Montaño considera que uno de los peores errores lo cometió Gonzalo Sánchez de Lozada después de los enfrentamientos entre policías y militares. El desacierto de éste fue haber otorgado a todos los oficiales, incluidos los agregados militares fuera del país, una especie de recompensa en dinero por las acciones de 2003.

“Esta acción convirtió a las Fuerzas Armadas en unos chantajistas, ‘usted me paga y no hay problema... me enfrento a la Policía, salgo a los caminos, combato a los campesinos, pero usted tiene que pagar o dar algún privilegio’”, dice Montaño, a modo de ficción sobre una eventual respuesta de un mando militar a cualquier gobernante de turno.

Loreta Tellería, politóloga e investigadora del Observatorio de Democracia y Seguridad, asegura que no se han dado privilegios a las Fuerzas Armadas (con el argumento que puede leerse en su recuadro), aunque sí ciertas facilidades. “Hablar de remuneraciones, entrega de equipos, ampliación de capacidades en el manejo de empresas, construcción de caminos, etc., no significa favoritismo, ni un proceso de modernización, ya que tal cosa implicaría ámbitos mucho más complejos y profundos”, interpreta.

Montaño, en cambio, afirma tajantemente que los militares no sólo han recibido prerrogativas de este Gobierno sino de todos los demás. “Poco a poco, las Fuerzas Armadas se están convirtiendo en empresarias”.

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación “Comandantes de la Independencia de Bolivia”, la función es: “a) preservar el mandato constitucional, la paz y la unidad nacional y la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado. b) Ser integrador de la nacionalidad, fiel expresión de civismo, el honor y la grandeza de la Patria, de sus tradiciones y de sus glorias (...). d) Constituir el baluarte de la seguridad nacional y de la defensa soberana de la Patria, contribuyen al bienestar general del pueblo boliviano, son el sostén de la vigencia de la Constitución Política del Estado, de la democracia y de los derechos y garantías ciudadanas”.

Como diciendo que en esta normativa no se dice nada sobre manejo de “empresas comerciales”, Montaño enumera y comenta las que en su opinión opera la institución castrense: Transporte Aéreo Militar (TAM) (“el Estado desvió un enorme F-10 para que el TAM haga vuelos de comercio; además se encuentra compitiendo con las aerolíneas civiles”); el Hotel Aeronáutico en La Paz (“está en la avenida Montes, donde era el comando de la Fuerza Aérea. Ese inmueble, en vez de devolverlo al Estado para que se haga un hospital, un colegio o se vaya un ministerio —se necesita mucha infraestructura para ministerios— se ha permitido que se convierta en un hotel”); la Empresa Militar de Ingeniería SA (“se les da 40 millones de dólares en equipos para que hagan caminos, lo que está muy bien, sin embargo, la empresa también presta asistencia de manera comercial”).

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, rechaza totalmente la alusión de Montaño. Nuestra institución “cuenta con unidades de bienestar social como ser hoteles de paso, círculos, granjas y otras, cuyas actividades benefician principalmente al personal de las Fuerzas Armadas”, asegura la autoridad militar.

El TAM —explica— es una unidad de transporte de pasajeros y carga que fue creada en 1950 con fines solidarios. Llega donde otras empresas comerciales no, por ser destinos poco atrayentes y rentables. Esta unidad de la Fuerza Aérea Boliviana —continúa Gandarillas— presta un servicio público de transporte a un costo accesible que beneficia a la población que no puede cubrir los elevados costos de empresas aéreas que tienen fines de lucro; asimismo, cuenta con tarifas de solidaridad que benefician a personas de escasos recursos, dice.

Las Fuerzas Armadas, “como institución fundamental del Estado boliviano”, defienden la seguridad y soberanía del país, además “cumplen otros fines sociales”, razón por la que están siendo fortalecidas en todos sus campos de acción gracias al apoyo del Gobierno, dice el oficial. En su explicación, esa modernización se refleja con el equipamiento en motorizados, aeronaves, infraestructura y profesionalización del personal.

Montaño, sin embargo, no queda convencido en absoluto por estos argumentos y dice que el privilegio que se les concede de “operar empresas” va en detrimento del buen desempeño de la institución. Y pone un ejemplo: “nuestras Fuerzas Armadas están especializadas en hacer vuelos comerciales al exterior e interior del país, en administrar hoteles, pero no hay una unidad militar de ingenieros especializados en limpiar las minas de nuestra frontera con Chile”.

Para Carlos Romero, ministro de Gobierno, no existen privilegios en la institución castrense. Dice que la dotación de tecnología e infraestructura no es una prerrogativa sino un mecanismo para el cumplimiento de sus funciones.

“El único elemento que puede ser sujeto a consideración es el tema de su jubilación al 100%, lo cual ha sido una concesión de los gobiernos neoliberales. Es el único sector de Bolivia que se jubila con el 100% de su sueldo. Es muy sugestivo que el decreto supremo de Sánchez de Lozada, que posibilita esto, haya sido dictado en marzo de 2003, precisamente después de ‘febrero negro’”, explica la autoridad.

Tellería afirma que dar facilidades a las fuerzas públicas, policías y militares, es una tendencia a nivel mundial porque siempre existe un temor de sufrir un amotinamiento, en el caso de los primeros, o un golpe de Estado, en el caso de los segundos, porque son instituciones que manejan armas.

Una cosa es cierta en referencia a que los aspectos mencionados sean o no considerados como prerrogativas hacia las Fuerzas Armadas, y es que es una de las pocas instituciones que ha sido mantenida intacta, estructuralmente, desde el inicio de la democracia.

Es notorio que tampoco ha sufrido una reforma desde el comienzo del llamado proceso de cambio, cuando este último periodo incluso ha reformado la Constitución Política del Estado. En contraposición, debido a cuestionamientos a algunos de sus miembros, la Policía Boliviana fue sujeto de constantes cambios (por ejemplo, ya no manejan los sistemas de identificación personal y de otorgación de licencias de conducir), aunque sin mucho éxito.

‘Las FFAA ahora operan empresas’: Samuel Montaño es experto en temas de seguridad

El Gobierno permite que las Fuerzas Armadas operen empresas comerciales, pero nadie dice nada. El problema es que aparte de que esto está totalmente fuera de lugar, cuando tienen que hacer el control de las fronteras, que es una de sus funciones, son ineficientes; ni siquiera lograron frenar el contrabando de combustibles, sin embargo, administran un hotel.

‘Las FFAA no gozan  de ningún privilegio’: Tito Gandarillas es comandante de las FFAA

Los militares no gozan de ningún privilegio, pues, es obligación de cualquier gobierno legalmente constituido fortalecer a las Fuerzas Armadas en equipamiento, infraestructura y educación de su personal a nivel técnico y licenciatura. Los anteriores gobiernos se olvidaron de las Fuerzas Armadas y además hicieron una mala utilización de ellas en contra de su pueblo.

‘El Gobierno hace uso político de las FFAA’: Gral. (r) Marcelo Antezana es senador de Convergencia

El actual Gobierno hace uso de las Fuerzas Armadas de una manera política, pues, éstas son su apoyo y resguardo. El problema es que se hace un abuso del hecho de que el ejército tenga el juramento de cumplir la misión constitucional de respetar el poder legalmente constituido y se aprovechan de eso. El oficialismo tiene el poder legal de hacerlo aunque no les guste a las FFAA.

‘Fueron relegadas de cambios democráticos’: Loreta Tellería es politóloga e investigadora

Las Fuerzas Armadas fueron relegadas, como también la Policía, de los grandes cambios institucionales de la democracia. Ninguno de los dos organismos ha sido parte de una reforma que abarque sus ámbitos normativos, educativos, de su funcionamiento, ni en cuanto a su economía o doctrina. Por eso no se puede decir que este Gobierno haya favorecido a las FFAA.

‘Se trata de empresas de servicios sociales’: Carlos Romero es ministro de Gobierno

Se permite a las Fuerzas Armadas operar empresas de servicios sociales y solidarios, esto no es ningún privilegio. Yo lo veo como algo positivo, como por ejemplo el caso de Transporte Aéreo Militar (TAM). Creo que esta función que cumplen es consustancial a una inserción funcional de las Fuerzas Armadas a una lógica de desarrollo en la democracia.

Policías y militares, una vieja rivalidad

En tiempos de la democracia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han trabajado en operativos conjuntos muchas veces, sin embargo, es algo conocido que existe una rivalidad que va en ambos sentidos, aunque muy posiblemente este antagonismo no sea cierto en los altos mandos, pero sí en las tropas.

Según el experto en temas de seguridad Samuel Montaño, la rivalidad comenzó a ser fomentada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) durante su primera etapa de gobierno. “Uno de los grandes daños del MNR ha sido politizar a la Policía y a las Fuerzas Armadas de tal modo que cuando el ejército recuperó el poder con Barrientos se consideró a la Policía como un enemigo político”, dice.

De acuerdo con este analista, esa doctrina se mantuvo e incluso fue alimentada por la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Tal cosa se agravó durante la crisis de febrero de 2003, y se evidenció en el último motín policial, en el que sus actores señalaron ser relegados por el Estado mientras que las Fuerzas Armadas eran favorecidas.

La investigadora Loreta Tellería rechaza de plano hablar de una preferencia por las Fuerzas Armadas en detrimento de la Policía “tomando en cuenta que esta última es una institución con un amplio margen de autonomía”, en la cual el Gobierno tampoco ha intervenido con reformas institucionales.

Por su parte, Carlos Romero piensa que no se puede hablar de privilegios de una de las dos instituciones por encima de la otra. “La comparación no es admisible porque son dos instancias con naturaleza y roles diferentes”, afirma.

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