Animal Político

Geopolítica del capitalismo dependiente

La guerra de la Madre Tierra reaparece; el gobierno populista ha anunciado nuevas incursiones punitivas; esta vez con destacamentos de ingenieros, que entrarían a construir la carretera por el TIPNIS, vulnerando nuevamente la Constitución y repitiendo el etnocidio colonial.

La Razón (Edición Impresa) / Raúl Prada Alcoreza

00:01 / 21 de junio de 2015

La geopolítica de dominación subalterna; es decir, de las burguesías intermediarias, parte componente en la geopolítica global del sistema-mundo capitalista, es la de profundizar la dominación del sistema-mundo, de sus cartografías de centros y periferias, de la mecánica y técnica del modo de producción capitalista, que convierte a las periferias en donantes de materias primas y fuerza de trabajo barata. Esta profundización de la expansión interna del capitalismo es singular, pues responde a las condiciones y características histórico-sociales del país en cuestión. En Bolivia esta profundización del capitalismo se desenvolvió como economía minera, primero, después como economía combinada minera e hidrocarburífera, para terminar preponderando una economía sobre todo basada en la extracción y venta del gas.

Aunque se haya desarrollado la agroindustria, acompañada de la tala de bosques y venta de madera, fuera de las economías campesinas y, si se quiere, la economía cooperativista, el peso específico se encuentra en la explotación del gas y de los minerales. Se trata, como dicen los economistas, de un modelo primario-exportador. Sobre esta base económica extractivista se desenvuelve la economía agrícola, basada en la ampliación de la frontera agrícola, afectando a los bosques, a los ecosistemas, a las comunidades y pueblos que habitan en las cuencas y sus entornos. La economía de la coca forma parte de esta economía agrícola y es la economía más rentable en este rubro.

En este proceso de profundización del capitalismo dependiente, la economía extractivista tiene como obstáculo a los territorios de los pueblos indígenas, reconocidos y constitucionalizados en la Constitución, así como se encuentran consagrados los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno popular, que se autodenomina gobierno de los movimientos sociales, además de representar a los pueblos indígenas, se mete en complicadas argumentaciones para justificar su incursión punitiva en los territorios indígenas, vulnerando sus derechos. Todas sus argumentaciones son estrambóticas; desde la supuesta consulta, hasta la delirante geopolítica de la Amazonía, pasando por las concepciones redituadas del desarrollismo a ultranza, además, claro está, de la manipulación de las organizaciones sociales, incluyendo el sabotaje, la división y la escisión de las organizaciones indígenas, si no es su destrucción. Ahora, después de haber perdido la batalla de la VIIII marcha y haber empatado la batalla de la segunda marcha, y haber perdido la batalla de la Consulta, pues no pudo imponer su consulta espuria, a pesar de haberla llevado a cabo, el Gobierno intenta de nuevo insistir en su proyecto carretero. El Gobierno no pudo construir la carretera que pasa por el núcleo del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure), siendo el núcleo mayoritariamente bosque, donde hay escasas comunidades, pues la mayoría se encuentra en los territorios bañados por los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa. El Gobierno quiere volver a intentar imponer su estrategia extractivista, barnizada con una discursividad superflua de geopolítica trasnochada.

¿Por qué lo hace, sabiendo que el conflicto del TIPNIS le ha ocasionado un gran costo político? La geopolítica en curso no es la susodicha geopolítica de la Amazonía, que no es tal, sino la geopolítica de la integración económica y comercial, que apunta a conformar una plataforma de comunicaciones, que unan el Atlántico, el océano del capitalismo de la revolución industrial, con el Pacífico, océano del capitalismo de la acumulación especulativa y de la industria desechable, combinada con la revolución cibernética. El gobierno popular es un dispositivo de esta estrategia de expansión interior capitalista, acompañando a los otros dispositivos estatales, como el gobierno progresista de Brasil, dispositivo estratégico, por la  condición de potencia regional, capaz de articular una integración burguesa de mediana intensidad. El gobierno popular no tiene, en pleno sentido de la palabra, una geopolítica; lo que tiene es una estrategia económica y política, que corresponde a la economía rentista y al Estado clientelar. Ciertamente, de estas características generales no se diferencia el gobierno progresista de Brasil, tampoco el gobierno progresista de Venezuela, así como el gobierno de la revolución ciudadana ecuatoriano; son también economías rentistas y estados clientelares. La diferencia está en el tamaño de sus economías y en el tamaño de sus estados, donde el Estado Federal de Brasil es  notoriamente el de más grande economía y de dimensiones gigantescas del aparato administrativo.

En estas condiciones se comprende que el modelo económico populista se componga de estos tejidos subordinados de la dependencia, configurando un perfil simple; una base extractivista minera e hidrocarburífera, una agricultura expansiva, que se sostiene destrozando bosques y expandiendo la frontera agrícola, una agroindustria  que abastece el mercado interno con una tibia incursión en las exportaciones, salvo la soya que, en realidad, es un emprendimiento transfronterizo transgénico. En el entorno de este núcleo estructural de la economía dependiente, sobrevive la economía campesina y, en mucho más baja escala, lo que queda de la economía comunitaria.  Atravesando todos los intersticios, mediando económicamente entre el Estado y las empresas trasnacionales, las compradoras de materias primas, se encuentran como un tejido provisional la economía cooperativista, principalmente minera. Endulzando esta economía extractivista, que se administra como economía rentista, se parapeta la estructura del Estado clientelar, emitiendo su discursividad demagógica y desplegando procedimientos coercitivos de chantaje. En este panorama económico-social-político del capitalismo dependiente no es aceptable la consolidación de los territorios indígenas, los que harían de contención ante la expansión de la frontera agrícola, también de la frontera extractivista de las concesiones mineras e hidrocarburífera.  Por lo tanto, el TIPNIS es visto por el Estado-nación como territorio enemigo, que tiene que ser definitivamente subsumido a la desterritorialización del Estado y al desierto capitalista.

La guerra de la Madre Tierra reaparece; el gobierno populista ha anunciado sus nuevas incursiones punitivas; esta vez con destacamentos de ingenieros, que entrarían a construir la carretera, vulnerando nuevamente la Constitución y repitiendo el etnocidio colonial, ante el asombro de los pueblos. La apuesta por el extractivismo a gran escala ha avanzado mucho, el gobierno populista está no solamente empapado en esta expansión interior del capitalismo dependiente, sino que es uno de los dispositivos efectivos en este despliegue, sobre todo debido a su máscara indígena y a su demagogia populista, que desarman la capacidad de resistencia de los pueblos.

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