Animal Político

Gobernabilidad y autonomía, mucho por hacer

El voto ciudadano con que fueron elegidos los concejales no tuvo su correlato en la elección de directivas, en las que continúan funcionando los esquemas tradicionales con el pretexto de asegurar la ‘gobernabilidad’ con los mal llamados ‘votos de oro’.

La Razón / Gabriela Niño de Guzmán G.

00:01 / 16 de junio de 2013

Cambiada la arquitectura estatal con la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Marco de Autonomías, normas que buscan sentar las bases para devolver a la democracia su sentido participativo, dejando atrás las prácticas expropiadoras de la voluntad ciudadana que caracterizaron el momento terminal de la “democracia” partidocrática del modelo excluyente y discriminador heredado de la institucionalidad republicana fundada en 1825, esperábamos que los desafíos y los cambios que entrañan ambas normas podían cristalizarse en primer lugar en la gestión de los gobiernos locales, siendo que éstos son los espacios de mayor proximidad cotidiana entre el poder y el ciudadano.

Hubo avances, entre ellos la elección de los alcaldes por voto directo, para evitar que el menos favorecido en las urnas “aparezca” de alcalde fruto de negociaciones de pasillo y del cuoteo. Esto no sucedió con los concejales, que si bien por primera vez en la historia reciente del municipalismo fueron electos por voto ciudadano, ese voto no tuvo su correlato en la elección de las directivas, ya que el desconocimiento de la mayoría obtenida, muy clara en el caso de La Paz, respondió a la idea de que era factible permanecer en los esquemas tradicionales so pretexto de “asegurar” la gobernabilidad con los mal llamados “votos de oro”.

Desde el Concejo Municipal de     La Paz se hicieron esfuerzos para dejar atrás los modos de gestión del pasado inmediato procurando un salto cualitativo en la manera de administrar el gobierno municipal con sus atribuciones ampliadas por la autonomía. Esfuerzo que, si bien no llegó a plasmar totalmente la “independencia de poderes” entre legislativo y ejecutivo municipal, marcó un claro punto de partida para asumir el desafío de generar una nueva concepción legislativa capaz de responder a la demanda ciudadana del siglo XXI: desburocratización, eficiencia, transparencia y, fundamentalmente, participación efectiva en honra al voto recibido.

Estas propuestas tuvieron su mayor enemigo en el asociativismo municipal sometido a las directrices y voluntades de un aparato central, sin ninguna intencionalidad ni voluntad de apoyo efectivo a las autonomías territoriales.

El Concejo Municipal de La Paz inició esta nueva etapa del municipalismo con mucha ventaja, dada la institucionalidad construida entre 2005 y 2009, tiempo en que la participación ciudadana se expresó, entre otros, en la Asamblea de la Paceñidad, espacio en el que los representantes de más de 200 agrupaciones de todos los ámbitos de actividad del municipio debaten y consensúan los temas estratégicos transversales de la gestión municipal. 

Asimismo, para efectos de manejo de información abierta y transparente, se logró obtener por cinco años consecutivos la Certificación  ISO 9000 referente al manejo de la información, incorporación de tecnología y aprobación de reglamentos y procedimientos, que permiten a los concejales electos ejercer su función fiscalizadora sin ningún impedimento de acceso a toda la información de la gestión municipal. 

A partir de 2010, el trabajo del Concejo Municipal estuvo obviamente marcado por las posiciones políticas de los partidos con mayor votación popular y en el que los concejales del MSM tienen como misión apoyar desde todos los flancos el programa de gobierno del alcalde Luis Revilla, sin renunciar a su visión crítica ni a su facultad fiscalizadora. La gestión legislativa municipal encuadrada bajo un renovado concepto del servicio público se desarrolló con base en un acuerdo programático con el único concejal de Unidad Nacional (UN), Omar Rocha.

Hubo momentos de concertación democrática con los concejales de la oposición en la aprobación de leyes autonómicas tan importantes como las de Transporte y Vialidad, de Clasificación de Impuestos, de Usos de Suelo, de Gestión de Riesgos y otras, marcadas en su tratamiento por la presencia de los propios actores sociales involucrados, lo que probablemente resultó decisivo para que esa oposición sume su apoyo a estas iniciativas y al trabajo del MSM.

En referencia a las atribuciones fiscalizadoras del Concejo Municipal, una visión reductiva y equivocada de tan importante labor, a mi juicio, se tradujo en el recurrente afán de un protagonismo mediático dirigido a buscar el desprestigio y el desgaste de la gestión municipal, incurriendo a menudo en posiciones confrontacionales sin el debido respaldo técnico y/o legal, respondiendo a consignas partidarias alejadas de las verdaderas expectativas de la comunidad. 

La nueva elección de la directiva del ente deliberante de La Paz, necesariamente debe partir de una evaluación de cómo hemos desarrollado nuestra tarea y de qué manera ésta ha beneficiado efectivamente a nuestra comunidad quienes suscribimos en junio de 2012  la “Reafirmación del acuerdo programático en favor de La Paz”. Tal evaluación nos permitirá realizar los ajustes necesarios para que dicha práctica sea más eficiente y productiva, evitando la reproducción de las confusas señales de nuestro aliado a través de los medios de comunicación mediante declaraciones que en varias oportunidades pudieron dar la impresión de una mayor coincidencia con la oposición respecto a temas sustanciales del programa de gobierno Diez tareas para La Paz, votado mayoritariamente en la elección del alcalde Revilla. Tampoco en este caso se trata de coartar o limitar el alcance de la atribución fiscalizadora de nuestro aliado. Se trata, por el contrario, de evitar el mero cálculo partidario coyuntural y de fortalecer las coincidencias de visión acerca de lo que necesita La Paz para continuar ahondando y consolidando la transformación en curso.

En este escenario no es menos importante mencionar que el creciente protagonismo de las mujeres en política y en el manejo del poder se constituye en otro elemento que una cultura patriarcal y machista tiene serias dificultades de aceptar y dejar en el pasado formas tradicionales de ejercicio del poder, mediante el recurso al desprestigio, la adjetivación denigratoria y otras agresiones que esperemos sean definitivamente corregidas por la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres..

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