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Gobiernos subnacionales transitorios?

O las autoridades en ejercicio no tienen que renunciar a sus cargos y se constituyen candidatos en funciones (como es el caso del Presidente y del Vicepresidente), o suponen de manera natural que, continuando el mandato asumido por el voto popular, quien concluya la gestión sea alguien del equipo político del candidato que va a la reelección.

La Razón (Edición Impresa) / Carlos Hugo Molina

00:01 / 14 de diciembre de 2014

Si se formula la pregunta es porque es pertinente, y prefiero dejar mi respuesta de inicio para argumentar mi posición principista: no debiera existir cambio de línea de administración de gobernaciones y alcaldías, de quienes están ejerciendo el mandato y que sus titulares deban renunciar por razones electorales.

Esperar que haya un nuevo gobierno no nacido del voto y que la nueva gestión, con los derechos inherentes a la autoridad, quiera cambiarle el rumbo administrativa y políticamente a la corporación durante cinco meses, no parece muy coherente.

Imaginemos el cambio radical, o el intento de hacerlo, de funcionarios, líneas de acción, inversión y definiciones de gestión; racional y técnicamente resulta un contrasentido. Nuestras ciudades, municipios y gobernaciones no se lo merecen.

Dicho lo dicho, aparecen varias cuestiones que deben ser planteadas. ¿Y tendría que ser respetado un gobierno municipal que perdió el respaldo de la población y se encuentra criticado? ¿Tendría que seguir respetándose para que utilice el aparato público con fines electorales? ¿Y qué pasaría, como en el departamento de Tarija, si ahí ya se produjo un cambio, si la actual oposición tiene la posibilidad de recuperar la Gobernación?

Una primera respuesta ha venido por la vía fáctica desde el Beni: frente a la posibilidad que la renuncia del actual Gobernador posibilite la elección de otro de entre las filas del MAS, ha hecho que Carmelo Lens continúe en el cargo en esta mal llamada transición. Esa situación, que reposiciona a Ernesto Suárez en el liderazgo departamental, resuelve el intríngulis por lo sano. Similar situación ocurrirá, por la vía del ejemplo en San Juan. Katsumi Bani, en un raro arrebato de cordura política, ha decidido no terciar en las próximas elecciones porque considera que se han cumplido sus dos periodos electorales, y prefiere continuar hasta terminar su mandato.

¿Qué ocurrirá en Sucre, donde el alcalde Moisés Torres quiere ser candidato a la reelección, y no tiene mayoría en el Concejo Municipal? ¿Perderá el instrumento municipal frente a la expectativa de recuperarlo en mejores condiciones, por cinco años? Dicho de otra manera, ¿pondrá en riesgo a la gente que lo acompañó esperando ganar las próximas elecciones y garantizar a su equipo cinco años más?

Convengamos en que el solo hecho de analizar estas situaciones demuestran el grado de vulnerabilidad política de nuestros gobiernos sub-nacionales. Y aceptemos que debemos estar dispuestos a presenciar un posible pasanaku con los cargos y los recursos públicos.

MANDATO. La experiencia comparada tiene varias soluciones reglamentadas. O las autoridades en ejercicio no tienen que renunciar a sus cargos y se constituyen candidatos en funciones (como es el caso del Presidente y del Vicepresidente), o suponen de manera natural que, continuando el mandato asumido por el voto popular, quien concluya la gestión sea alguien del equipo político del candidato que aspira a la reelección.

¿Cómo se hace con los recursos presupuestarios para que no sean utilizados con fines electorales? Se supone, también, que el presupuesto aprobado tiene mecanismos de control y salvaguarda para evitarlo. En ambos casos estamos frente a conductas reguladas por la democracia y que necesitan de este grado de elucubración y preciosismo leguleyezco para encontrarle respuestas que nos convengan.

Nos estamos acostumbrando de manera tan natural a aceptar este tipo de intríngulis, verlos normales y no protestar frente a ellos, que considero ese es el bien colectivo más vulnerado en estos momentos.

Los valores de la democracia en su expresión republicana, poseen una serie de principios cada vez más relativizados: la independencia y división de poderes, rendición de cuentas, frenos y contrapesos, alternabilidad en el poder, nos está llevando a aceptar como un costo de la democracia la corrupción o la violencia. Varios estudios lo están registrando.

Convengamos, entonces, volver a la racionalidad y el sentido común que logre resultados previsibles en condiciones normales. Aplicando estas previsiones, la pregunta inicial formulada debería tener respuestas obvias, algunas de las cuales hemos ensayado en este artículo. A partir de las próximas semanas veremos, en los titulares de prensa, los caminos que tomarán las respuestas partidarias.

La categoría Sociedad Civil que integra la mayoría de la ciudadanía que no militamos en un partido político ni somos parte del aparato público en cualquiera de sus manifestaciones, ha perdido espacios importantes en estas materias, como consciencia crítica. El Órgano Electoral, que debiera cumplir una función de equilibrio entre el poder público y la soberanía popular, no tiene el sello de garantía para cumplir este papel.

¿Y si ocurre algo distinto de lo que estamos acostumbrados? Veremos qué ocurre. Quizá sea un buen momento para construir una nueva narrativa democrática que asuma una posición radical en favor de su fortalecimiento. Voto por la racionalidad y el sentido común.

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