Animal Político

Harakiri constitucional

El Tribunal Constitucional ha incurrido en una falacia al avalar una interpretación incorrecta de la bancada del MAS en la Cámara de Senadores, con relación a la re-reelección del Presidente y del Vicepresidente, cuyo fallo fue firmado el 25 de abril. Sin miedo hay que enfrentar esa votación.

La Razón / Fabián II Yaksic

00:01 / 05 de mayo de 2013

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la Declaración Constitucional Plurinacional(DCP) 003/2013 de 25 de abril de 2013, que declara la constitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del proyecto de Ley de Aplicación Normativa, remitido por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de la Cámara de Senadores a través del Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 6 del mismo proyecto de ley. Lamentablemente, en una actitud poco transparente y poco seria, el TCP no ha subido a su web la declaración emitida y publicó solamente una nota de prensa. No es la primera vez que esto sucede. Recordemos que el fallo sobre la Ley Marco de Autonomías se conoció muchas semanas después de haberla emitido.

En los fundamentos del “fallo” resumidos en la nota de prensa señalada, le asigna a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) las categorías novedosas de “constituyente derivado”, de “legislador constituyente” que no existen en el ordenamiento normativo nacional, aunque en otra parte la denomina “legislador ordinario”. Como “constituyente derivado”, avala la posibilidad de que la ALP pueda aprobar leyes de aplicación normativa, como en este caso, utilizando los mismos argumentos de la exposición de motivos del proyecto de ley constitucionalizado en cinco de sus seis artículos.

Con relación al artículo 2 del proyecto de ley, habla de un supuesto desarrollo normativo especificando cuál es el órgano al que se refiere el artículo 159.13 de la Constitución Política del Estado (CPE). Se olvida mencionar el TCP que en los acuerdos políticos de octubre de 2008 se cambió la voluntad del constituyente, que en el proyecto de Constitución aprobado en Oruro establecía la conformación del Control Administrativo Disciplinario de Justicia que fue sustituido por los abogados del MAS por el Consejo de la Magistratura, olvidándose de corregir ese nuevo denominativo en los artículos 159.13 y 160.6 de la CPE. La declaración constitucional avala la potestad del Senado de corregir la CPE sólo en el artículo 159.13, olvidándose hacerlo tanto el proyecto en consulta como el fallo del TCP, en el artículo 160.6. ¿Corregir los errores en la Constitución no amerita hacerlo a través de una reforma parcial de aquélla?

En el artículo 3, el TCP refiere que el proyecto sólo “reitera” lo establecido en el artículo 214 de la CPE en relación a la manera cómo se elige al Contralor General del Estado, afirmando que se evidencia “una aparente antinomia con el artículo 172.15 del la CPE”. No se trata de una aparente, sino de una más de las antinomias existentes en nuestra CPE, pues en el artículo 172.15 la CPE le asigna como atribución del Presidente “Nombrar, de entre las ternas propuestas por la ALP, a la Contralora o Contralor General del Estado...”, entre otras autoridades. Contradictoriamente, el artículo 214 de la CPE señala: “La Contralora o Contralor General del Estado se designará por dos tercios de votos de los presentes  de la ALP”. El proyecto de ley de la bancada del MAS en el Senado cambia la palabra “designará” estableciendo que “el Contralor General del Estado (ya es anticipadamente hombre por ley, me imagino pensando en el actual Contralor) será elegido por dos tercios de votos de los miembros presentes de la ALP…”. Si bien se refuerza que la ALP elegirá, ya no designará, al Contralor, no se resuelve la antinomia. Vuelvo a preguntar, ¿para superar las evidentes antinomias existentes en la CPE no se requiere más bien una ley de reforma constitucional?

Sin duda, es en el artículo 4 del referido proyecto de ley de la bancada del MAS en el que el TCP, más que una declaración constitucional, emite una declaración política, pues utiliza exactamente los mismos argumentos políticos del gobierno del MAS para viabilizar la candidatura de Evo Morales hacia una re-reelección al afirmar, en los fundamentos del fallo, que: “(…) el nuevo orden es diferente al preexistente, el nuevo orden implica una nueva era jurídico-política basada en la refundación del Estado, por ello se concluye que es absolutamente razonable y acorde con la Constitución realizar el computo del plazo para el ejercicio de funciones, tanto del Presidente como del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento en el cual la función constituyente refundó el Estado y por ende creó un nuevo orden jurídico-político”.

Es en relación a la segunda parte del artículo 4 del proyecto de ley que el TCP avala de manera absolutamente aberrante una “interpretación teleológica”, que cambia el sentido de la prescripción contenida en la disposición transitoria primera, parágrafo II, de la CPE, aplicándola “a las autoridades que después del 22 de enero de 2010, continuaron ejerciendo cargos públicos”. La exposición de motivos del proyecto de ley masista pone como ejemplo de dichas autoridades a los ministros de la antigua Corte Suprema de Justicia que ejercieron funciones hasta enero del año 2012.

La primera parte de la disposición transitoria primera de la CPE se refiere a la elección de la ALP, del Presidente y del Vicepresidente. En su segunda parte establece que “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”. No hay manera de modificar el sentido del parágrafo II de la disposición transitoria primera que claramente se refiere al Presidente y Vicepresidente y de ninguna manera a los ministros de la antigua Corte Suprema. Ésta es una grosera falacia del MAS avalada por el TCP. A decir de algún jurista, “se combate la interpretación teleológica porque su uso ofrece el peligro de la arbitrariedad. Se la utiliza en los países con gobiernos autoritarios”.

En este caso, el TCP le está transfiriendo la potestad de “interpretación teleológica” de la CPE a la bancada del MAS del Senado, haciéndose un harakiri o suicidio constitucional a su facultad privativa de función interpretativa que le otorga la CPE en el artículo 196.II. La ALP tiene como atribuciones las de “dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas” (artículo 158.I.3 de la CPE). La atribución de la ALP es la de interpretar las leyes y no la CPE.

El proyecto de ley de nombre eufemístico, “de aplicación normativa”, en realidad se trata de una ley interpretativa de la CPE. Lo que ha ocasionado el TCP es establecer una nueva y arbitraria modalidad inconstitucional de reforma parcial de la CPE. Con esta declaración, el TCP está herido de muerte institucional.

La “trampa” del Presidente o la “estrategia envolvente” del Vicepresidente tendidas a la oposición política de octubre de 2008, hoy es avalada por el TCP. Se impuso la interpretación presidencial, Evo Morales será nomás candidato en las próximas elecciones generales del 2014. Sin miedo, hay que enfrentar la candidatura tramposa e inconstitucional, para que se vayan los que están y no vuelvan los que estuvieron.

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