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Nila Heredia: Dictaduras: Bolivia es la única sin Comisión de la Verdad

Las organizaciones de Derechos Humanos acaban de presentar un proyecto de ley de creación de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación para esclarecer los hechos de violencia política de los que fueron objeto cientos de bolivianos en 18 años de dictadura militar, de 1964 a 1982.

Nila Heredia.

Nila Heredia. Foto: Miguel Carrasco.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:03 / 13 de septiembre de 2015

La primera semana de septiembre, las organizaciones de derechos humanos ingresaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de creación y funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación, entidad independiente, descentralizada y financiada con recursos del Estado que buscará, detalla el proyecto, “esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y hechos de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982”. ¿Por qué una Comisión de la Verdad hoy, a 34 años del fin de la dictadura de Luis García Meza, 37 de la de Hugo Banzer, 46 de la de René Barrientos, entre otros?

Sencillamente porque es una deuda que nos tenemos como país, por no haber investigado, revelado y hecho justicia sobre esos 18 años de violencia política bajo la dictadura militar, especialmente en lo referido a los “detenidos desaparecidos”; tiene un fin práctico, además: que el Estado boliviano deje de estar en entredicho ante la justicia continental, cuando varios familiares de las víctimas presentaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al no encontrar respuesta en Bolivia. Por lo demás, señala la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), Nila Heredia, Bolivia es el único país en la región que no ha creado esta importante Comisión de la Verdad.

— En 23 años el país no ha logrado crear propiamente una Comisión de la Verdad.

— No, no se ha logrado constituir; en realidad, (Bolivia) es una excepción en todos los países; prácticamente todos han constituido una Comisión de la Verdad. La que lo hizo de manera más completa fue Argentina.

— ¿Por qué Bolivia tiene todavía esta deuda?

— Porque hasta ahora no se ha hecho la investigación y porque hay una suerte de impunidad aceptada a partir del Estado. Excepto el juicio a Luis García Meza, ‘trabajado’ de manera tozuda por Asofamd, cuando se sumó el hecho de que ese gobierno estaba teñido de narcotráfico y el propio Ejército trató de separarse afirmando que ‘ése es un gobierno del narcotráfico, nosotros somos militares puros’. Además, entre otras cosas, a García Meza lo han imputado por la masacre de la calle Harrington, pero no está imputado por los desaparecidos, hay más de 20 desaparecidos en su gobierno. Lo que no se explica es que con un proceso tan combativo en Bolivia, hasta ahora no exista una investigación.

— Ese es el punto hoy: con el MAS cambió mucho el país…

— Con el MAS cambió harto, indudablemente. Pero para el actual Gobierno, del cual yo he formado parte y seguiré apoyando, esto no es lo más importante; la prioridad era el cambio del modelo neoliberal; para Evo y para todos nosotros, más importante era construir antes que poner primero este problema (de los desaparecidos bajo la dictadura).

— Aunque al parecer siguen siendo núcleo duro las Fuerzas Armadas.

— Por supuesto, suma a aquello. La lectura del Presidente es ‘para qué hoy nos vamos a enfrentar con el Ejército’, estoy hablando de hace siete años; ‘cómo enfrentarnos con el Ejército si tiene toda una estructura’, además la oposición, el nudo opositor crítico está en el Ejército; mejor no toquemos’.

— Ahora, la desaparición es de lesa humanidad, por eso se puede revisar hacia atrás...

— Es de lesa humanidad, por eso se puede revisar hacia atrás. Por otra parte, nosotros, familiares de detenidos desaparecidos, siempre nos hemos rehusado a aceptar de que están muertos; aceptar que han sido fusilados, por ejemplo, sería aceptar que han muerto; pero no, por eso decimos, ‘vivos se los llevaron, vivos los queremos’.

— Es una tensión irresuelta del ‘proceso de cambio’.

— Al Estado le conviene resolver este tema (de los desaparecidos). ¿Qué está ocurriendo desde hace diez o doce años? Que diferentes compañeros y compañeras han tenido que denunciar ante la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) su caso; el primero fue el impulsado por Gladys Solón, sobre su hijo Juan Carlos Trujillo; luego vino el caso de la familia Ibsen. Como aquí no se ha logrado avanzar la investigación, el caso es llevado a la Corte Interamericana, y la Corte ha fallado contra Bolivia; y no solo es que el Estado tenga que pagar, eso es secundario; sino que además, y está en la sanción emitida por la Corte, Bolivia tiene que terminar la investigación hasta encontrar los restos y a los culpables; y hasta ahora no se ha hallado nada; gana Ibsen, igualito; gana Ticona-Estrada, igual; y (el Estado boliviano) tiene en puertas por lo menos tres o cuatro casos más. Entonces, lo que nosotros decimos es: ‘no tiene sentido que el Estado reaccione por cada caso, se va a ahogar buscando caso por caso en vez de hacer lo más lógico, una investigación completa; eso le va a evitar sanciones, además de quedar mal.

— Claro, como que se lo están resolviendo un problema por fuera  que el Estado debió encarar por dentro, digamos.

— Pero claro. Por ejemplo, ahorita estamos en un juicio por el Plan Cóndor, en Argentina y en Italia, por los desaparecidos descendientes o de origen italiano, y en la lista están García Meza y Arce Gómez; ocurre que los van a sancionar y el proceso está en esos países, pero no aquí. Es un absurdo, entonces, el Estado boliviano queda mal. Luego, tenemos a los compañeros que están en El Prado; podemos estar de acuerdo o no, para nosotros el resarcimiento económico no es la prioridad, pero no pueden mantenerlos allí tres años...

— Las sanciones implican también  compromisos…

— Pagar, poner nombre a una calle, nombre a una escuela, varias cosas; pero además, hacer una investigación, y saber qué ha pasado. Ahorita la familia Quiroga Santa Cruz está llevando el caso a la Corte Interamericana; recién (en reparticiones estatales) están correteando, dando mayor importancia, porque aquello está llegando a la Corte Interamericana.

— Es de propio interés del Estado impulsar esta Comisión.

— Vamos a decir que le interesa a este Gobierno, por las características que tiene, pero el Estado está obligado a resolver estos temas y explicar, a restituir los nombres, por eso se llama Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación.

— Ustedes piden que la Comisión la elija la Asamblea, pero de nombres propuestos por las asociaciones de víctimas. ¿No es tender a ser juez y parte?

— El temor de varios compañeros es que pudieran ponerse nombres de gente no neutral, que quisieran proteger; pero también otros decimos que no estén en representación de las víctimas; ha sido una discusión interna. Ahora, puede estar una personalidad que hubiera sido víctima, pero debería estar en función de sus méritos, no en ‘representación de’. Tienen que ser personas, personalidades, que realmente garanticen que la investigación y las conclusiones sean equilibradas.

— Sugieren que la Comisión sea financiada por el Estado (TGN).

— Debe ser del Estado, porque es el Estado el responsable; si no, olvídese; hasta que se consiga un apoyo económico, nunca va a funcionar.

— Es una entidad investigadora, de libre acceso a fuentes informativas, incluso las militares.

— Tiene que investigar, por eso tiene un equipo técnico, porque pueden haber personas probas, pero que no tienen experiencia en investigación. Pero la Comisión de conjunto investiga, hace el informe a la Asamblea Legislativa y ésta decide pasar a la Fiscalía. No es una comisión ejecutiva ni está por encima del Estado; es independiente de los poderes del Estado, pero tampoco puede juzgar.

— Ya hubo experiencia con los militares, sobre sus archivos. Ahí tendrá que ser muy clara la norma.

— Tiene que ser muy clara. No es posible que todo lo del Ministerio de Gobierno se hubiera perdido, no es posible que los ministerios no tengan algo. No es que no sea importante incidir, presionar, probablemente no quieran abrir (sus archivos), pero después la presión va a hacer que los abran. Pero además hay que saber buscar, hay expertos en archivos.

— ¿Y si se ha perdido información?

— Es imposible que el Ejército pierda un papel, sería perder su Inteligencia, la mucha o la poca que tenga; es imposible que la CIA, por ejemplo, no tenga copia digitalizada.

— Demandan además que la Comisión centralice toda la información sobre la represión en dictaduras; solo esto ya sería un gran logro.

— Claro, ahí ya tenemos un montón. Los que han pedido el resarcimiento, han entregado documentos originales, una base riquísima; por eso nosotros hemos pedido una copia de aquello, nos han dicho que están digitalizando, pero esa documentación es riquísima, porque ahí están las declaraciones, y trabajar estas declaraciones es fundamental.

— También hablan de la confidencialidad en cuanto a nombres.

— Es que hay personas que dicen ‘yo voy a declarar, pero no quiero que salga mi nombre’; así, el equipo tiene que asegurar que hay confidencialidad; por eso mismo, los archivos deberán ponerse a buen recaudo; pero que esto tampoco signifique que nadie lo va a abrir, alguien tendrá que hacerse cargo. La Comisión tendrá que evaluar este tema.

— Usted ha sido o es parte de este Gobierno. ¿Qué perspectiva le ve a esta Comisión, al proyecto de ley?

— Creo que el Gobierno y el Estado necesitan resolver este tema por compromiso internacional, por el mismo Gobierno que es (popular), y las razones políticas, que hacen de este proceso como que ha ido trabajando siempre en el tema de la verdad en función de los grupos luchadores, sociales. Es una deuda que tiene el Estado. Creo que la perspectiva, más que la expectativa, la tendencia, es que (el Estado) tiene que tomar este tema; probablemente en la Asamblea se discuta quiénes constituirán la Comisión; lo que no podría hacer es poner a un miembro que puede ser cuestionable.

— Un tema no menor de vuestra demanda es que todo esto se incluya en la currícula educativa.

— Exactamente. Es parte de la memoria. Se debe conocer y estudiar esta parte de la historia; el actual proceso (de cambio) ha nacido hace mucho tiempo: las víctimas (de las dictaduras) han sembrado lo que es este proceso. Esas víctimas no están pidiendo compensación económica, están pidiendo que el actual proceso no se vaya a la deriva y no vuelva a ocurrir otra dictadura; y eso desde la escuela tiene que saberse. Por eso la investigación que haga la Comisión debe ser lo suficientemente seria y coherente, para que (aquello) no vuelva a ocurrir, que no se repita nunca más; por eso es verdad y justicia, conocer la verdad y hacer justicia.

Perfil

Nombre: Nila Heredia Miranda

Nació: 21 de septiembre de 1943

Profesión: Médica

Cargo: Presidenta de Asofamd

Vida

En los ‘70, Heredia fue militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia (PRT-B); secuestrada el 2 de abril de 1976 de su casa, fue torturada en la entonces Prefectura de Cochabamba; su caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que tras solicitar informes al Gobierno boliviano de entonces (1977), declaró que la administración gubernamental de entonces violó los derechos a su integridad y al debido proceso. 

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