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Historias de Tierra Caliente

Neutralizar al cártel de Los Templarios, contra el que pelean las autodefensas, requiere una coordinación inédita de las fuerzas federales, pero Michoacán necesita una reforma profunda que nadie sabe cómo abordar.

La Razón (Edición Impresa) / Enrique Krauze

00:00 / 16 de febrero de 2014

Las guerras y revoluciones de México fueron estallidos del subsuelo social, de enorme fuerza destructiva (y liberadora) que tardaron mucho en aplacarse. Tras ellas vinieron largos periodos de paz interna y desarrollo económico. ¿Dónde estamos ahora? Si las reformas económicas aprobadas en 2013 atraen inversión y se instrumentan con eficacia y honestidad (un gran si), el mayor obstáculo será la falta de paz interior. La fuerza del crimen organizado y la debilidad de las instituciones y las leyes en materia penal mantienen algunas zonas de México en estado de erupción.

A partir del año 2000 en que transitó a la democracia, este país ha vivido un nuevo ciclo de violencia, ya no ideológica ni social, sino criminal. Las escenas que aún circulan en las redes sociales son de una crueldad indescriptible. Aunque los cárteles del narco y el crimen organizado (aliados a altos mandos políticos) venían creciendo desde los años 70, nadie previó la paradójica razón de su florecimiento: al limitar el poder casi dictatorial del presidente, la democracia —un bien en sí mismo, por supuesto— tuvo el efecto centrífugo de favorecer la autonomía de los poderes criminales ligados a los políticos locales y a los policías corruptos. Comenzó la guerra civil entre los cárteles y la guerra entre ellos y el Estado. El presidente Vicente Fox (2000-2006) pecó por omisión: practicó una política de avestruz; el mandatario Felipe Calderón (2006-2012) pecó por comisión: optó por una guerra frontal, apagó el fuego con gasolina. La espeluznante cifra de muertos rebasa los 80.000.

Muy poco a poco, en un proceso de regeneración política, policial y social apenas embrionario, el Estado ha vuelto a recuperar espacios. Algunos de los grupos más sanguinarios como los Zetas, que han operado en los Estados del Golfo de México, han sido minados y han mudado su base de operación a Centroamérica. Algunas ciudades clave de la frontera (Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey) precariamente han comenzado a recobrar un mínimo orden. Pero el debilitamiento de algunos cárteles (Cártel del Golfo, Tijuana) y la muerte o captura de varios capos ha prohijado grupos armados que actúan por cuenta propia, ya no en el complejo negocio de las drogas, sino en el más asequible de la extorsión y el secuestro.

La actual erupción ocurre en el bellísimo Estado de Michoacán (indígena, colonial, lacustre, montañoso y… volcánico) al occidente de México, que fue escenario central de todas las guerras mexicanas del siglo XIX y XX: la Independencia, la Reforma, la Intervención Francesa, la Revolución y la Guerra Cristera. Ningún criminal de la era revolucionaria fue comparable al michoacano Inés Chávez García, cuyas hordas saquearon e incendiaron pueblos enteros. Hace años, coludido con las autoridades políticas y policiacas locales y estatales, comenzó a operar un grupo criminal denominado La familia michoacana, cuya supuesta vocación —inscrita en su nombre— era ayudar a la gente a mejorar sus vidas y a expulsar a los Zetas de Michoacán. En el proceso, adquirieron un inmenso poder y permearon capas enteras de la sociedad. Una de sus líneas de negocio era la producción de drogas sintéticas en laboratorios secretos de la escabrosa sierra. Tiempo después, por una misteriosa metamorfosis, La Familia (o un sector de ella) se transformó en Los Caballeros Templarios. Este grupo practica la extorsión sistemática a una escala sin precedente. A riesgo de perder los bienes o la vida, nada ni nadie se escapa: hogares, farmacias, consultorios, oficinas públicas, industrias, almacenes, tiendas, escuelas, estaciones de gasolina, agricultores del limón y el aguacate, tortillerías... Michoacán es un estado secuestrado.

Hartos de esta situación, en febrero de 2013 surgieron grupos armados de autodefensa, compuestos por rancheros o pequeños empresarios, algunos de ellos antiguos migrantes a Estados Unidos. No son los primeros en Michoacán que deciden tomar la justicia en sus manos: hace tres años los comuneros indígenas del pueblo de Cherán desconocieron a las autoridades civiles y decidieron colocar trincheras y guardias armados en las entradas de sus pueblos para evitar las incursiones de los talamontes que han diezmado los bosques, patrimonio milenario de esa comunidad.

El epicentro de la acción que confronta a Los Templarios con las autodefensas es la zona llamada Tierra Caliente, que desde tiempos coloniales —por su aislamiento, su clima tórrido, sus agrestes faunas y floras y la índole violenta de su gente— ha sido la sucursal mexicana del infierno. Fray Diego Basalenque, cronista de Michoacán en la primera mitad del siglo XVII, la describió así: “Para quien no ha nacido allí, inhabitable, y para los nativos, insufrible”. Cuando en 1785, Miguel Hidalgo (el libertador de México) solicitó al obispo alguna parroquia vacante exceptuó prudentemente de su petición las de Tierra Caliente. A lo largo del tiempo, la región ha visto frustrados varios experimentos de desarrollo: agrícolas, mineros e industriales. Un inmigrante italiano, Dante Cusi, fundó ahí a principios del siglo XX las prósperas haciendas arroceras de Lombardía y Nueva Italia. El general Lázaro Cárdenas las expropió para ensayar en ellas, sin éxito, un ejido colectivo, una especie de Kolkhoz mexicano. A fin de cuentas, la propiedad se pulverizó y la región se pobló de empresas americanas productoras de melón que arrendaban tierras de los lugareños. La gente siguió siendo ingobernable. No es casual que Tierra Caliente sea el santuario de Los Caballeros Templarios.

Recientemente, las fuerzas federales (Policía, Ejército) han ocupado ese territorio. Tras desplazar a la corrupta Policía municipal, han establecido una cierta convivencia con los grupos de autodefensa. Aunque hay versiones de que algunas autodefensas tienen apoyo del cártel rival de Los Templarios (Nueva Generación, de Jalisco) el Gobierno de Enrique Peña Nieto parece decidido a propiciar la incorporación de estas fuerzas de vigilantes a la esfera legal (hasta con una denominación nueva) como lo hicieron dos grandes gobernantes de México, Benito Juárez y Porfirio Díaz, que respectivamente crearon y desarrollaron el cuerpo de los Rurales, que pacificó al país en las últimas décadas del siglo XIX.

Esta integración no será fácil y puede resultar contraproducente si los grupos de autodefensa —de resultar triunfantes— emulan a los paramilitares colombianos. Pero ése no es un desenlace inevitable: los vigilantes tienen el apoyo mayoritario de la población y de respetados sacerdotes, que reconocen en ellos un movimiento genuino de liberación. Solo el tiempo dirá si la arriesgada apuesta fue juiciosa.

La neutralización definitiva de Los Templarios requerirá un trabajo inédito de coordinación e inteligencia entre las diversas dependencias oficiales, trabajo que necesariamente llevará tiempo. Y supondrá “rehacer el tejido social” (eufemismo sobre la necesaria atención a una zona relegada). Peña Nieto ha prometido una derrama económica sin precedente sobre el Estado. Su intención es convertir a Michoacán en un ensayo de reconstrucción aplicable a otras zonas devastadas: Tamaulipas, Guerrero.

La iniciativa es importante, pero deja al margen la reforma fundamental, la del Estado de derecho. Nadie sabe cómo abordarla (Gabriel Zaid, el respetado ensayista, ha sugerido comenzar por modernizar las cárceles). Mientras ocurre, la vida en algunas zonas de México recuerda la descripción de Hobbes: “solitaria, pobre, desagradable, bruta y breve”. Pero ahora no podemos ya recurrir al Leviatán del pasado, el sistema del PRI, que controlaba el crimen a través de su propia estructura de corrupción y poder. Ahora necesitamos afianzar un orden democrático que haga cumplir las leyes (sobre todo en el ámbito penal) y recupere el monopolio de la violencia legítima en los territorios conflictivos.

Michoacán puede resultar un buen comienzo y 2014, un año propicio: fue en Apatzingán, capital de Tierra Caliente, donde José María Morelos, el otro caudillo de la independencia, inspirado en la de Cádiz, promulgó en 1814 la primera Constitución de México. Y Apatzingán es, desde el 8 de febrero, tierra libre de templarios.

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