Animal Político

La IX marcha: crónica de un conflicto inacabado

El efecto político del Tipnis

La Razón / La Paz

00:01 / 06 de mayo de 2012

María Teresa Zegada

No puede sino llamar la atención la realización de una medida de presión cuando, hace pocos meses, una movilización similar consiguió los objetivos propuestos. En otras palabras, hace pocos días arrancó la IX marcha indígena, cuyo objetivo central es la defensa del parque Isiboro Sécure y la preservación de las comunidades indígenas mediante el rechazo a la apertura de la carretera Cochabamba-Beni por el centro del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). Dichas demandas, sin embargo, se consolidaron exitosamente en la Ley 180, como resultado del proceso de negociación entre los pueblos indígenas y el Gobierno a la conclusión de la marcha indígena precedente en octubre pasado.

La VIII marcha se inició en agosto de 2011 y culminó con la suscripción de un acuerdo que luego se plasmó en la Ley 180. Dicha movilización fue considerada exitosa por varias razones que puntualizamos a continuación: la primera, porque  después de un sacrificado trayecto que conllevó costos humanos importantes, logró llegar a su destino, es decir a la sede de gobierno, aproximadamente dos meses después de su inicio; en segundo lugar, porque después de un arduo proceso de negociaciones consiguió que los gobernantes cedan en su inicial posición de realizar “sí o sí” la carretera por el corazón del TIPNIS y se elabore una “ley corta” que, entre sus puntos centrales, contemplaba la intangibilidad de dicho territorio; en tercer lugar, porque la marcha durante su trayecto, pero sobre todo en los últimos kilómetros antes del arribo a su destino, logró un objetivo no planificado aunque profundamente anhelado, que fue la adhesión y solidaridad de amplios sectores sociales que se volcaron a las calles en vigilias, marchas, mítines y colectas solidarias a favor de los marchistas, que fueron apoteósicamente recibidos en las calles de la ciudad de La Paz.

Por último, la marcha consiguió posicionar, no sólo en la agenda pública nacional, sino también en el imaginario colectivo de los bolivianos, dos controvertidos temas que se encontraban invisibilizados en las preocupaciones cotidianas y que han permitido generar una conciencia social respecto de los riesgos sobre el medio ambiente, la preservación de bosques y áreas protegidas, así como sobre la existencia y necesidades de los pueblos indígenas de tierras bajas.

Después de este complejo episodio que comprometió discursos, acciones estratégicas, movilizaciones y procesos de recomposición de fuerzas políticas, y que pareció haber concluido con la sanción legal mencionada, se reinician las movilizaciones en reacción a una serie de acciones estratégicas del Gobierno y los sectores sociales afines, que intentan, de diversas maneras, buscar la reconsideración de dicha ley.

En esa línea, se realizó  la “contramarcha” promovida por el Consejo Indígena del Sur (Conisur), que emulando la movilización de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), inició su recorrido desde la zona del TIPNIS también hacia La Paz, esta vez por Cochabamba y en demanda de la construcción de la carretera y la anulación de la Ley 180. Luego, y como consecuencia de esta medida de presión, la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió discutir y aprobar una Ley de Consulta Previa (la 222) para definir el destino de la carretera y la intangibilidad del territorio establecidos en la ley corta. Del mismo modo, realizó una serie de incursiones al territorio indígena, en muchos casos comandadas por el propio Presidente, para conversar con los corregidores y comunarios  sobre el tema, y procedió a la distribución de una serie de incentivos selectivos como, por ejemplo, equipamiento para beneficiar a los pobladores de la zona y de esa manera convencerlos de las bondades de la consulta y, por supuesto, de la carretera.

En este escenario se lanzó la IX marcha —quizás no fue la medida más adecuada, habiendo otras formas de presión más efectivas e innovadoras—, sin duda, debilitada en relación a la anterior, pues, se sumaron menos cantidad de comunarios, con menor fortaleza para lograr su cometido, y con cierta ambigüedad en sus propósitos que aparecen poco convincentes, ya que implican, entre otras cosas, el rechazo a la medida de consulta previa.

La consulta como tal es por supuesto un mecanismo adecuado para tomar decisiones cuando existe el riesgo de afectar a los pueblos indígenas; además, se encuentra enmarcada en una normativa internacional reconocida (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) y fue exitosamente aplicada en otros países, por lo que un rechazo a dicho procedimiento aparece como un signo de intolerancia con una medida democrática. Pero en realidad, tal como fue planteada, resulta funcional a los intereses del Gobierno, pues, está concebida para reconsiderar la Ley 180, y, por tanto, nació con un signo de desconfianza en la percepción de los pueblos indígenas movilizados y carece de credibilidad. 

Los escenarios actuales de un conflicto inacabado se dirimen, por tanto, en las carreteras, con serios riesgos de confrontación y violencia no sólo entre indígenas y el Estado (el cual entendió que la vía de la represión no sólo que no es la más adecuada, sino que potencia las movilizaciones), sino entre los propios pueblos indígenas de la zona o entre indígenas y campesinos.

El otro escenario es el legal, en el que se debate la constitucionalidad tanto de la Ley 222 —por una demanda del MSM (Movimiento Sin Miedo— o se pretende también impugnar la Ley 180 en el mismo sentido por parte del Gobierno. Los plazos de la consulta han sido apropiadamente ampliados, aunque su aplicación, temprano o tarde, resulta cuestionada y rechazada por uno de los sectores en conflicto, el que justamente debía ser uno de los actores principales de la consulta.

En esta problemática, como en muchas otras, más que el debate argumentativo sobre la pertinencia o no de la carretera o la discusión en una mesa de negociación definitiva sobre los temas en disputa, existe el predominio de una pulseta política y de una guerra de movimientos que puede ser desventajosa para los pueblos indígenas, a menos que logren insertarse en un campo de conflictividad más amplio e involucrar a otros sectores ciudadanos.

La IX marcha y sus lecciones

Erika Brockmann Quiroga

La IX marcha indígena plantea una  plataforma de demandas cuyo contenido y alcance trascienden el conflicto suscitado por la inminente construcción de una carretera  que atravesaría el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Hoy me pregunto ¿cuáles son las lecciones aprendidas de este dilatado conflicto? y ¿por qué tanta incertidumbre respecto a las consecuencias del segundo capítulo de un conflicto necesariamente político cuyo alcance nacional e internacional está fuera de duda?

Lo que mal comienza mal termina: No ha bastado suspender la construcción de la polémica carretera ni anunciar el alejamiento de la empresa OAS, ni postergar la “consulta previa” (póstuma para muchos) para que los defensores legítimos del TIPNIS desistan de la IX marcha. De nada sirvió el esfuerzo oficial para aclarar que la Ley 222 no contradice el espíritu de las conquistas de la VIII marcha. Es que para resolver un problema de múltiples aristas como éste, lo que correspondía era el retorno a los vicios más antiguos: rectificar de “buena fe” los oscuros y hasta ausentes procedimientos técnico-administrativos para encarar intervenciones de la magnitud de una carretera en sus distintos tramos.

Lamentablemente, el Gobierno no recogió la experiencia en materia de consultas previas, que ya se empezaron a aplicarse desde la aprobación de la Ley del Medio Ambiente y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puesto en vigencia sin tantos bombos y platillos en el gobierno de Jaime Paz Zamora.

Cuestión de fe: Se perdió la confianza y se pulverizó la imagen de un proyecto político que discursivamente enarboló (romántica y/o demagógicamente) la defensa de la Tierra. Sin anestesia, se fue al extremo, se desnudó la opción por un desarrollismo que ni siquiera rescata lo mejor de experiencias de desarrollo sostenible incluidos en La otra frontera (PNUD, Informe Desarrollo Humano 2008). El TIPNIS derivó en la pérdida de credibilidad del Gobierno, el cual no puso paños fríos para recuperar la confianza perdida en el bloque indígena de tierras bajas, ni en la población urbana que masivamente se identificó con su demanda. Al contrario, persistió en su estrategia de invitar al diálogo y desprestigiar a los líderes del TIPNIS.

La demagogia y la prebenda tienen límites y consecuencias no deseadas: el Gobierno puso “toda la carne al asador”; es decir, activó los dispositivos de poder, más bien de poderío, para modificar la correlación de fuerzas y la opinión en torno a la carretera con una campaña mediática millonaria y la prebenda, aprovechando de la pobreza de una población marginada; la presencia militar es un ingrediente que no podía faltar, al igual que el hostigamiento a los líderes del parque. 

En un principio, la marcha pareciera haber nacido débil como consecuencia de esta avasalladora campaña de entrega de “espejitos colonizadores” (parabólicas, motores, etc.). Sin embargo, se ven fisuras entre los dirigentes cooptados y las bases indígenas: todo indica que a mayor poderío desplegado por el poder oficial, éste pierde capacidad de convencimiento. Está por verse si David se fortalece y llega a doblegar a Goliat… esta metáfora funciona en el imaginario popular. 

La idea de “autodeterminación” de los pueblos indígenas se sobregiró disminuyendo las posibilidades de articulación del Estado integral proclamado por Álvaro García Linera: durante el proceso constituyente se vendieron sueños incorrectos. Hoy, el Gobierno paga el precio de esa demagogia y de promesas de “autonomías indígenas”  que hoy incumple no necesariamente por “traición”, sino por ser “inviables” de ser cumplidas… Es prisionero de sus excesos. ¿No es hora de sincerarse y abrir el debate franco para aterrizar a la realidad de lo posible en materia de “autogobierno” que no es lo mismo que soberanía? Ello también implica ponernos de acuerdo sobre el modelo de desarrollo sostenible deseable. Ésta es una tarea política en el buen sentido de la palabra. El caso TIPNIS es apenas la punta del ovillo de conflictos presentes y futuros en materia ambiental exacerbados por énfasis en las diferencias étnicas y culturales.

Los cocaleros y los “interculturales” obstaculizan soluciones: el proyecto político del cambio tiene hoy como núcleo duro de sustentación a cocaleros y colonizadores inapropiadamente autonombrados como “interculturales” y poco respetuosos de la naturaleza y la institucionalidad. Su afán “colonizador” por ampliar la frontera agrícola y cocalera, a costa de los parques y de avasallar a pueblos minoritarios, se hace sentir. Resulta inocultable el poco interés o debilidad del Gobierno para ponerles límites. Los cocaleros, con sus santos y no santos intereses, profundizan el desgaste del oficialismo y del Presidente.

El conflicto inauguró prematuramente el periodo “preelectoral” con miras a las elecciones de 2014: en este contexto, oficialismo, oposición y actores involucrados desplegarán estrategias electoralistas que serán obstáculo para encontrar soluciones estructurales y responsables a un problema de la magnitud del TIPNIS. El Gobierno dará rienda suelta a discursos que lleguen a las mayorías que demandan desarrollismo a secas, subestimando la minoría aritmética de los pueblos indígenas de tierras bajas. Las oposiciones (en plural), de no encarar en serio un esfuerzo por articular un proyecto alternativo que recupere “ingredientes” del proceso de cambio, seguirá siendo un archipiélago poblado de discursos múltiples y contradictorios. Mientras priorice una estrategia de desgaste al Gobierno, “convirtiéndose en más pachamamistas que el otrora discurso oficial”, no capitalizará para sí el desgaste de un Gobierno “galvanizado” por la bonanza económica.

Cerca de la realización de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país, al Gobierno le preocupa la IX marcha. Por otra parte, a pesar del creciente apoyo a la marcha y al agigantamiento de “David”, nada garantiza que se reedite la victoria de la VIII marcha, aún cuando el Gobierno acceda a sus peticiones. Estamos lejos de una respuesta, al contrario, todo apunta a más treguas sin solución y mayor confusión.

Si en la cueca y en gastronomía “no hay primera sin segunda”, en política no necesariamente en la repetición (de la segunda marcha) está el gusto (verdadero triunfo).

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