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Insistiendo en la esperanza

Urge otro 31 de octubre. El desafío está hecho: ¡Fundir e industrializar nuestros minerales en Bolivia!.

La Razón (Edición Impresa) / José Pimentel y Édgar Ramírez son exdirigentes mineros

00:00 / 21 de noviembre de 2018

La oligarquía o “rosca” del estaño fue derrotada con las armas a manos de los mineros el 11 de abril de 1952; ellos impusieron la Nacionalización de las Minas, aun contra el pensamiento movimientista. La consigna provenía del movimiento obrero, de los universitarios autonomistas, de la intelectualidad revolucionaria y de la conciencia acuñada en la Guerra del Chaco.

Los deseos de justicia y libertad pronto chocaron con la realidad: no había a quién vender el estaño sino a Simón I. Patiño, protegido y hospedado en Estados Unidos, como dueño de las fundiciones y del mercado mundial del metal. El negocio minero no está en quien extrae el mineral, sino en quien tiene la capacidad de ponerlo en el mercado. La frustración se convirtió en un clamor: fundiciones de estaño en Bolivia.

Las minas en manos del Estado generaron 85% de las exportaciones, recursos que fueron volcados a la “diversificación e integración del país” —la creación del agropoder— mientras no se reinvertía recursos en la minería ni en fundiciones. Se envenenó al paciente ante la incapacidad de matarlo, y ahora que no había otra fuente de qué vivir, había que revivirlo: racionalización, descentralización, modernización, capitalización, inventaron decenas de adjetivos para cumplir un fin: Bolivia debería quedarse como proveedora de materias primas, y eliminarse la participación obrera en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Fue larga la lucha contra el Plan de Estabilización Monetaria (1957), Plan Triangular (1961), Sistema de Mayo (1965), Poder Dictatorial (1971), Plan de Rehabilitación (1980) y liquidación de la nacionalización de las minas en 1985/21060. “No se desnacionalizó”, “se capitalizó”, es la fábula de los neoliberales para burlar la Constitución.

Simplemente se destruyó a la empresa encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos del 31 de octubre de 1952.

Comibol fue convertida en administradora de contratos de riesgo compartido y de arrendamiento, con cánones inferiores a los que pagaban Patiño, Hochschild y Aramayo. Ya en 2000 no contaba con una sola unidad productiva. Su planilla de trabajadores fue reducida a 117 empleados denominados “consultores”, encargados de cobrar alquileres y contratos de riesgo compartido.

El movimiento minero fue diezmado a fuerza de sucesivos estados de sitio. Se sembró la desesperación en los campamentos mineros suprimiendo la pulpería (comida), la salud y las escuelas, con un salario básico miserable que, comparado con los 80 pesos mensuales que recibía el relocalizado, era la mitad. Luego vino el cañonazo de dólares para lograr el retiro “voluntario”, y para aquellos que aún podían soportar el hambre defendiendo a la Comibol, idearon una yapa: la vivienda se la entregaba en propiedad.

Se borró la centralidad e irradiación de la fuerza minera, concepto que alude a su capacidad de convocar al pueblo boliviano a la acción desde su lucha, capaz de contagiar un modo de vida digno de imitarse. Acciones que le permitieron ganarse el título de vanguardia.

La privatización no solo llegó a la minería, se extendió a toda actividad  económica y social. La angurria invadió a los servicios básicos, como el agua, se despojó del orgullo nacional, pretendiendo potenciar a Chile para la venta del gas. De nuevo la bronca, convertida en rebelión: Guerra del Agua, Guerra del Gas.

El Proceso de Cambio, sin la fuerza social explosiva para el desmontaje de la privatización en la minería, eligió el camino del cambio normativo. La nueva Constitución (2009) señala que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado asumirá el control, la dirección y fiscalización de toda la cadena productiva”; la Ley de Minería (2014) destaca que son de carácter estratégico y de prioridad nacional la industrialización de minerales y metales, y que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) es la responsable de dirigir y administrar la industria minera; y la Ley de la Empresa Pública (2013) responsabiliza al COSEEP la designación del Directorio y señala la fecha de inicio.

Esta normativa quedó pendiente porque no se nominó el Directorio de la Empresa Corporativa. El actual Directorio General de la Comibol sigue siendo el establecido por el Código Minero de Sánchez de Lozada.

Ahora, ¿cuál es la situación de la minería nacional? La minería nacionalizada, según el Anuario 2017 del Ministerio de Minería, controla solo el 7,7% de la producción del sector; eso es lo que controla el Estado boliviano, el resto es privado.

La producción minera es esencialmente de concentrados de minerales, en particular complejos de zinc, plomo y plata. Los costos de fundición en el exterior bordean el 50% del valor bruto, la comercialización al exterior está controlada por las transnacionales en un 100%. Además, no recibimos nada por los productos agregados que se van sin ser declarados (indio y cadmio). La renta minera para el Estado es de 10% del valor de la exportación.

La Comibol produce mayormente estaño, toda su producción se funde en el país, por eso tiene más utilidades —proporcionalmente— que otras empresas mineras. Los complejos de zinc-plomo-plata tienen un valor bruto de $us 1.916 millones; por tonelada tratada en el exterior se paga $us 1.658. Si se compran dos plantas de fundición de zinc con una capacidad de producción de 100.000 TMF cada una, a $us 520 millones, las dos plantas se pagarían en tres años, sin tomar en cuenta los ingresos adicionales por el indio, de $us 100 millones al año.

Los esfuerzos del Gobierno plurinacional no tienen su correlato con lo ejecutado en la minería. Urge otro 31 de octubre. El desafío está planteado: ¡Fundir e industrializar nuestros minerales en Bolivia!

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