Animal Político

Intangibilidad a cambio de la carretera

Con la consulta previa, el Gobierno quiere que los indígenas del TIPNIS decidan si se mantiene la Ley 180, que prohíbe cazar y sembrar, o , al contrario, se anule, para viabilizar la construcción de la carretera.

La Razón / Gonzalo Colque es director de la Fundación Tierra. / La Paz

00:00 / 19 de febrero de 2012

Los cronistas de la colonización española cuentan cómo los indígenas de las Américas generosamente entregaban el oro que poseían a cambio de las baratijas que les entregaban los recién llegados; por ejemplo, copas de vidrio, trozos de vasijas, pedazos de espejo u otros similares. Pero pronto quedó atrás esta relación, consentida hasta cierto punto por los indígenas. Haciendo uso de su poder militar, los españoles sometieron a los pueblos amerindios, les despojaron de su riqueza y libertad con engaños, castigándoles con crueldad si acaso no reunían la cantidad de oro que exigían a cambio de nada.

En los tiempos modernos, esta historia de cambio de oro por espejos se repite más de una vez, como cuando los indígenas son obligados —o sutilmente inducidos— a entregar su territorio a gobiernos y empresas transnacionales a cambio de una ínfima parte de su valor. En estos días, una historia similar está a punto de llegar al mismo resultado. Se trata de la situación que atraviesan los pobladores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El TIPNIS es hábitat de tres pueblos indígenas —t’simane, yuracaré y mojeño-trinitario—que después de años de lucha gozan legalmente de los derechos colectivos de propiedad sobre los recursos naturales de su territorio. La Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 no sólo ratifica la vigencia de estos derechos, sino que los constitucionaliza como derechos de uso y aprovechamiento “exclusivos” a favor de las comunidades indígenas. De esa manera, en los papeles, el Estado dejó casi en cero su rol de control y regulación para proclamar que estaba devolviendo a los pueblos indígenas su territorio y su libre determinación.

Pero cuando de forma inconsulta el Gobierno decidió ejecutar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del TIPNIS, quedó en evidencia que importaba más el postulado presidencial de“sí o sí” a la carretera, y mejor si se construye sin consulta, porque este proceso “hace perder tiempo”. La VIII Marcha Indígena rechazó esta actuación; frenó al Gobierno, aunque sólo de forma temporal. El oficialismo, desesperado por desmovilizar a los indígenas, no tuvo otra opción que aprobar la Ley  180 de protección del TIPNIS, pero, claro está, sin renunciar al proyecto caminero. A pocos días de la llegada a La Paz de la marcha de octubre de 2011, los legisladores indígenas habían presentado el anteproyecto de ley que pedía protección para el TIPNIS, a fin de que este territorio sea una “zona intangible de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas t’simane, yuracaré y mojeño-trinitario” (artículo 1, I). Obviamente, el Gobierno no estuvo de acuerdo con tal pretensión; por eso, la Asamblea Legislativa Plurinacional suprimió el término en cuestión, aprobó la ley y la remitió de inmediato al Presidente del Estado para su promulgación.

El Gobierno tardó tres días en cambiar de parecer. Evo Morales devolvió la ley sin su firma a la Asamblea Legislativa, con la recomendación por escrito sobre la reposición del término intangibilidad, pero ya no como una medida de protección para los indígenas, sino para restringirles el acceso y uso de los recursos naturales; convirtiéndolo de escudo de protección del territorio indígena a espada de opresión gubernamental. Los indígenas agotados por la caminata y con su salud menguada, apenas alcanzaron a expresar su molestia y a señalar que la nueva postura gubernamental era más que sospechosa. Días después, un gobierno herido en su ego inició una intensa campaña para aplicar su versión de intangibilidad del TIPNIS. Mostraron imágenes tomadas desde helicópteros para denunciar que, supuestamente, los indígenas habían permitido la depredación del bosque a madereros, empresas turísticas y otras actividades empresariales. El amedrentamiento a los indígenas probablemente quedó mejor plasmado en la frase del senador Isaac Ávalos: “La intangibilidad significa no cazar, no sacar madera, no sembrar y no tocar la tierra”.

Los oficialistas exigieron que los líderes indígenas de la marcha explicaran a sus comunidades sobre las graves implicancias que tenía la declaratoria de intangibilidad. De esta manera, el Gobierno convirtió una virtud en pecado y culpó de esta situación a la dirigencia indígena.

A la vez, se mostró predispuesto a disipar esa nube negra. Por supuesto que no quiso actuar de oficio; habría sido demasiado evidente. Por eso, otra marcha indígena fue organizada, no sabemos con certeza por quién o quiénes, pero estaba liderada por el Consejo Indígena del Sur (Conisur) para pedir la anulación de la Ley 180 y la construcción de la carretera. El Gobierno accedió a la demanda de la facción indígena del TIPNIS a la que ofreció no exactamente lo que le había pedido, sino un proceso de consulta para saber si las comunidades deseaban que se anulara la intangibilidad y, a la par, viabilizar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

De esta manera, el Gobierno hizo de la intangibilidad un arma de sojuzgamiento que pone en el centro de la consulta establecida en la Ley  222.En los próximos cuatro meses, la administración Morales consultará a los indígenas del TIPNIS si desean mantener la declaratoria de intangibilidad —entendida, según el oficialismo, como las prohibiciones a la caza, siembra y uso de los recursos del bosque— o desean que el Gobierno anule dicha declaratoria, por supuesto, a cambio de la construcción del tramo II de la carretera.

Las autoridades tienen la intención de obligar a los indígenas a someterse a la inminente invasión de su territorio y destrucción de sus recursos naturales a cambio de casi nada.

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