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‘Invisibles’ pero efectivos gobiernos transitorios

Los gobiernos transitorios, aunque de muy corta duración y escasa visibilidad, pueden afectar o distorsionar el decurso y los resultados de la elección municipal.  Así, los aspectos relacionados con este tema, que apenas se percibe, deben estar previstos en la Ley Electoral y reglamentos.

La Razón (Edición Impresa) / María Teresa Zegada

00:01 / 14 de diciembre de 2014

El paso de una gestión política a otra, como producto de un proceso electoral, presenta en ocasiones gobiernos de transición ocupados por terceros, que aparentemente solo son continuadores del antiguo régimen y se constituyen en facilitadores de la entrega del poder a las nuevas o antiguas autoridades electas. Esta situación se genera de manera específica cuando autoridades municipales en ejercicio se convierten en candidatos para buscar su reelección.

Sin embargo, hay varios temas políticamente complejos relacionados con este breve “momento” del proceso de cambio de autoridades a nivel subnacional, puesto que, como todos sabemos, en el caso de elecciones generales, la postulación del Presidente en ejercicio como candidato para su reelección continua no precisa de una renuncia explícita previa para habilitarse como tal, según manda la actual Constitución.

Ahora bien, los gobiernos transitorios, en términos administrativos, no significan un mayor problema  debido a que su misión es simplemente dar continuidad o cerrar la gestión anterior, y crear las condiciones para la entrega del aparato burocrático a las autoridades electas; sin embargo, se convierte  en un problema complejo cuando se incorporan las variables políticas, especialmente en los casos en que el alcalde o gobernador renunciante va a postularse a una nueva gestión inmediata y la autoridad interina o transitoria resulta ser de un partido opositor al del candidato.

La Constitución Política del Estado vigente establece que quienes quieren postularse a cargos electivos, deben renunciar tres meses antes del día de  la elección (Art. 238, inc. 3). De acuerdo con la Ley Transitoria 4021 vigente para la próxima elección subnacional (con modificaciones realizadas y aprobadas en octubre de 2014), en el caso de los gobernadores no hay mayores dificultades, porque las autoridades que renuncien para habilitarse serán reemplazadas por el Secretario General de la Gobernación, personaje de confianza de la autoridad renunciante, el cual garantiza la continuidad de la gestión en los términos anteriormente planteados y, de alguna manera, garantiza la lealtad con el futuro candidato; en cambio, en los municipios, de acuerdo con sus reglamentaciones, se deposita en el Concejo Municipal la responsabilidad de elegir un sustituto por los tres a cuatro meses establecidos hasta que la nueva autoridad electa asuma el mando, por tanto, en este caso, la autoridad transitoria depende de la correlación de fuerzas en esa instancia legislativa.

INCERTIDUMBRE. La autoridad interina tiene en sus manos un arma potente para lograr, en algunos casos, apoyar a “su” candidato, por ejemplo fortaleciendo a la autoridad renunciante y destacando los rasgos positivos de su gestión o bien, en caso de que resulte ser de oposición, desplegar las estrategias más creativas y calculadas para descalificar políticamente a la saliente autoridad y candidato, y afectarlo en su desempeño electoral durante la campaña. En este último caso, se crea una gran zona de incertidumbre alrededor de las autoridades/candidatos frente a su sucesor transitorio, y ciertamente generan una clara impotencia respecto a la orientación y acciones de la  administración transitoria.

Evidentemente, resulta racional y adecuado solicitar la renuncia de una autoridad para habilitarse como postulante. El espíritu de esta disposición está en impedir el uso personal y político partidario del aparato burocrático a favor de determinada  candidatura; es decir pretende descontaminar la gestión pública de la política electoralista; no obstante, esta disposición no prevé sus posibles distorsiones.

La primera, se produce en los casos en que el aspirante es afín a la autoridad transitoria; allí los riesgos del uso del aparato estatal son evidentes ya que en muchas ocasiones, al igual que ha sucedido a nivel nacional, se constata la delgada línea que existe entre la definición de una campaña electoral y la simple difusión de los “éxitos” de la gestión. 

En ese sentido y para intentar atenuar sus impactos, la Ley de Régimen Electoral  de 2010 prohíbe explícitamente (en el Art. 125, inc. a) utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas; junto a una serie de prohibiciones establecidas en la misma ley destinadas a los servidores públicos respecto al concepto de propaganda electoral, que en este caso podría favorecer a los postulantes afines, detallados en el artículo 126 incisos I y II. Sin embargo, como se ha podido apreciar en elecciones pasadas, estas disposiciones no se cumplen, o dependen de la capacidad de hacer cumplir por parte de las autoridades competentes del organismo electoral, y por supuesto, de la  voluntad de los responsables, cuya actuación ha sido reiteradamente cuestionada al menos en los últimos comicios.

Ahora bien, si la autoridad que encabeza el gobierno municipal transitorio resulta ser opositora al candidato renunciante, como se prevé que va a suceder, por ejemplo, en el caso de la Alcaldía de La Paz, el asunto se complejiza porque es probable que lejos de beneficiar al aspirante o ejercer una gestión “neutral”, la autoridad interina tiene en sus manos la posibilidad de descalificar desde adentro a la exautoridad/candidato.

Esta situación se puede producir en varios casos que actualmente están en la carrera hacia la reelección, como sucede en algunas de las principales ciudades capital, como  Luis Revilla en La Paz, Percy Fernández en Santa Cruz de la Sierra, Edwin Castellanos —el Cholango— en el municipio de Cercado en Cochabamba, entre otros.

De esta manera, los gobiernos transitorios, aunque de muy corta duración y escasa visibilidad, pueden afectar o distorsionar el decurso y los resultados de la elección municipal,  por tanto, los aspectos relacionados con este tema, que apenas se percibe, deben estar previstos en la Ley Electoral y sus reglamentos.

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