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La explicación argentina no nos satisface, esa es la verdad

A raíz de un decreto que modifica la Ley de Migraciones argentina, acelerando los procesos de expulsión, una delegación boliviana presidida por Gonzales viajó allí para conocer el tema en el terreno. Aparte de las explicaciones y aclaraciones de parte de las autoridades argentinas, lo más valioso que se obtuvo fue crear un mesa técnica binacional para analizar la situación.

José A. Gonzales. Los “puntos focales” son un mecanismo de control de ambos lados de la frontera: “personal de una cancillería y de la otra que esté haciendo un seguimiento, detectando lo que pueda llegar a pasar; los argentinos verán qué pasa con los ciudadanos de su país cuando entran a territorio boliviano, y nuestras autoridades, de la Cancillería boliviana, harán lo mismo con los bolivianos cuando ingresan a territorio argentino. Un mecanismo de alerta para corregir cualquier desviación en la aplicación de las normas”.

José A. Gonzales. Los “puntos focales” son un mecanismo de control de ambos lados de la frontera: “personal de una cancillería y de la otra que esté haciendo un seguimiento, detectando lo que pueda llegar a pasar; los argentinos verán qué pasa con los ciudadanos de su país cuando entran a territorio boliviano, y nuestras autoridades, de la Cancillería boliviana, harán lo mismo con los bolivianos cuando ingresan a territorio argentino. Un mecanismo de alerta para corregir cualquier desviación en la aplicación de las normas”. Fotos: Ángel Illanes - Archivo

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano es periodista

00:00 / 19 de febrero de 2017

El verdadero logro de la visita de la comisión boliviana a Argentina a raíz del decreto del presidente Macri sobre los migrantes, acaso sea que se decidiera conformar entre ambos países una mesa técnica en que se analicen los cuestionamientos de Bolivia a dicha norma migratoria. Con la visita no es que se haya puesto en suspenso, ni mucho menos, la nueva norma. Si bien de parte de las autoridades argentinas existe la explícita aclaración, señala el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, de que con el decreto “de ninguna manera se están tocando los derechos adquiridos por los migrantes bolivianos en Argentina, que se están garantizando sus derechos según la Constitución argentina”, no deja de persistir la certeza de que es urgente el trabajo de dicha mesa para entre ambos estados analizar la situación.

— La primera duda es si se va a revisar la actual norma argentina sobre los migrantes, en especial con respecto a los bolivianos.

— La mesa técnica, en la que estarán los ministros de Gobierno y los directores de migraciones, apunta precisamente a eso. En principio, lo más importante para mí es que sea urgente, rápida, sugerimos que a no más tardar  en 15 días ya debería realizarse esto; y el sentido de la urgencia justamente tiene que ver con eso, la posibilidad de que se analicen las observaciones que nosotros tenemos, que las consideramos importantes. Las explicaciones que nos han brindado las autoridades argentinas a nosotros no nos han dejado satisfechos, esa es la verdad; es decir, nosotros seguimos entendiendo que una parte del decreto del señor Macri violenta un elemento fundamental del derecho, que es la presunción de inocencia.

— Se refiere específicamente a...

— Las causales de impedimento de ingreso o de permanencia, cuando te levantan tu residencia y te expulsan. Habla de que (lee) ‘quienes hayan sido condenados o estén cumpliendo condena o tengan antecedentes o condena no firme en Argentina o en el exterior’. Condena no firme es no tener sentencia ejecutoriada. Mientras tu condena no sea firme, tú sigues siendo inocente; ese es nuestro razonamiento; pero (en el decreto) daría la impresión de que por tener antecedentes o una condena ‘no firme’ estamos ante una situación de presunción de culpabilidad. Esto ha sido lo que ha generado enormes preocupaciones en la colectividad. La gente ha llegado a suponer que a sola denuncia de alguien, tú ya podrías ser expulsado, perder tu condición de residente permanente. Entonces, las autoridades argentinas nos han explicado, y lo han enfatizado una y otra vez; nos han dicho que un procesamiento no es una condena; que si una persona está procesada, de ninguna manera se le puede quitar la residencia o expulsar. Si bien ellos han hecho esta puntualización, a nosotros nos da la impresión de que con esta redacción (del decreto) eso no está garantizado o blindado.

— Causales que pueden dar paso a la discrecionalidad...

— El segundo punto es el inciso c del artículo 6; habla de las mismas condiciones para disponer la cancelación de la residencia y la expulsión, y se agrega (lee) “la situación en que el residente hubiera sido condenado en Argentina o en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme respecto de delitos distintos que merezcan, para la legislación argentina, penas privativas de libertad”. En este punto, nuestra observación es la siguiente: cuando dicen que la legislación boliviana y argentina son idénticas, eso no es evidente, porque en el caso de Bolivia, para cancelar una residencia y expulsar a un argentino hay claramente identificados seis tipos penales, los complejos o graves, narcotráfico, tráfico de personas, terrorismo; ahora, lo que habían hecho ellos en su primera ley, en la original de Migraciones, estipulaban que podían ser expulsados aquellos que tenían una condena de cinco o más años de prisión; pero hoy (con el nuevo decreto) están diciendo: “delitos distintos que merezcan para la legislación argentina penas privativas de libertad”. Hay delitos de seis meses de pena privativa de libertad; entonces, ya no estás hablando de delitos graves, sino de prácticamente el 99% del Código Penal. Ellos dicen que no, que van a ver atenuantes, pero de la redacción, como está escrito, no se desprende eso; es una cosa que también nos han explicado, que nos han repetido, pero nosotros seguimos teniendo dudas al respecto.

— Ahora, el tema también es el poder que tendrá la mesa técnica,  qué potestad le están dando. Acaso pueda cambiar el decreto.

— No creo que sea bueno ponerle techos y pisos a la mesa; sería bueno partir del espíritu de decir que las autoridades argentinas han aceptado que se pueda avanzar en esta tarea; eso es un logro importante, un avance que hayan admitido esto; es lógico que nos puedan escuchar y seguramente se discutirá. Si se tiene que avanzar en una equiparación mayor entre las normas, yo creo que va a haber la predisposición de ambas partes de hacerlo. Otro tema importante es ver la aplicación de la norma, porque de pronto la ley puede decir una cosa y el funcionario que la aplica en el camino, en los puestos fronterizos o de control, o en las ciudades, hacer otra; eso podría derivar en atropellos, en violentaciones. El texto mismo en algún momento puede generar cierta confusión. A veces una palabra mal escrita puede abrir la puerta para que un funcionario en frontera o en el camino cometa un atropello contra el ciudadano; eso es lo que se quiere evitar y tener precisión en cuanto a los términos, todo tiene que ser muy claro; la ley no puede admitir interpretaciones o dejar vacíos que libren a la arbitrariedad y a la discrecionalidad de los funcionarios; eso no puede suceder, ni aquí ni allá.

— ¿En qué medida se afecta a los ilegales hoy día, se dice que solo en las textileras hay unos 3.000?

— Primero, eso de “ilegal” es medio duro, se dice que el ser humano nunca es ilegal; son irregulares, aunque muchas autoridades siguen usando aquel concepto. Hay mucha gente que aún no ha regularizado su situación migratoria en Argentina, por diferentes circunstancias; muchos que están desinformados, no conocen que hay esa posibilidad (de conseguir la radicatoria), que creen que es como antes, 10, 15 años, cuando prácticamente era imposible radicarse en Argentina; yo he sido migrante allí y tengo constancia de aquello. Seguramente aún hay muchísima gente en una situación en la que no ha regularizado sus papeles.

— Para justificar el decreto, que acelera procedimientos, las autoridades argentinas se quejaban de lo moroso que resulta el trámite de expulsión, procesos de hasta siete años.

— Sí, seguramente. Pero la variable de ajuste ahí no puede ser el migrante; si el sistema judicial es demasiado lento o no funciona, el ciudadano no puede llevar esa carga; no es justo, no es correcto. Ahí incluso puede venir una recarga peor: ¿qué tal si ese señor, al que se le ha expulsado, es sobreseído, inocente?

— El debido proceso de todos modos tiene que valer, así sea largo.

— Por supuesto, eso tiene que garantizarse; tiene que garantizarse además la presunción de inocencia, eso no podemos discutirlo; porque si no, a cualquier denuncia, y encima una sobrecarga del Código Penal, que se pueda expulsar a alguien con sentencias o condenas de seis meses, eso es complicado; todo esto se va a discutir.

— Activistas de derechos humanos allí ya denunciaban que el nuevo decreto está asociando delincuencia con migración.

— Evidentemente, esa es la frontera que no nos queda del todo clara; cuando avanzas en este tipo de escenarios, por ejemplo, a un trabajador que está laborando y de pronto comete una infracción, ya lo estás volviendo un delincuente, equiparándolo con un asesino, tratante de personas, narcotraficante; ahí está justamente el tema, ahí están nuestras observaciones a estos matices. En Argentina, al volcar prácticamente todo el Código Penal como causal (para la expulsión o para no permitir el ingreso), lo que estás haciendo es poner al ciudadano en una situación demasiado precaria, de mucha indefensión; ése es el tema; por mucho que garantices el proceso, si ya le estás negando el derecho a la presunción de inocencia, y encima le estás bajando dramáticamente la cantidad de años de sentencia para poder expulsarlo, sin duda estás haciendo una generalización muy perversa.

— También han conseguido algo inesperado: que se analice el tránsito de taller a cooperativa.

— Esto ha surgido por la demanda que escuchamos el domingo en la noche, en la primera reunión que tuvimos con la comunidad boliviana. Compañeros que se dedican a la actividad textil señalan ciertas dificultades que suelen tener algunas instancias: una es el Ministerio de Trabajo; otra es el Inaes, el equivalente al Inalco (Instituto Nacional de Cooperativas), el que rige los temas de las cooperativas; y la AGC, Agencia Gubernamental de Control. Son las tres instancias en las cuales aquel ciudadano que quiera hacer una migración de taller textil a cooperativa, de pronto se encuentra con muchos cuellos de botella. Lo hemos planteado en la Cancillería, y allí se ha decidido generar una mesa técnica de trabajo con las autoridades, esta vez del Ministerio de Justicia, para identificar el problema, ver qué es lo que está pasando. Para nosotros ha sido un avance, y celebramos que las autoridades argentinas hayan manifestado su predisposición para poder hacer también esa mesa.

— La situación estadística actual

— Un dato interesante. Hablando con Migración, nos han indicado que el año pasado han radicado a 56.000 bolivianos; han regularizado su situación y no han expulsado a nadie; en el primer año del gobierno de Macri no hubo un solo expulsado; es un antecedente importante. Nos han dicho que están planificando abrir varias delegaciones en lugares alejados donde saben que hay mucha gente boliviana; es como que la autoridad va a tu barrio y eso facilitará mucho las cosas; nosotros tenemos la disposición de acompañar estas iniciativas con nuestros consulados.

— ¿Qué dicen los bolivianos allí de esto de un muro? Muchos se han quejado de mayor control...

— La gente está muy dolida; y así se lo he transmitido a la señora Patricia Bullrich; nos han parecido denigrantes esas declaraciones, innecesarias, totalmente desproporcionadas; la propia ministra ha matizado aquello. Espero que con las manifestaciones concretas que puedan haber en las puntualizaciones que se hagan a la norma, yo que creo va a ser la mejor muestra de que el ánimo de las autoridades argentinas realmente es otro. Se ha arremetido contra una colectividad que, los números así lo manifiestan, va a trabajar, y lo hace de una manera honesta, sacrificada, haciendo cosas que posiblemente muchas veces los argentinos no hagan. Aquí parece que la sobrecarga es en construcción, talleres textiles; pero quiero decirte, y tengo absoluta evidencia de aquello, hay una gran cantidad de profesionales bolivianos que están trabajando en Argentina, y yo destaco y valoro sobre todo a los médicos, que son los que hacen las guardias, los turnos, los fines de semana, las noches; ganando su sustento diario, por cierto, avanzando profesionalmente, pero sin duda construyendo ese país.

Perfil

Nombre: José Alberto Gonzales Samaniego

Nació:8 de enero de 1962

Cargo: Presidente de la Cámara de Senadores

Vida

Gonzales estudió Comunicación en la Universidad Católica San Pablo, de la que egresó en 1985. Fue reportero y presentador en los canales de televisión ATB,  PAT, Red UNO y el canal estatal. Fue secretario privado de Evo Morales (2006), cónsul general en Argentina (2009) y embajador en Brasil (2010); preside el Senado desde 2015.

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