Animal Político

Juan Del Granado: El MAS es un ‘obstáculo’ para la reforma judicial

Vistos los resultados del referéndum, la posibilidad de la renovación de la justicia no recae en el Gobierno, es un desa- fío que se ha trasladado, después del 21 de febrero, a una etapa de transición de por lo menos cuatro años y en la que la ciudadanía debe ser protagonista.

Juan Del Granado.

Juan Del Granado. Foto: Ignacio Prudencio.

La Razón (Edición Impresa) / Ricardo Aguilar Agramont / La Paz

00:04 / 25 de abril de 2016

Abogado de carrera, Juan del Granado conoce el sistema de justicia de antes y después de la nueva Constitución. El diagnóstico que hace del mismo es negativo. Propone un diálogo ciudadano para refundarlo, ya que considera que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está inhabilitado para ser un actor en esto, al ser parte del problema.

— ¿Cómo evalúa al sistema judicial tras la nueva Constitución?

— Lamentablemente el dato no es positivo, el MAS y el Presidente han fracasado en su intento de formular soluciones estructurales para el sistema de administración de justicia. Ha sido una oportunidad perdida. Había grandes condiciones para implementar, después de casi 180 años, un proceso de construcción de un verdadero sistema de administración de justicia, esencial para la vida del país.

— Para la democracia

— La justicia significa cuatro cosas esenciales para la vida democrática. Primero, es el mecanismo pacífico institucional por el cual se resuelven los conflictos de la sociedad y se garantiza la paz social. Segundo, es el medio para asegurar la vigencia de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos; por tanto, se garantiza la proyección individual y colectiva de los bolivianos. En tercer lugar, otorga a la población seguridad jurídica; por tanto, da al país previsibilidad sobre sus problemas y soluciones; y, cuarto, es un mecanismo por excelencia para controlar y limitar el ejercicio del poder público.

— Pero eso es la expresión de un deseo…

— Son elementos esenciales para la construcción de la vida democrática. Creo que en este gobierno se ha malogrado una oportunidad histórica para hacerlo. Lamentablemente, debería decirlo como conclusión, yo no creo que en este gobierno pueda llevarse adelante un intento de verdadero proceso de reconstitución de un renovado sistema de justicia; creo que hoy el MAS, el Gobierno, es un obstáculo para llevar adelante un proyecto de renovación completa en la administración de justicia.

— ¿Por qué razones?

— Visto el resultado del referéndum, está claro que la posibilidad de renovación de la justicia no descansa en el curso de los próximos cuatro años de gobierno; es un desafío que, después del 21 de febrero, se ha trasladado a una etapa de transición de por lo menos cuatro años, fase en la cual el protagonismo debe corresponder a la sociedad. Es desde la comunidad, la ciudadanía, que se debe alentar un diálogo nacional que nos permita en este tiempo de transición crear las bases para refundar los pilares de una verdadera justicia. Está claro que la administración de justicia nunca ha estado bien en Bolivia. Es un problema centenario, crónico, de la construcción de nuestro país a lo largo de 200 años.

— Desde los ‘doctores de Charcas’...

— Sin duda. El MAS ha agravado peligrosamente. Hoy desde los niveles estatales carecemos de una verdadera estrategia, de un plan, de acciones que nos permitan mejorar y transformar la justicia. Fracasó la primera cumbre, realizada en diciembre en 2012, que había sido convocada por el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia.

— Fracasó, si vemos el presente de la justicia

— Sí, fracasó. Se hicieron mesas de trabajo, se abordaron cinco temáticas importantes y no pasó nada. Ese mismo año, en diciembre, el Ministerio de Justicia aprobó el Plan Sectorial de Justicia Plural 2013-2025. Un plan que está en el papel, elaborado por el Ejecutivo; se identificaron seis ejes estratégicos, pero en la práctica no se llevó adelante ninguna acción para implementarlo. Un plan generado no en el Poder Judicial, ni por el Poder Judicial, y mucho menos por la comunidad. Tiene elementos rescatables para ser discutidos en el diálogo ciudadano que propongo. Pero no esperemos nada del poder, motivemos en la ciudadanía un diálogo para generar las bases de una renovación. Hay una tercera propuesta que vino del Gobierno, formulada por el Ministerio Público, la Fiscalía General, data de abril de 2015.

— Muy reciente

— Más o menos reciente, el “Plan sectorial de 10 propuestas para una revolución de la justicia”, que tampoco hasta el momento tuvo ningún efecto ni resultado específico. Hay, entonces, una carencia de planes y estrategias después de 10 años. Además, en esta década se han agravado estructuralmente los problemas conocidos.

— ¿En qué aspectos en específico?

— Yo destacaría cinco elementos de agravamiento, que no corresponden a republicanos, neoliberales ni oligarcas, que sin duda fueron actores estatales en su momento, pero que tampoco lograron una transformación de la justicia. El agravamiento en mano de los neopopulistas, primero tiene que ver con la subordinación político partidaria del Poder Judicial, como parte de una estrategia de dominación, de poder. En segundo lugar, está la instrumentación del aparato de justicia para fines de persecución política. En tercero, se trata de la falta de idoneidad ética y profesional de los operadores de justicia. En cuarto, la extensión de la corrupción. Y quinto, la ineficiencia del sistema que está a punto de colapsar dada la carga procesal, la retardación de justicia. Son elementos propios de estos 10 años, de una gestión absolutamente equivocada. Reitero: el Gobierno actual está deslegitimado y descalificado para llevar adelante la labor histórica de resolver las tareas de la justicia, es un trabajo ciudadano para los próximos cuatro años.

— ¿Y carencias de siempre?

— Veo cinco, que son históricas pero que se han agravado en este gobierno. Primero, está la falta de independencia de los jueces, y no solo respecto del poder político; en los niveles más altos de la magistratura en su gran mayoría son absolutamente obedientes de las decisiones gubernamentales; las designaciones, fuera de la elección de jueces que fue partidaria, parten de un cuoteo entre las facciones que forman la estructura política, social y gubernamental del MAS. También está la dependencia interna: se mantiene la estructura jerárquica del Poder Judicial; los jueces departamentales, de materia, son absolutamente dependientes de los magistrados. La visión de la justicia tiene que estar acompañada de la independencia no solo respecto del poder político, sino también de las mal entendidas jerarquías judiciales. También persiste la dependencia de los jueces respecto de los poderes económicos vigentes en el país y que se han reforzado. La segunda carencia es de recursos. Ya en la primera cumbre de 2012 el Consejo de la Magistratura detectó el problema. Aquella vez se vio que el 0,3% del presupuesto nacional estaba destinado al aparato judicial, al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público. Subió décimas, hoy está en 0,39%. Esta falta de recursos impide la atención adecuada a la población. Tenemos no más de 1.000 jueces concentrados en las capitales de departamento para más de medio millón de causas. Necesitamos más jueces, pero también dignificarlos: buenos salarios, infraestructura, asignar un presupuesto fundamental a la defensa pública, generar condiciones mínimas tecnológicas para encarar la retardación de justicia. En la administración del presupuesto hubo retroceso. El Consejo de la Judicatura era el encargado de administrar el presupuesto, hoy no. Hoy lo administra la Corte Suprema de Justicia a través de una dirección, cuando los jueces deberían dedicarse a juzgar, no a hacer economías de escala y manejar sueldos. Una tercera es la falta de idoneidad personal, ética, de formación, de capacidad y experiencia de la gran mayoría de los operadores.

— Hay excepciones

— Hay excepciones, jueces independientes que se resisten al dictado gubernamental; hay casos patéticos de magistrados que no han obedecido y han sido echados de la justicia. En lo presupuestario también hay excepciones, hay jueces supremos que están pagados de acuerdo con su responsabilidad, pero la mayor parte son mal pagados. En idoneidad también, hay jueces honestos, preparados y con experiencia, pero son los menos. La cuarta carencia es la falta de acceso de la población a la justicia; la falta de universalidad de la justicia. De 1.000 jueces, el 60% está en las capitales de departamento, frente a una población que ha judicializado sus conflictos.

— Se hace juicios por todo

— Una pleitomanía de nuestra cultura jurídica. Pero es una justicia que no es gratuita; solo se puede acceder a través de abogados y si se agrega que es una justicia burocrática, discriminadora y corrupta, estamos frente a algo inaccesible para la mayoría. La quinta es la carencia de una propuesta estatal para encarar estos problemas; por tanto, falta de acciones. En la Constitución de 2009 se introducen elementos de cambio estructural que no han dado resultados, como la elección de jueces por voto, en lo que estuve de acuerdo.

— Se asumía que se iba a nominar por méritos...

— Sí, la falla garrafal fue la selección en la Asamblea Legislativa, lo que no decía la Constitución que se aprobó en Oruro, debió haber seleccionado el Consejo de la Judicatura con base en méritos.

— Si la refundación de la justicia se dará en cuatro años, ¿significa que estamos en una transición política?

— Creo que al MAS no le interesa en absoluto mejorar la administración de justicia, salvo que le produzca dificultades electorales. El Gobierno tal vez se anime a incorporar algunos elementos frente al repudio generalizado contra la justicia, por rédito electoral. Por eso está inhabilitado para ser un factor en la renovación de la justicia. Lo que se ha abierto después del 21 de febrero es un periodo en que las fuerzas políticas del país tienen que renovarse, y ese no es solo un problema de liderazgos, sino de visión de país. En ese proceso, que lo llamo de transición, el MAS puede salir exitoso, pero lo más probable es que no. La forma despótica de ejercer el poder ha agravado la crisis judicial, al instrumentar la justicia; contra eso se ha pronunciado la ciudadanía en el referéndum.

— ¿La tarea es de la oposición?, porque el MAS en instancias representativas está cómodo

— El MAS es una minoría electoral después del 21, pero tiene hegemonía institucional y gubernamental, esto va a marcar la transición. El Gobierno va a utilizar esa hegemonía institucional para revertir la derrota, ojalá para mejorar la gestión y dejar de lado el hegemonismo y recuperar las bases de lo que fue este proceso en sus inicios. La oposición debe renovarse, no se trata de volver a 2006, sino de la perspectiva de renovarse para ir más allá del neopopulismo y no retornar al neoliberalismo.

— ¿Sus perspectivas políticas?

— 2014 iba a ser la última vez que iba a estar en la línea de fuego. Ahora es tiempo de renovación. No es que me haya jubilado de la política, soy parte de la vida política, pero estoy en un segundo lugar, que no es el del protagonismo.

Datos

Nombre: Juan Fernando del Granado Cosío

Nació: 26 de marzo de 1953

Profesión: Abogado

Perfil

Juan del Granado se vinculó de muy joven a la política desde la izquierda. Fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); fue alcalde de La Paz por una década con su sigla Movimiento Sin Miedo (MSM), con la que se postuló a la presidencia en 2014.

Etiquetas

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1
2 3 4 5 6 7 8
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia