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La Justicia debe ser un servicio público, antes que un poder

La gente debería dejar de ver la administración de justicia como algo ajeno, y no se trata de que todos logren comprender los detalles de lo jurídico, sino que se aspire y reclame una justicia con estándares mínimos de calidad.

La Razón (Edición Impresa) / Rogelio Mayta Mayta

00:03 / 15 de marzo de 2015

La cotidianidad de trabajar como abogado litigante obliga a convivir con la ineficiencia, la corrupción y las injusticias vueltas pan de cada día; no es que todas las personas de la administración de justicia sean corruptas o ineficientes; existen funcionarios y abogados que son honestos y capaces (aunque la verdad son los menos), sino que el sistema es ineficiente y corrupto y termina por engullirse todo, alimentado y protegido por varios de sus operadores que lucran y amasan fortunas en ese sistema.

En los juzgados, junto a las historias de corrupción, se viven también cientos y miles de casos de ineficiencia, la que sobrellevan estoicamente quienes buscan justicia y que usan mañosamente quienes la pretenden evadir.  Justina, una sencilla trabajadora del hogar tardó como siete años de juicio para cobrar los algo más de 5.000 bolivianos de sus beneficiosos sociales, lo que habla mal de su empleador, pero mucho peor del sistema de justicia.

Bolivia nunca pudo consolidar una administración de justicia creíble, independiente, eficiente y democráticamente justa; sin embargo, se la aceptó y acepta todavía como nos fue legada desde la Colonia, una estructura jerárquica, pesada, ritualista y discriminadora. En los últimos años, en medio de denuncias y escándalos mediáticos, se ha abierto el debate sobre la “crisis de la justicia”, que hasta ahora transcurrió sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación.

Laberinto.bo Notas para un diagnóstico de la justicia y algunas propuestas, de Pamela Delgadillo Ramírez y Rogelio Mayta Mayta, se inscribe en ese ambiente, nace de la indignación por un sistema de administración de justicia injusto, corrupto, ineficiente y excluyente, tiene el ánimo de aportar mostrando una perspectiva general del problema y planteando posibles soluciones a partir de esa comprensión.

Contiene una sistematización de los principales problemas de la administración de justicia, procurando explicarlos en su complejidad e interrelación, como la base para pensar y construir alternativas. Expone explicaciones en determinados temas y en otros plantea problemas que deberían ser analizados. No pretende ser un diagnóstico acabado, sino un aporte para  uno que comprenda la complejidad de la problemática. También expone una sistematización de soluciones y propuestas.

COMPLEJIDAD. La complejidad y el carácter estructural de los problemas que enfrenta la administración de justicia han sido utilizados como la excusa ideal para justificar la falta de acciones concretas y respuestas efectivas a la crisis de la justicia; resulta fácil decir que los problemas son estructurales y complejos, como quien señala que no tienen solución, que las cosas continuarán más o menos igual y que hay que resignarse.

Hasta la fecha, no existe un diagnóstico oficial que establezca con datos objetivos cuán estructural y compleja es la crisis de la justicia, y menos un plan del Órgano Judicial para superarla. Así de mal están las cosas.

Aunque hay que apuntar que a fines de 2012 se realizó la Primera Cumbre de Justicia Plural, organizada por el Consejo de la Magistratura, con participación de diferentes instancias de la administración de justicia y representantes de las organizaciones sociales. La cumbre no asumió ninguna definición y no tuvo mayor trascendencia.

El único plan conocido para enfrentar la crisis de la justicia fue elaborado por el Ministerio de Justicia en 2013, como parte de la agenda 2025. El denominado “Plan Sectorial de Justicia” es muy general en el diagnóstico que ensaya y en las propuestas que efectúa, no establece acciones ni a corto ni a mediano plazo, ni cuenta con referencias de financiamiento, resultando una expresión de buenos deseos. Aún así, este plan no fue asumido por el Órgano Judicial.

La complejidad del tema, más que ser una excusa para la inacción o para los pobres resultados, debería obligar a las autoridades a concluir  con urgencia un diagnóstico de la crisis y elaborar un plan de acción.   Para enfrentar la complejidad de los problemas de la administración de justicia hacen falta más que reformas legales, organizacionales y operativas, y se requiere de ellas para cambiar algo más trascendental: nuestra cultura jurídica, cómo concebimos la administración de justicia, cómo concurrimos y participamos de ella y el rol que jueces, abogados, fiscales y todos sus operadores asumen y representan en el sistema.

Nuestra cultura jurídica es autoritaria, legalista, formal, basada en el criterio de la administración de justicia como ejercicio de poder más que un servicio público. La administración de justicia es entendida como algo ajeno al común de las personas, un ámbito propio de los abogados, donde poco o nada pueden opinar  los ciudadanos. Cuando se habla de juicios, la gente no piensa en justicia, sino en corrupción, impunidad, incertidumbre y grandes gastos de dinero; la gente simplemente desconfía de la administración de justicia.

El cambio debería tener como destinatario básico a la gente y la satisfacción de la necesidad de que sus controversias sean resueltas y sus derechos resguardados, y como un objetivo central acercar el funcionamiento de la justicia a la realidad social, entendiéndola como un servicio público. No se puede reproducir los errores del pasado, en que los esfuerzos se limitaron a cuestiones legales y de gerencia, como buscar aumento del presupuesto del Poder Judicial o del Ministerio Público, implementar más oficinas y sistemas informáticos o impartir cursos de capacitación, que son necesarios, pero, como se ha visto, insuficientes.

CULTURA. El cambio debe dirigirse a modificar nuestra cultura jurídica y la de los jueces y fiscales, abogados y todos los operadores de la justicia. Los jueces y fiscales deben pasar de su papel de autoridades al de servidores públicos, en función de la sociedad y no solo por el poder y en vista de las formas. Deben asumir que los ciudadanos recurren a la administración de justicia como a cualquier otro servicio público, no a rogar atención, sino recibirla porque aportan económicamente para que funcione. Los jueces, fiscales y abogados deben pasar del uso de la ley como fetiche a su uso como instrumento, asumiendo que el objetivo de la administración de justicia no es “aplicar la ley”, como se repite desde una perspectiva formal y legalista, sino precisamente a hacer justicia resolviendo los conflictos de la gente, y restableciendo la armonía en la sociedad mediante este proceso.

Los abogados que litigan también deberían cambiar su concepción de la justicia y su forma de actuar, buscando evitar la prolongación de los procesos y encaminándolos hacia su solución. Se requiere cambiar la ética profesional, definida como la administración de justicia como servicio público, estableciendo una regulación mínima de la prestación de servicios de los abogados, evitando dejarla librada a la voluntad del gremio y al mercado.

La gente debería dejar de ver la administración de justicia como algo ajeno, y no se trata de que todos logren comprender los detalles de lo jurídico, sino que se aspire y reclame una justicia con estándares mínimos de calidad.

Se debe tener claro lo que se puede o no esperar de los cambios, sin sobredimensionar sus posibilidades, evitando pretender que la administración de justicia resuelva problemas sociales complejos. En el caso de la justicia penal, por ejemplo, el incremento de la criminalidad no se debe solo a la ineficiencia de la administración de justicia y no podrá ser resuelto solo por la mejora de su rendimiento; la criminalidad es un problema social complejo que requiere ser enfrentado por políticas de Estado que rebasan lo judicial, siendo responsabilidad también de otros actores del Estado.

Podremos afirmar que la administración de justicia cambió para bien cuando la gente confíe en ella, cuando deje de considerarla ajena o siquiera una opción accesible para hacer valer sus derechos. Se debe tener claro que pretender cambiar la administración de justicia implica cambiar la cultura jurídica de la sociedad y actuar en consecuencia.

ACTORES. Hace algo más de 25 años que en Bolivia se anda reformando la administración de justicia y no se ha logrado la tan anunciada justicia eficiente, oportuna, creíble y transparente; al final de cuentas, quienes debían protagonizar los cambios, no los han ejecutado porque no querían o no tuvieron la capacidad.

Los cambios organizacionales, operativos y las reformas legales pueden ser más o menos complicados, pero son realizables, al menos teóricamente, lo que es realmente complejo es que se den la voluntad y el compromiso de los actores del cambio.

Para resolver la crisis de la justicia se requiere la acción complementaria entre las altas autoridades de justicia y del Estado, entre los operadores de la justicia y la sociedad; aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente difíciles y donde se ha fracasado una y otra vez.

La mayor responsabilidad del cambio está en las altas autoridades del Órgano Judicial y los operadores de justicia; en definitiva, si la crisis se resuelve, persiste o ahonda será su responsabilidad. La mayor responsabilidad la tienen los miembros del Consejo de la Magistratura que, según la Constitución y las leyes, es la instancia que debe formular las políticas de gestión del Órgano Judicial, y debería ser la instancia que piense los cambios y articule e impulse los esfuerzos para lograrlos.

Los cambios requieren además de la participación comprometida de los operadores de justicia, jueces, fiscales, investigadores de la Policía y de los auxiliares de sistema (peritos y otros funcionarios). No se puede olvidar que el fracaso del nuevo Código de Procedimiento Penal se debe entre otros factores a la resistencia silenciosa de los operadores.

Los cambios necesitan además del apoyo de los actores políticos de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo. El Legislativo debería sancionar las leyes que se requieran, incluidas las que permitan contar con financiamiento, y fiscalizar la implementación de los cambios para que no queden en pura retórica.

El Ejecutivo debería coadyuvar asignando recursos en el Presupuesto General del Estado y en los ámbitos en que tiene competencia, como la defensa pública, los servicios de asistencia legal gratuita a las personas en situación de vulnerabilidad y la regulación de los servicios que prestan los abogados. Además, el Ejecutivo debería respetar la independencia del Judicial, sin caer en la tentación de pretender controlarlo de ninguna forma; cosa más difícil.

Para lograr que los cambios tengan éxito además es imprescindible el involucramiento de la sociedad civil, del pueblo. No se trata de que participen algunas organizaciones no gubernamentales, sino que lo haga la sociedad con sus diferentes organizaciones, lo que conlleva el reto de pensar las formas y caminos de esa participación. Es necesario encarar el debate superando el discurso que pretende que el tema judicial es patrimonio de los abogados y expertos.

Entre los actores del cambio no se debe olvidar a los del conservadurismo, a aquellos que no quieren que se modifique el orden porque están cómodos en él; que aprovechan el sistema de ineficiencia y corrupción, y han amasado fortunas gestionando al margen de la ley, traficando con la justicia; y que no renunciarán a su forma de vida sin dar dura batalla. En los últimos años, el pueblo boliviano se transformó a sí mismo, pese a las voces críticas, hizo una sociedad menos excluyente. La pregunta es: ¿será capaz de darse una mejor administración de justicia?, ¿tendrá la fortaleza de arrebatársela a los mercaderes y traficantes de la ley?

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