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Justicia restaurativa, ¿para qué?

Muchas veces se ha desestimado la Justicia restaurativa como alternativa a la justicia penal punitiva, calificándola de “ingenua”. La verdad es que yo veo mayor ingenuidad en creer que el derecho de la víctima es restaurado con el sufrimiento del infractor o que tal sufrimiento redime al culpable.

La Razón (Edición Impresa) / Luis Camacho Rivera

00:01 / 22 de junio de 2014

Recuerdo que cuando era pequeño no existían pollos sacrificados, desplumados y congelados, listos para la olla. Si uno quería comer pollo, debía ser capaz de matar al pollo. En casa, la única persona que se atrevía a hacerlo era mi abuela.

El común de los humanos no solo tiene miedo de ser dañado o matado, sino también de dañar, lastimar o derramar la sangre ajena, incluso de seres vivos de otras especies, aun con el justificativo de servirnos de ellos como alimento. En esa perspectiva, me pregunto, ¿cuán difícil será quitar la vida a un semejante, infringirle deliberadamente dolor y sufrimiento, aún en ejercicio del rol de juez castigando a un culpable?

Alguna vez la vida me colocó detrás de un arma, alineando la vista y la mira hacia un objetivo inerte con figura humana, todo en el marco del entrenamiento para la defensa de la propia vida, de la patria y la revolución; sin embargo, debo confesarlo, no fueron momentos de placer. Pienso que la gran mayoría de los seres humanos preferimos desenvolvernos en paz con el orden cósmico, natural y obviamente con nuestros hermanos de especie. Sin embargo, en mi calidad de psicólogo en el Régimen Penitenciario, ahora debo cumplir, reconociéndome aún como “libertario”, la penosa labor de administrar el más universal de los castigos: la privación de libertad.

CASTIGO. Esta pena, según los propósitos expresos del sistema penitenciario, ya no debería ser vista únicamente como castigo, sino como una oportunidad para reencauzar el comportamiento de las personas que hubieren cometido infracciones, contravenciones, transgresiones o delitos; sin embargo, en lo más profundo de la conciencia, tanto los y las privadas de libertad, como el personal civil y policial de las prisiones y la sociedad en su conjunto, sabemos que la privación de libertad es poco menos severa que la privación de la vida y que, por tanto, es un castigo que ha evolucionado, desde los suplicios de la Edad Media hasta la función rehabilitadora que se propone el actual régimen.

Han transcurrido los siglos y se han llevado consigo los horrendos espectáculos públicos de los suplicios. Según Michel Foucault (en su libro Vigilar y Castigar), “esta desaparición de los suplicios se puede considerar casi como conseguida alrededor de los años 1830-1848”; sin embargo la ingrata función de castigar pervive en la ejecución de las sanciones penales:

“El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos”. La suspensión de derechos incluye además cierta dosis de rigor, de sufrimiento, como una sombra de los suplicios, aunque está suficientemente probada la inutilidad de ellos en la modificación de la conducta.

Entonces nace la idea de construir una Justicia restaurativa como una alternativa a la inutilidad del sufrimiento o más propiamente a la inutilidad del castigo, que dicho sea de paso, no solo es inútil sino perjudicial o contraproducente pues genera en los condenados un alto grado de “sed de venganza” y sentimientos de marginalidad, victimización y vergüenza. Vergüenza que hace presa también de quienes tienen la ingrata labor de castigar, sin la capucha que escondía la identidad del verdugo y, lo que es peor, que no compensa en nada la pérdida que el delito ha ocasionado a la víctima.

Es posible definir a la Justicia restaurativa como una respuesta sistemática frente al delito, que enfatiza la sanación de las heridas causadas o reveladas por el mismo en víctimas, delincuentes y comunidades.

La sensibilidad cristiana que, en diversa forma y medida, hemos desarrollado todos en nuestra sociedad, da lugar a que nos inclinemos en favor de la víctima del delito. Cuando el Estado o la sociedad, castigando al delincuente, creen asumir la reparación del daño (lo que siempre queda en retórica) automáticamente liberan de tal responsabilidad al infractor e indirectamente le están haciendo mal, pues al ser objeto de un castigo (privación de libertad) también se siente víctima y como tal es sujeto pasivo de la protección de su castigador, quien le brinda, paradójicamente, vivienda con servicios, alimentación, salud, educación y trabajo.

INFRACTOR. A la víctima del delito de nada le sirve la reclusión del infractor y el infractor, condenado a la irresponsabilidad de sus actos más que a la reclusión, siente que pierde miserablemente su vida sin tener siquiera el consuelo del arrepentimiento y la oportunidad para reparar el daño ocasionado. El Estado y la sociedad se regodean en la ilusión de administrar justicia, reducir la criminalidad y proteger a la población.

Se sabe que en algunas comunidades originarias, en el pasado y probablemente también en el presente, cuando un comunario le quitaba la vida a otro, el infractor estaba condenado a asumir todas las responsabilidades de la víctima hasta el fin de su existencia. A eso yo llamo Justicia restaurativa, no hay en tal hecho la idea de punición, ni de venganza. Toda persona infractora, incluso los menores de edad, tiene la obligación de asumir la total responsabilidad de sus actos y toda víctima de infracción tiene el derecho de exigir la reparación de los daños.

El Estado y la sociedad deberán así trabajar en la mediación, supervisando al infractor para que cumpla sus compromisos y garantizando a la víctima para que su derecho sea efectivamente restaurado. De esta manera se liberan de la culpa de castigar al inocente y perdonar al culpable, además de alejar de su imagen social, la sombra de la corrupción y el favoritismo.

Muchas veces se ha desestimado la Justicia restaurativa como alternativa a la justicia penal punitiva, calificándola de “ingenua”. La verdad es que yo veo mayor ingenuidad en creer que el derecho de la víctima es restaurado con el sufrimiento del infractor o que tal sufrimiento redime al culpable y que restituye a la comunidad el equilibrio que el delito le ha robado, con el aditamento de la vergüenza y la culpa que el administrador de justicia tiene que soportar por creerse dueño de la verdad y corriendo el riesgo de castigar a un inocente y perdonar a un culpable o ceder a la tentación de venderse y de exponerse a la humillación de no encontrar quién lo compre.

En los programas de Justicia restaurativa, la víctima, el infractor y la comunidad pasan de ser sujetos pasivos, frente a los administradores de justicia, quienes por el solo hecho de haber memorizado leyes, códigos y decretos se atribuyen la potestad de castigar y perdonar, a ser sujetos activos que mediante el diálogo asumen responsabilidades y restauran derechos, en pocas palabras, sustituyen el castigo con la justicia.

Los programas de Justicia restaurativa nos permiten recordar que las leyes y las instituciones son herramientas al servicio de la convivencia pacífica entre los humanos y colocan a infractores, víctimas y comunidades en la mesa de negociación.

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