Animal Político

Ley contra el Acoso y Violencia Política

Punto de inflexión para la mujer

La Razón / Katia Uriona Gamarra

00:01 / 27 de mayo de 2012

Doce años de lucha política duró el recorrido del proyecto de ley, iniciado en 2001 y liderado en forma sostenible por la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y respaldado en todo su tránsito por organizaciones e instituciones de defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Este movimiento de mujeres plurales y diversas tiene objetivos y resultados históricos, entre ellos, la visibilización de la violencia contra las mujeres ligada a la ideología política y el posicionamiento en la mesa de debate de la impunidad de la violencia contra la participación política de la mujer.

Finalmente, el 21 de mayo, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, luego de que su tratamiento fuese reiteradamente postergado hasta el cambio de gestión legislativa. Durante el periodo 2005-2009 el proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y remitido a la Cámara de Senadores.

La ley se constituye en una herramienta fundamental para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos, y proteger a todas las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político-pública. La aprobación de esta norma se produce en un escenario político en el cual recientemente se ha logrado garantizar la protección normativa respecto a los principios de paridad, alternancia y equivalencia de género en los espacios de decisión y la ampliación de la participación política de las mujeres en diferentes niveles y órganos del Estado. En este marco, la reglamentación en materia de acoso y violencia política contra mujeres electas era un aspecto pendiente para efectivizar el ejercicio de sus derechos políticos.

La ley plantea la definición de los actos de acoso y violencia política y establece los mecanismos de prevención, atención y sanción contra estos hechos y, asimismo, se constituye en importante mecanismo para enfrentar la persistente y sistémica vulneración de los derechos humanos de las mujeres políticas a la participación en los espacios de decisión con equidad, a la vida, a la integridad, a que se respete su dignidad, entre otros.

La concejala Juana Quispe denunció que sufría acoso político. A pesar de la gravedad de la violencia política contra las mujeres, ésta no fue reconocida como prioridad, lo que inevitablemente ha generado impunidad y un incremento de los hechos perjudiciales en contra de ellas, factor que ha impedido su acceso y presencia en la política. Los hechos no son casuales, son el resultado del sistema patriarcal imperante; entre sus consecuencias más corrosivas en la sociedad están la invisibilización, ausencia o disminución de la presencia de las demandas de las mujeres en el escenario público-político, que repercuten en la descalificación de sus intereses y la falta de políticas públicas efectivas que modifiquen sus condiciones de vida.

La concejala Juana Quispe, de Ancoraimes, provincia Omasuyos, cuyo cadáver fue hallado el martes 13 de marzo, fue gestora del proyecto de acoso y violencia política de género al haber denunciado “maltratos por parte de los concejales y el Alcalde de su población”. Presentó dos amparos en los que denunció abusos físicos y verbales que no le permitieron ejercer sus derechos políticos, de acuerdo con datos de Acobol.

Los móviles sobre el crimen todavía no han sido resueltos, pero son una muestra contundente de la gravedad de la violencia contra las mujeres que ejercen puestos de responsabilidad política. El análisis de los principales actos de violencia contra las mujeres se refiere a la presión para la renuncia, a los actos de violencia (sexual, física y psicológica) y exceso de autoridad; al impedimento en el ejercicio de sus funciones, el congelamiento ilegal de su salario; discriminación, difamación y calumnia.

Dada la magnitud del problema en Bolivia, esta norma será una respuesta concreta a la necesidad de protección de las mujeres que participan en el ámbito político y que han incrementado significativamente su participación en los últimos años.

Datos de la participación política de las mujeres. De acuerdo con los datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, en los gobiernos departamentales, el 83% de los titulares son hombres y sólo el 17%, mujeres. No hay gobernadora elegida en los comicios de 2010.

En los gobiernos municipales se registra la presencia de sólo 22 alcaldesas en los 337 municipios del país en 2010, mientras que en el caso de concejalas se observa un visible incremento en el número de mujeres en puestos titulares en los concejos, en comparación al periodo anterior. Subió de 19% (2005) a 43% (2010).

El Órgano Ejecutivo, aunque no cuenta con un mecanismo de acción positiva específico, logró alcanzar el 50% de participación femenina en el gabinete de ministros, pero ahora se redujo a un 35% de ministras.

El nuevo Órgano Electoral Plurinacional ha determinado que 66% de los vocales de los tribunales departamentales esté compuesto por mujeres y 90%, presididos por mujeres. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, 42% de los vocales son mujeres. En el caso del Órgano Judicial, el promedio de participación de mujeres  alcanza el 43% de titulares; 33% en el Tribunal Supremo de Justicia, 57% en el Tribunal Constitucional, 43% en el Tribunal Agroambiental y 40% en el Consejo de la Magistratura.

Entre 2000 y 2009, Acobol documentó 249 testimonios y denuncias de violencia y acoso político, un promedio de 28 casos por año. Se ha evidenciado también que existe subregistro de casos de violencia política por temor a represalias o por la desconfianza a que estas situaciones puedan solucionarse.

El acoso una forma de violencia institucionalizada. Los casos se refieren a insinuaciones, burlas y hostigamientos permanentes, hasta la expulsión de sesiones, secuestros, agresiones físicas, verbales o sexuales para lograr la renuncia de las mujeres que asumieron la función política; o para evitar que se presenten en las sesiones o para obligarlas a participar en decisiones en contra de su voluntad. Se trata también de amenazas y amedrentamiento contra la familia de las autoridades o difusión de calumnias.

Una vez que la ley se promulgue se iniciarán nuevas tareas vinculadas con la vigilancia a la adecuada implementación de la norma, la elaboración del reglamento y la inclusión del delito de acoso político en el Código Penal. Asimismo, el Órgano Electoral deberá prever el desarrollo de las medidas y mecanismos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y tareas previstas en la ley, la amplia difusión de sus contenidos y la coordinación con el Órgano Judicial para la aplicación de sanciones. El movimiento de mujeres plurales y diversas ha comprometido su vigilancia a todo este proceso.

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