Animal Político

Ley de Imprenta, vieja pero útil escudo contra el poder

Lo que vale es el ‘espíritu’

La Razón / Iván Bustillos Zamorano

01:00 / 11 de diciembre de 2011

Tres años más y la Ley de Imprenta cumplirá 90, sin haber sido modificada desde entonces. Y es que los periodistas nunca quisieron: aun con sus imperfecciones y anacronismos, es la mejor defensa que se tiene de la labor periodística. En enero del próximo año, la Ley de Imprenta cumplirá 87 años. Todos saben que en muchos aspectos es obsoleta, pero hasta hoy, cuando se habla de cambiarla, los periodistas siempre han preferido mantenerla tal como está a que una modificación suya menoscabe las libertades de expresión y de prensa. 

Para ilustrar la obsolescencia de la norma, el periodista Rubén Atahuichi llama la atención (columna Parte-Contraparte, Página Siete, mayo de 2010) , por ejemplo, sobre que en la ley no figuren explícitamente los conceptos de “libertad de expresión” o “libertad de prensa”. Allí, en el artículo 1, sólo se dice que “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”.

Pero para el fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, precisamente éste es el “núcleo regulatorio que defiende el principio o valor humano y universal de la libertad de expresión y de prensa”. Otros artículos decisivos, por los que la norma es reivindicada como “plenamente vigente” (el espíritu de la ley) —añade Atahuichi— son los artículos 8:

“El secreto en materia de imprenta es inviolable”; 9: “El editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto anónimo, sin requerimiento del juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”; y, el 62, que obliga al editor a “publicar las vindicaciones y defensas de las personas ofendidas en el mismo periódico, cobrando media tarifa”. 

Con todo, el director del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo (Secrad, Universidad Católica), José Luis Aguirre, destaca que hoy el debate de la ley ya no puede escapar del marco constitucional que establece ya no sólo el derecho a la información, sino y, acaso en primer lugar, el derecho, más amplio, a la comunicación.

En este sentido, insiste, tal vez ésta sea la mejor oportunidad de debatir ambos derechos, tanto de parte de los ciudadanos y organizaciones como de los mismos periodistas, como una forma de “ampliar las relaciones democráticas en Bolivia”.

Ahora, si la Ley de Imprenta no fue cambiada en el pasado, por algo será. Al respecto, el investigador Erick Torrico dice que si esta ley no fue modificada se debió a la correlación política que siempre fue desfavorable para los periodistas y los gremios.

El principio que postularon los periodistas es que cualquier modificación de la norma en cualquier caso debe ser controlada por los trabajadores de la información.

Onadem, ver contenidos

Una de las pocas iniciativas de lo que se puede considerar “control social ciudadano” de los medios es el Observatorio Nacional de Medios (Onadem), de la Fundación Unir. Al respecto, el investigador Erick Torrico señala que el ente se creó para “aportar análisis crítico del trabajo de los medios periodísticos, en vista a alentar una mejor calidad en la información noticiosa y en otros productos como la opinión y la interpretación”.

Hace a la autorregulación porque, con la evaluación que efectúa el Onadem de lo que producen los medios, éstos pueden reorientar su accionar. “Si hemos logrado introducir la preocupación por la calidad de la información, también se evidencia una mayor atención a la noticia balanceada, de parte y contraparte; también se tiene mucha demanda de estudios que hacemos”.

Los medios, la clave

Lo óptimo para la autorregulación al parecer es que ésta aterrice en los propios medios de comunicación.

Ya hubo —cuenta el investigador Erick Torrico— valiosas experiencias como el Defensor del Lector del diario El Deber en Santa Cruz, pero que lastimosamente no prosperaron. Lo mismo se sabe de algunos medios que formularon sus propios códigos de ética; el punto es saber si se aplican, señala. Otro problema también es la participación ciudadana; que la gente no usa de los recursos de reclamo que puedan haber en los medios.

“(Estos mecanismos de reclamo) son nuevos y poco conocidos. Entonces, una tarea importante que pueden desarrollar los medios justamente es difundir la existencia y las funciones, los procedimientos que están establecidos para plantear denuncias o cuestionamientos”.

El ‘control social’ en la labor periodística

Una peculiaridad de la Ley de Imprenta es que establece el funcionamiento de un tribunal especial. En este sentido, para el fiscal de la APLP, Antonio Vargas, la ley se adelanta en años al actual régimen constitucional en su aspecto de promover el control social.

Naturalmente, no se habla de control social, pero sí, a través del Tribunal de Imprenta se establece lo que se puede llamar el “control ciudadano”, pues, como se sabe, estos tribunales están conformados por personas notables de la comunidad, elegidas por los concejos municipales. 

Esta cualidad debería ser conservada, pues si hay alguien que debería medir o juzgar el trabajo de los periodistas y los medios, ésta es la ciudadanía, señala Vargas.

Respecto del “tribunal especial” que constituye el Jurado de Imprenta, el comunicador Antonio Gómez, en su trabajo Medios de comunicación en Bolivia, afirma que podría haber una suerte de incompatibilidad entre la Ley de Imprenta y la nueva Constitución.

Específicamente se refiere a que mientras la Ley de Imprenta establece un tribunal especial, “un régimen de excepción para el procesamiento de faltas y delitos en materia periodística, mediante los Jurados de Imprenta”, el artículo 120, numeral 1 de la nueva Constitución señala que “Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa”.

Esto, a futuro, acaso también sea motivo para llevar a debate la antigua Ley de Imprenta.

Ahora, también es un hecho conocido que en muy pocas ocasiones funcionaron plenamente los Jurados de Imprenta, aunque esto —insiste Vargas— principalmente se debió a la falta de institucionalidad o atención que se le dio al caso por parte de los concejos municipales.

Otra limitación legal y conceptual de la Ley de Imprenta anotada por Gómez es la ambigüedad del “sujeto de derecho” de dicha norma: en su primer artículo, se refiere a “todo hombre” como el portador del derecho a publicar sus pensamientos.

Hoy se tendría problemas al querer juzgar un delito de imprenta, porque “no es lo mismo ser periodista (redactor, editor, director), empresa periodística, que impresor o dueño” del medio, apunta Gómez.

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