Animal Político

Una Ley Marco de Medios es poco realista

Ya existe suficiente legislación

La Razón / Iván Bustillos

00:00 / 05 de febrero de 2012

Desde la Cumbre Social de Cochabamba (diciembre de 2011-enero de 2012), insistentemente se habla de la necesidad de una Ley de Medios o Ley de Comunicación que, en el mejor de los casos, incluya como parte importante a la Ley de Imprenta. En términos prácticos, señalan nuestros entrevistados, primero hay que plantear si hoy es necesaria toda una ley, dado el actual desarrollo legislativo nacional que se tiene con respecto a la comunicación. 

“Una Ley de Medios, así global, es medio difícil, creo que soñamos; en ninguna parte del mundo hay una ley que abarque todos los fenómenos de la comunicación”, destaca el periodista Carlos Soria Galvarro. Primero hay que ver para qué queremos una ley de medios si casi todo ya está regulado, reflexiona por su parte Andrés Gómez.

“La Ley de Telecomunicaciones, por ejemplo, contempla que no puede haber monopolios, cómo acceder a las frecuencias, las sanciones; todo está regulado. ¿Qué haría una Ley de Medios? Para crear periódicos, por ejemplo, no se puede regular; salvo la estructura propietaria: que los propietarios de medios no tengan negocios extraperiodísticos, que no haya capitales extranjeros; esto último ya está legislado”.

Al respecto, la comunicadora y docente Sandra Aliaga señala que acaso haya que tomar el ejemplo de la Ley de Imprenta, que con la mayor economía de artículos establece principios básicos suficientes como para legislar.

“El que explica, se complica. Yo no creo que haya que hacer demasiadas reglas del juego. Éstas tienen que ser claras en cuanto a prohibir monopolios comunicacionales, en la distribución de frecuencias, las concesiones, en fin; pero legislación en este terreno; no necesitamos más legislación”.

Aliaga más bien hace énfasis en la actuación de la ciudadanía a la hora de hacer cumplir la legislación comunicacional. “Necesitamos tener una ciudadanía consciente de su derecho, de defenderse, de no dejar pasar algo que no es cierto de algún medio. Hay que marcar la cancha (con la legislación); cualquier tipo de legislación que se meta con contenidos, es susceptible de ser un juego abierto de censura”, sentencia.

Código. Antes que debatir una Ley Marco de Medios, señala Andrés Gómez, acaso lo mejor sea construir un Código de Comunicación que, en general, regule “las relaciones jurídicas entre el periodista y la sociedad (el titular de la información) y el Estado”.  Tres grandes aspectos aún faltan por desarrollar, señala:

Primero hay que discutir el acceso a la información, la ley al respecto, destaca. “Que el Estado dé la información, lo cual además  está en la Constitución Política del Estado en la parte del control social”. Con relación al acceso a la información del Estado, hay sólo un decreto, y sólo para el Órgano Ejecutivo; cuando lo que se debe es ampliar este derecho a los otros poderes y también a las universidades, las Fuerzas Armadas y la Policía, afirma.

Otra ley que hace falta —continúa— es la que regule la administración de los medios de comunicación públicos; más cuando ahora los medios estatales ya no serán sólo el Canal 7 (Bolivia TV) y radio Patria Nueva, sino medios de comunicación de las gobernaciones y los municipios del país. “Hay que prevenir futuras guerras entre medios de cada nivel del Estado”, dice.

Un tercer aspecto que falta normar son las Políticas de Comunicación. “¿Cómo los medios vamos a fomentar la construcción del ser boliviano? ¿Cómo hacer que el país tome la comunicación como un factor de desarrollo y la información como un principio de participación? Eso tenemos que construir, lo cual no significa meterse en la regulación de contenidos, sino elaborar sólo líneas básicas de políticas de comunicación que nos interesen a la comunidad, y cómo vamos a actuar en la construcción de nuestro país”.

En ese código también tiene que, en general, normarse las relaciones entre los medios y la sociedad. “Para esto, como fundamento está la Ley de Imprenta, la que no vale la pena transformar o anular, sino solamente actualizar, en algunos términos”.

Cumbre. Las conclusiones de la mesa de Comunicación de la Cumbre Social de Cochabamba tienen la virtud de expresar de la manera más clara la expectativa que las organizaciones sociales tienen de los medios de comunicación social. La primera conclusión es emblemática: “La descolonización, la despatriarcalización e interculturalidad, deben ser transversales en toda la programación y el enfoque de la información y comunicación de los medios públicos y privados. Se debe descolonizar la comunicación”.

Específicamente en lo referido a la libertad de expresión, la Cumbre señala que los medios deben ajustarse a lo que expresa la Constitución “en lo referente a la libertad de expresión bajo los principios de veracidad y responsabilidad, tomando en cuenta las diferentes culturas e idiomas del Estado Plurinacional”.

En lo relativo a algunos contenidos de los medios de comunicación, la Cumbre se refiere sobre todo a los publicitarios: “Regulación de la publicidad y de los programas que atenten contra la dignidad y derechos de las personas”.  En relación a los valores de identidad, es más enfática: “Es necesaria la regulación y control social a las acciones y mensajes de comunicación que atenten contra la identidad cultural de los pueblos indígena originario campesinos, interculturales y afrodescendientes”.

Los periodistas piden un diálogo serio

De alguna manera el Gobierno convocó a las organizaciones periodísticas a presentar sus propuestas para una reforma de la actual legislación referida al ámbito comunicacional. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANPB), Ronald Grebe, señala que en primer lugar las organizaciones de los periodistas pedirán establecer las mejores condiciones institucionales del diálogo, que además de ser participativo, se escuche a las organizaciones periodísiticas y se tome en cuenta sus propuestas y observaciones.

Que no pase —dice— como lo que ocurrió en el “diálogo” que hubo tanto sobre la Ley contra el Racismo como con la Ley de Telecomunicaciones. En ambos casos —señala— se acudió a las comisiones parlamentarias respectivas, y al margen de que se haya o no atendido a las organizaciones de periodistas, al final, en los textos de ley, no se tomó en cuenta sus observaciones.

Al respecto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dice que en el caso de la ley antirracismo, la posición del gremio se cerró al solo rechazo de dos polémicos artículos, no habiendo, en rigor, propuestas. Con respecto a la Ley de Telecomunicaciones, por el contrario, destaca que ésta fue una de las de mayor consenso.

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