Animal Político

Leyes, usos y costumbres, mitos y más...

El texto hace un recuento cronológico desde 1985 de la lucha contra la violencia de género hasta la actualidad. En vísperas de  que se apruebe/ promulgue una ley más contra este flagelo de   la sociedad, se cuestiona la falta de control de la aplicación de las normas.

La Razón (Edición Impresa) / Érika Brockmann

00:00 / 24 de febrero de 2013

Que en noviembre de 1985 cuando organizamos la primera manifestación pública para denunciar la violencia intrafamiliar en la ciudad de La Paz. A plena luz del día, colocamos afiches y entregamos volantes bajo la mirada sorprendida, extrañada, curiosa, de una hostilidad que llegaba a verbalizarse en insultos y altercados poco gratos. “No se metan en nuestras vidas, en nuestras familias, ni en lo que ocurre en nuestras casas”,  “si hay golpes es porque la quiero, por celos… por amor”, etc. El problema de la violencia intrafamiliar o doméstica no era de interés público pese a que en 1986, del total de casos atendidos por la Clínica Forense del Distrito Judicial de La Paz, 954 tenían que ver con mujeres, y de éstos, casi el 70% se relacionaba con lesiones corporales ocasionadas por sus parejas.

Diez años después se aprobó finalmente la Ley 1674, de Lucha Contra la Violencia en la Familia o Doméstica. Eso ocurrió luego de un largo proceso precedido por el cabildeo de organizaciones de mujeres coaligadas en torno a una agenda de propuestas que se fortalecía en el contexto del denominado “Decenio de la mujer”, decretado por la comunidad internacional. Fue en 1993 que se hizo público un primer estudio gubernamental que desnudaba la magnitud de una violencia invisible que hoy permanece y nos interpela a todos. La estrategia fue hacer público un problema que se escondía en cocinas, recámaras o en la sombra de una fiesta. Implicaba “politizar —en buen sentido— un tema privado” y hacer que se posicione en el debate, se haga visible y se reconozca como un asunto que obligue al Estado a  intervenir “para salvaguardar la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes de la familia”.

Las leyes sirven, pero no bastan. 19 años después de aprobada la referida ley, de haberse legislado los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la ley de protección a víctimas de violencia sexual y de haberse constitucionalizado la defensa de derechos en este campo, las cifras de la violencia espantan. Hoy (jueves, de edición) se anuncia la inminente aprobación de una Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que debiera llenar los vacíos, modificar y corregir aquellos aspectos que dificultaron una eficaz aplicación de la primera. Se sabe que ha sido trabajada, discutida y debatida desde hace seis años y que han intervenido profesionales cotidianamente relacionados a este grave problema que erosiona el tejido familiar y de la sociedad, y cuya incidencia no parece disminuir pese a las campañas y la retórica que conllevan. Confiemos en que el tratamiento de esta ley no sea una respuesta reactiva a los casos extremos de feminicidio y violencia sexual registrados los últimos días, a los que usualmente acompañan propuestas descabelladas como la “castración química”, la “pena de muerte” y agravamiento de penas  que reflejan una  profunda ignorancia respecto a un fenómeno de alcance universal y de larga data.

Bienvenida la ley, aunque a veces siento que nos graduamos en la elaboración de leyes de papel. ¿De qué servirá si existe una crónica tendencia a dejarlas sin reglamentar? La propuesta es ambiciosa al pretender una aproximación integral, aspecto que en la práctica demostró poca  eficacia. La integralidad obliga a un mayor compromiso. En esta materia, se agotó el tiempo de los discursos, de la hiperinflación normativa y reglamentaria; es imprescindible transitar hacia una política redistributiva traducida en acceso a recursos presupuestarios y mecanismos institucionales de jerarquía en los tres niveles de Gobierno, en el Órgano Judicial, en la Policía y otros sectores involucrados en el tema. Las instancias que atienden hoy los denominados asuntos de “género” tienen presupuestos y un status minimalista; son dependientes de la cooperación internacional. Sus recursos no han sido incrementados proporcionalmente a los ingresos de una bonanza económica que nos llena de optimismo.

La integralidad obliga a una política contra la violencia, el crimen y de acceso a justicia que no sólo necesita de más voluntad política y eficacia operativa, sino de un progresivo cambio de “chip” mental que entroniza el fatalismo y la naturalización de estas violencias. La realidad del machismo nos golpea con crudeza y cinismo “así nomás había sido”, aderezada de mitos como aquél que culpa al alcohol, que es apenas un  facilitador y no causa de una cultura de violencia. 

Lo ocurrido en Cochabamba, en Chuquisaca y las muertes publicitadas y anónimas ponen a prueba la aplicabilidad de las leyes que abundan, y festejamos con bombos y platillos en ocasión de su promulgación. Hay impotencia cuando los casos se diluyen en la fase investigativa y cuando los desistimientos y los “arreglos” entre víctimas y agresores abundan en medio de idas y venidas burocráticas. Es de esperar que las actuaciones de aquí en adelante no fracasen en la búsqueda de la “verdad histórica de los hechos” de violencia. De persistir esta incompetencia, habrán ganado los no siempre santos “usos y costumbres”, sean “señoriales, plebeyos o comunitarios”. Esos que en Carnaval, en nuestras ch’allas y festejos oficiales dan rienda suelta a las violencias y abusos cotidianos de poder y de “disciplinamiento doméstico” que con resignación experimentan miles de mujeres.

Concluyo señalando que no todo tiempo pasado fue mejor. No es que la sociedad enfrente una crisis moral y de valores en cuanto a estas manifestaciones de violencia crónica y naturalizada. La idea de crisis implica deterioro y decadencia respecto a un mejor pasado. Y es que las violencias contra los cuerpos y la integridad de las mujeres están hace siglos instaladas pero invisibles; es necesario tomar conciencia no sólo de la gravedad de la verdad histórica de los hechos que hoy nos contagian una euforia sancionadora, sino de muchos otros que son silenciados y nos contagian de impotencia.

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