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Libertad de expresión de periodistas, garantía de la democracia

En el libro ‘Regulación y periodismo en Bolivia’ (de reciente publicación) el autor intenta establecer un balance actualizado de la aplicación positiva, la jurisprudencia y la doctrina respecto de la legislación que regula la actividad periodística en Bolivia.

La Razón (Edición Impresa) / Antonio Gómez Mallea

00:03 / 16 de agosto de 2015

Hay un presupuesto básico para la democracia: los periodistas cumplen su labor como parte de la función pública de información. Este hecho es resultado de una larga evolución histórica. Por ello, preservar la labor de los periodistas es preservar la democracia. Orígenes de la libertad de expresión. En 1877, el historiador inglés Lord Acton señaló que los griegos “toleraban una considerable variedad de opiniones y una gran libertad de expresión. De este modo llegaron a ser el único pueblo de la antigüedad que se hizo grande a través de instituciones democráticas”.

Así, numerosos estudiosos dicen que se puede encontrar, tanto en griegos como romanos “frases antológicas en defensa de la libertad de expresión”, citando la afirmación de Demóstenes sobre el hecho de que no podía caer sobre un pueblo peor desgracia que la “privación de la libertad de palabra”.

Sin embargo, los autores están de acuerdo en que solo se puede hablar de formalización explícita del derecho a la libertad de expresión desde 1688-1689 en Inglaterra, como resultado de la llamada “Revolución Gloriosa” y la aprobación de la “Carta de Derechos”.

Este hecho se iría a complementar con la rebelión de las colonias inglesas de América y con la Revolución francesa, pues “en ambos casos los revolucionarios consideraron necesario y digno exaltar los valores que les habían inspirado en su lucha contra su respectivo antiguo régimen, incorporándolos en uno o más textos fundamentales”: la Declaración de Independencia y la Ley de Derechos en América del Norte (1776)  y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia (1791).

En lo que toca al mundo hispano, el desarrollo de la libertad de expresión como derecho también tuvo su influencia en el proceso constitucionalista y el progreso del periodismo, desde las Cortes de Cádiz (1810) a la Declaración de Chapultepec (1994).

Periodismo y poder. En lo que toca al vínculo entre periodismo y libertad de expresión, son varios los autores que han constatado que siempre ha existido un enfrentamiento histórico de esta actividad profesional con los poderes constituidos. Por ejemplo, Martin Conboy concluye que el periodismo siempre ha sido asociado con la disputa —disputa acerca de su valor, su función, su dirección, incluso su definición— y siempre ha sido construido como un conjunto diverso y múltiple de estrategias textuales, prácticas heterogéneas que intentan conquistar o desafiar todo lo que ha sido la interpretación dominante.

En este sentido, es célebre el aforismo del cardenal Wolsey, “eminencia gris del reinado de Enrique VIII de Inglaterra”, quien a comienzos del siglo XVI dijo: “Debemos destruir a la prensa o la prensa nos destruirá a nosotros”. A lo que en 1671, en Estados Unidos, el gobernador británico de Virginia añadió: “La Ilustración ha traído al mundo la desobediencia, la herejía y las sectas; y la prensa no solo las divulgó, sino que también lanzó libelos contra el gobierno”.

¿Por qué sucede esto? Felipe Pena de Oliveira (2009) ha recopilado once teorías diferentes sobre lo que es el periodismo entre la que se encuentra la del Neewsmaking, que señala que esta actividad “está lejos de ser el espejo de lo real. Es, más bien, la construcción social de una supuesta realidad”.

En otras palabras, los periodistas han construido y siguen construyendo una visión alternativa de la sociedad a la que tienen los poderes constituidos. Son la voz del disenso que equilibra el poder y permite el diálogo en una sociedad democrática.

En Bolivia. Desde su nacimiento, nuestro país ha tenido una legislación garantista del trabajo del periodista, que se refleja en la Ley de Imprenta de 1925 y cuyos preceptos solo fueron obviados por las dictaduras militares.

Sin embargo, esta situación empezó a cambiar en 2006, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) comenzó a gobernar el país con una serie de cambios políticos que se tradujeron en una reforma de las leyes, que puso en cuestión legalmente, por primera vez en la historia boliviana, los principios básicos de la Ley de Imprenta.

Todo ello hace oportuna una actualización y ampliación del estudio de la legislación sobre periodismo en Bolivia, en al menos dos sentidos: Verificar la aplicación positiva de la Ley de Imprenta dentro del nuevo marco normativo, lo que incluye la promulgación de más de un centenar de instrumentos legales desde el año 2006 hasta 2015; y constatar la nueva jurisprudencia de tres lustros que incluye el fenómeno de la autorregulación.

Por ello, en el libro Regulación y periodismo en Bolivia intento establecer un balance actualizado de la aplicación positiva, la jurisprudencia y la doctrina respecto de la legislación que regula la actividad periodística en Bolivia, en el entendido de evaluar las garantías legales que ofrece el Estado boliviano para el ejercicio de la profesión.

Un primer avance que puedo dar de los resultados de esta investigación es la hipótesis: La interpretación objetiva del derecho permite establecer que la inclusión constitucional del derecho a la información y la comunicación, así como la legislación conexa que se ha promulgado desde el año 2009 a la fecha, garantizan un respeto de las prerrogativas del periodista como sujeto de derecho, que está por debajo de los estándares que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido para el objeto de derecho en materia de libertad de expresión. Invito a ser parte de este importantísimo debate con la lectura y discusión de los resultados de esta investigación.

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