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Límites e identidad, la polémica de los censos

La identidad, religiosa y étnico-cultural, y la definición de una cartografía previa a cada consulta son temas que han ocasionado amplios debates, no sólo en la encuesta nacional del 21 de noviembre, sino en las previas de los censos de 1992 y  2001, Su resolución es aún una incógnita.

La Razón / Eduardo Chávez Ballón

00:01 / 09 de diciembre de 2012

Los censos nacionales en Bolivia han dejado polémicas que en muchos casos se han esfumado con el tiempo y han rebrotado en el siguiente evento. Eso sucedió al menos en las consultas realizadas en 2001 y 2012. Según la revisión hemerográfica de las ediciones de La Razón de esa época, uno de los temas más álgidos fue el de la cartografía, por su implicación en la distribución de recursos fiscales, pero los relativos a la identidad —sexual, religiosa y cultural— tuvieron su cuota parte a la hora del debate político y mediático.

Tras el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 y con la vigencia de la Ley 1551, de Participación Popular, del 20 de abril de 1994, la demografía y la demarcación territorial cobraron importancia por la distribución de recursos públicos a las regiones y municipios.

Para 2001, esos recursos incluían el reparto de los fondos del programa de alivio a deuda externa, conocido como HIPIC I y HIPIC II (Programa de Alivio de la Deuda Externa de Países Chicos). Eran 400 millones de dólares que deberían destinarse a las poblaciones consideradas más pobres. Entonces se plantearon reclamos para definir límites municipales en La Paz, Chuquisaca, Oruro, Cochabamba y Potosí. El Alto amenazó con boicotear la consulta si no se aprobaba una ley de límites.

Un informe oficial de hace 11 años señalaba que el 80% de los municipios en el país no tenía los límites claramente definidos. La cartografía para 2001 fue elaborada con dos años de anticipación y el entonces ministro de Desarrollo Sostenible y Planificación, Ramiro Cavero, explicó días antes de la encuesta programada para el 5 de septiembre que el censo no define límites y que éstos se pueden modificar al margen de los resultados.

Sin embargo, en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada emitió el Decreto 27086, el 18 de junio de 2003, en el que su primer artículo señalaba: “El presente decreto supremo tiene por objeto establecer un procedimiento de prevención de conflictos sociales suscitados entre municipios, que surgen como consecuencia de la publicación de las tablas anexas de los decretos supremos 26570, de 2 de abril de 2002; 26608, de 29 de abril de 2002; y 26722, de 30 de julio de 2002, referente a los datos oficiales de población y de acciones de provincia reportados por el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2001 y, a cuyo efecto han sido afectados en la asignación de población y por ende en sus recursos de coparticipación tributaria y recursos HIPC II”.

Si bien fue una medida preventiva, la cartografía del Instituto Nacional de Estadística (INE) fue refrendada para la asignación de recursos. El exdirector del Censo 2001 Luis Pereira advierte hoy que ese trabajo es detallado, pero que existen entidades como el Instituto Geográfico Militar (IGM) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que cuentan con trabajos más amplios y precisos, este último del área rural del país.  Lo que sugiere es que sea una institución la que centralice la información cartográfica, incluida la que vaya a usar el INE en los censos futuros.

Para 2012, el INE admitió que no alcanzó a actualizar la totalidad de los mapas y que en algunos casos usó los de 2001. Pereira aclara que esto no afecta en gran manera a los resultados del censo ni a la asignación de recursos, sin embargo, genera una distorsión que puede volcarse en contra de los municipios pequeños “que extendieron sus límites territoriales o inflaron su población”.

Otro debate que se generó este año a raíz de la boleta censal fue el de la identificación con una nación indígena. Sin embargo, Pereira admite que se dio un paso con relación al censo que él dirigió porque entonces se incluyó la pregunta abierta respecto a la identificación con una nación indígena, en cambio esta gestión se ofrecieron alternativas para precisar esa pertenencia.

En cuanto al término mestizo, el consultado asegura que no es muy preciso y puede provocar que se invisibilice a alguna nación porque no hay población indígena 100%.  La religión fue otro de los temas polémicos por su exclusión, y no fue la primera vez, porque en 2001, pese a que en el país la Constitución Política del Estado determinaba que Bolivia era un país católico, no se hizo esa consulta porque no definía una política pública estructural.

El experto en temáticas de población René Pereira explica que la información de esos temas puede lograrse a través de encuestas de familia o las que se hacen entre un censo y otro. “Cada censo es una fotografía del panorama general del país en cuanto a población y vivienda, los  temas en detalle, como la religión, ameritan un mayor acercamiento para definir acciones del Estado, en cualquiera de sus niveles, en el área que corresponda, sea en educación, políticas de familia, salud, etc.”, precisa.

Más allá de las declaraciones y posiciones políticas, lo que recomiendan René Pereira y Luis Pereira es una elaboración e interpretación adecuada de la información que arrojen los resultados del  censo de 2012 porque esto permite la planificación y mejorar los objetivos de la próxima consulta, en la que se debe repetir aspectos centrales de la boleta e incluir aquellos que graviten a la hora de diseñar una política pública.  

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