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Magistrados de Bs 100 millones ¿Lo valen?

¿Vale el gasto hecho para tener un magistrado que moviliza bases sociales para evitar que sus colegas lo cambien, o los magistrados que cobran a los abogados para  repartir cargos de jueces?

La Razón (Edición Impresa) / Mery Vaca

00:00 / 02 de marzo de 2014

Se lo advertimos”, podrían decirle al presidente Evo Morales los alrededor de 2,4 millones de ciudadanos que el 16 de octubre de 2011 votaron blanco o nulo en las primeras elecciones judiciales de Bolivia y del mundo, que costaron 100 millones de bolivianos.

Dos años y dos meses después de la posesión de los magistrados, esos 2,4 millones de bolivianos, el 58% de los votantes, pueden sentirse con la conciencia tranquila porque no avalaron la elección que profundizó la grave crisis que aqueja al Poder Judicial.

Recordemos que el presidente Morales asumió como una pelea propia esas elecciones a las que calificó de “históricas, nunca antes vistas en el mundo” (por algo será que nunca se vieron en el mundo). Pidió a sus bases hacer campaña “organizarse para ir por cada sindicato” porque “a esa derecha (...) tenemos que ganarle”.

Ahora sabemos que no por inédito ese proceso electoral ha logrado la solución de los problemas crónicos de la Justicia. Al contrario, los altos tribunales, salvo contadas excepciones, a diario se enlodan de miserias, las que se replican en los niveles inferiores hasta el cansancio.

Los opositores, varios medios de comunicación y analistas advirtieron de que la elección en las urnas era un experimento costoso y riesgoso para el sistema mismo. Pero, como siempre, las voces críticas fueron descalificadas a priori por el oficialismo.

Los candidatos fueron elegidos por la mayoría oficialista en el Congreso, que sacó de las listas a abogados prestigiosos y antepuso su preferencia por un perfil indígena y sindical frente a los méritos y el conocimiento jurídico.

También se decidió restringir la información periodística sobre los candidatos, lo que equivalía a dejar en las sombras aspectos de sus méritos o sus posibles relaciones políticas. Relaciones que, sin embargo, hoy son mencionadas por los mismos magistrados a propósito de las puñaladas que se dan en el Tribunal Constitucional.

Los que llevan poncho, sombrero y pollera, a los que el mismo presidente Morales ha aludido y cuestionado públicamente, obtuvieron las más altas votaciones, lo que podría hacer suponer que alguna gente se guió por la vestimenta antes que por los méritos.

Hay una larga lista de observaciones que el Gobierno no quiso escuchar. Y, en consecuencia, experimentó una primera derrota electoral desde 2005.

Una vez producida la elección, llegaron las voces que pedían anular los comicios, pero todas las críticas fueron arrolladas con el discurso oficialista sobre el supuesto cambio estructural en la Justicia. La OEA y Unasur avalaron el proceso y de esa forma callaron a los que advirtieron del desastre. Incluso hubo felicitaciones a Bolivia por haber encarado un proceso inédito.

Ahora que existe una conciencia generalizada de que el sistema de administración de justicia, pese al gasto hecho, sigue siendo monstruoso, es momento de preguntar cuál es la responsabilidad del Gobierno, el Congreso, el Órgano Electoral Plurinacional y de los organismos internacionales. No para disparar contra ellos, sino porque es la oportunidad para que hagan una autocrítica. ¿De qué otra forma podemos avanzar? El mismo presidente Morales suele decir, paradójicamente, que en cada error, se aprende más.

Sin embargo, hay una responsabilidad política en este proceso, pero también hay una responsabilidad económica. Las inéditas elecciones judiciales costaron 100 millones de bolivianos, lo que equivale a 1,7 millones de gasto por cada uno de los 56 magistrados elegidos. Ya que solo 26 asumieron sus cargos (los demás son suplentes) se podría decir que el costo por cada magistrado electo es de 3,4 millones de bolivianos. Es posible que algunos de los magistrados valgan el esfuerzo económico que hizo el Estado, pero muchos arrastrarán una deuda por generaciones.

¿Vale Bs 3,4 millones un magistrado que está acusado de golpear a su mujer, que se resiste a renunciar y solo en medio del escándalo finalmente lo hace? ¿Los vale acaso el magistrado que suelto de cuerpo dice que lee en hojas de coca los fallos constitucionales y que actúa como opositor cuando dispara contra el Gobierno?

¿Vale esa suma el magistrado que revela que le espían y después, como hacen todos los políticos, acusa a la prensa de sacarlo de contexto, que después renuncia a la presidencia de su tribunal, se retracta y hace todo tipo maniobras para seguir en el cargo?

¿Vale el gasto hecho para tener un magistrado que moviliza bases sociales para evitar que sus colegas lo cambien, o los magistrados que cobran a los abogados para repartir cargos de jueces? Éste, sin lugar a dudas, fue un enorme e improductivo gasto para el Estado porque no estamos ante una simple crisis, sino ante una frustración generalizada en la población y frente a un retroceso. O alguien duda de los méritos de Eduardo Rodríguez, que dirigió la Corte Suprema y después hizo una transición política ordenada como presidente.

A estas alturas, el único camino parece ser la modificación de la Constitución para establecer un mecanismo creíble de selección de magistrados porque las elecciones no siempre son ganadas por los mejores ni los más sabios. Eso va no solo para el Poder Judicial.

El tema se posicionará con fuerza en las elecciones generales, pero, tomando en cuenta que los comicios pueden dar lugar a una nueva correlación de fuerzas, puede ser mejor esperar hasta el 2015 para una reforma reflexionada. Entre tanto, lamentablemente, parece que solo nos queda convivir con el drama de una justicia injusta.

Es periodista

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