Animal Político

Medida para ocultar la decadencia

Si bien no se puede negar el beneficio del indulto, tampoco se puede ignorar que solo es un paliativo.

La Razón (Edición Impresa) / Franco Albarracín es abogado

00:00 / 09 de octubre de 2019

El emblemático caso del médico Jhiery Fernández nos permitió visibilizar con mucha claridad la crisis del sistema judicial y penitenciario en Bolivia, temática que quedó en el olvido por parte del Estado. Es menester recordar que un médico inocente fue privado de su libertad para tener que vivir cuatro años en el sector de la Grulla de la cárcel de San Pedro, por culpa de jueces y fiscales corruptos que hasta el momento no cumplen con la responsabilidad civil y penal que corresponde. La tragedia que tuvo que vivir el médico Jhiery Fernández evidencia un patrón consolidado de vulneración de los derechos humanos ocasionado por la degradación del sistema judicial y de los agravantes de las precarias condiciones de las cárceles en Bolivia propias de un país del tercer mundo.

Al respecto, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha expresado en varias ocasiones su preocupación sobre la situación de los privados de libertad en Bolivia, sobre todo con relación al hacinamiento en las cárceles, la falta de infraestructura y la ausencia de medidas públicas que permitan obtener una solución de carácter estructural al problema. Estos criterios fueron también expresados por una gran cantidad de países ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Es importante recalcar que el principal pedido de los mencionados organismos internacionales se ha concentrado en la incorporación de políticas públicas que estén encaminadas a brindar una garantía, protección y respeto de los derechos de las personas que han sido privadas de su libertad física. En ese sentido, corresponde analizar si durante los últimos años el Estado boliviano ha dado una respuesta coherente a este problema, y si los decretos de indulto constituyen medidas adecuadas para cumplir con las exigencias de los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos.

Desde 2012, el Gobierno ha promulgado siete decretos presidenciales de indulto que han beneficiado a más de 8.000 privados de libertad. Si bien no podemos negar el beneficio que implican estas normas para reducir el hacinamiento en las cárceles, tampoco podemos ignorar que estas medidas constituyen acciones paliativas que buscan disimular una crisis que no ha sido atendida debidamente durante más de una década.

De acuerdo con la información de la Dirección General de Régimen Penitenciario y con los datos recolectados por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en la actualidad nuestro país cuenta con 51 recintos penitenciarios con una capacidad para albergar a 5.805 personas, sin embargo, hasta 2018 el número de personas privadas de libertad asciende a 19.159, lo que implica una tasa de hacinamiento del 330%.

Más allá de la falta de infraestructura penitenciaria en el país, el aumento de reclusos no responde necesariamente a un incremento de la criminalidad. Cabe señalar que el sistema de justicia recibe tan solo el 0,47% del total del presupuesto general del Estado.

Es de igual preocupación la situación de los privados de libertad, principalmente de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad, cuyos derechos se ven incluso más afectados. Por ejemplo, de acuerdo con la información de la Plataforma Ciudadana, el porcentaje de mujeres en situación de prisión preventiva es 74%. Este dato causa preocupación sobre todo tomando en cuenta la discriminación histórica que sufren, basada en la confluencia de distintos factores relacionados con el sexo y el género, al igual que con la etnia y la identidad cultural.

Por lo tanto, resulta indispensable que el Estado boliviano cumpla con las recomendaciones implementadas por los distintos organismos de derechos humanos y se concentre en la adopción de políticas públicas con enfoque de género e interseccional que permitan brindar soluciones estructurales relacionadas con la seguridad y la salud jurídica, el incremento presupuestario para la justicia y el régimen penitenciario, la reinserción y la educación frente a un sistema basado en lo correctivo, la capacitación y la profesionalización del personal carcelario, la reducción del uso de la detención preventiva y la reinstitucionalización del sistema judicial. Ante esta situación, no podemos olvidar las expresiones vertidas por el médico Fernández al momento de ser liberado después de más de 4 años: “como yo, hay muchos inocentes en las cárceles”.

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