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Medios en la mira, los periodistas ante el reto de su oficio y sus derechos

‘Comunicación’ en la cumbre social: ¿se viene el lobo?

Prensa

Prensa Foto: Archivo La Razón

La Razón / Iván Bustillos Zamorano

01:00 / 11 de diciembre de 2011

Que un tema de la cumbre de Cochabamba sea Comunicación preocupa en varios sentidos: desde las visiones desconfiadas (que allí se empiece a forjar una forma de control a los medios), hasta las que admiten que acaso ésta sea una saludable oportunidad de renovar el debate sobre el lugar y rol de los periodistas y los medios.a cumbre social que esta semana tendrá lugar en Cochabamba tiene en agenda el tema “Comunicación”. Si bien el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Loayza, asegura que en este punto sobre todo se debatirá “los problemas comunicacionales dentro del Gobierno”, para Rodolfo Machaca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), éste es el escenario para empezar a plantear una futura Ley de Medios, “para el control de contenidos” de la prensa.

¿Se viene el lobo? En estos días se sabrá, pero un hecho se hace cada vez más evidente: mal que bien, hablar del trabajo periodístico y de la labor de los medios de comunicación social en el nuevo escenario del Estado Plurinacional. Hablar los periodistas, las organizaciones sociales, las instituciones, la ciudadanía...

Para los periodistas no es nuevo el tema, pero no por ello deja de ser urgente: cómo avanzar en la legislación relativa a su trabajo y cómo ejercer la tan anhelada autorregulación del ejercicio periodístico y el accionar de los medios de comunicación. CONSTITUCIÓN. En la semana que termina, en la Universidad Andina tuvo lugar la Mesa de Reflexión “Comunicación e Información, un derecho constitucional”, organizada por el Ministerio de Comunicación.

Allí, los panelistas, periodistas e investigadores en comunicación coincidieron en que a diferencia de épocas pasadas, cuando la principal pelea de los periodistas era la defensa de la Ley de Imprenta en las calles, ahora el escenario de debate que se debe asumir es la nueva Constitución Política del Estado (CPE); la constitucionalización, en el mismo nivel, tanto del derecho a la información (más propia al quehacer periodístico) como del derecho a la comunicación (el verdadero quiebre que para algunos está removiendo el piso a periodistas y medios).

Se trata de los artículos 106 y 107 de la Constitución, en los que, a decir del periodista Carlos Soria, se establecen tres cosas: 1) que la libertad de expresión es asumida como un derecho ya no sólo de los periodistas, sino también de todos los ciudadanos; 2) el acceso a la información y 3) que se constitucionaliza una vieja aspiración de los periodistas: la autorregulación de su trabajo.

La periodista Amanda Dávila (panelista del taller) apunta directamente al “derecho a la comunicación”. “La constitucionalización de estos derechos ha puesto en debate el que los mismos no son exclusivos de los periodistas”, es esto lo que ha tensionado la actual relación entre los medios y las organizaciones sociales.

“La ciudadanía ha comenzado a percibir que este derecho había sido secuestrado por los medios de comunicación. Hasta la Constituyente se creía que (la comunicación) era patrimonio de los medios, o que en todo caso era ejercido por unos pocos sectores”, reflexiona. 

Ahora, recuerda el comunicador Antonio Gómez Mallea en su trabajo Medios de Comunicación en Bolivia, esos mismos artículos (106 y 107) también contienen dos principios que despiertan la desconfianza por parte de los periodistas: el hecho de que la información y opinión emitidas a través de los medios deban “respetar los principios de veracidad y responsabilidad” y que los medios deban “contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país (...)”.

También desconfianza ante la posibilidad de que desde distintos niveles de poder político se pretenda sujetar los contenidos informativos y comunicacionales. “Las asociaciones de periodistas han manifestado su preocupación de que este punto sea utilizado para vehicular la ideología dominante, lo cual también es posible”.

Con todo, para el fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, el artículo 107 de la CPE constitucionaliza tres cosas: los códigos de ética de las organizaciones de periodistas, la autorregulación y la Ley de Imprenta (aunque en el texto constitucional no figura como tal).AUTORREGULACIÓN. Para Soria, si hay un desafío urgente para los periodistas, éste es el reto de aplicar e institucionalizar la autorregulación, una tarea que se lleva adelante sólo parcialmente, de la mano de algunas asociaciones de periodistas.

Al respecto, Vargas recuerda que la autorregulación ya se ejerce desde la creación del Consejo Nacional de Ética Periodística, un cuerpo de organizaciones de periodistas y comunicadores que luego eligen al Tribunal de Autorregulación Ética, conformado por cinco miembros. Entre 2010 y 2011, el Tribunal ventiló 24 casos, de los cuales emitió 14 fallos.

La sanción que impone el Tribunal es moral, pero con un alcance concreto: en cada caso tratado se pone en tela de juicio el mayor valor que tiene un medio de comunicación y un periodista, su credibilidad. Una vez que el Tribunal emitió fallos contra un medio (que se excedió o cometió un error contra una persona), éste tuvo que enmendar lo publicado, disculparse.

Por lo menos por aquí, insiste Vargas, la autorregulación funciona, aunque, dice, para hacer más sostenible el trabajo del Tribunal hacen falta recursos y medios.

Pero la autorregulación, desde otro punto de vista, también es una forma de democratizar la comunicación. Aunque parezca contradictorio, la autorregulación será siempre limitada, de poca eficacia, si es que se queda como sólo asunto de los periodistas y sus organizaciones, considera el comunicador José Luis Aguirre.

Así como la negligencia médica ya no puede ser sólo un asunto de los médicos, aunque deban ser ellos los primeros en debatirla, la autorregulación se hará efectiva sólo cuando sea apropiada por la ciudadanía. “Tenemos que tener una actitud valiente, tremendamente transparente, porque si no la autorregulación siempre va a quedar en un plano reducido o solamente como si fuera preocupación de los periodistas; la sociedad es la que se tiene que apropiar de la noción de la autorregulación, porque es hacia ella que se protege sus derechos”, analiza Aguirre.

Así, una labor apremiante es la socialización de la autorregulación, insiste. En su criterio, lo primero que deberían hacer las organizaciones de periodistas es abrir a la ciudadanía y a los propios periodistas las puertas de la autorregulación; hacer conocer de lo que se trata, cómo se puede acudir a los tribunales de ética, con qué casos y cómo hacerles el correspondiente seguimiento. Se trata de educación ciudadana. 

Por otra parte, para el comunicador Ronald Grebe, la autorregulación, además de la protección del trabajo de los periodistas, debe tener el objetivo de “elevar el nivel ético y técnico de su actividad para mantenerla a tono con los medios de comunicación”.

Según recuerda, la autorregulación no se reduce a los tribunales de ética; también puede tomar la forma de los defensores del lector. La autorregulación —aclara— tiene una larga experiencia en otros países. Lo decisivo es que los consejos de ética sean conformados no sólo por personas de prestigio moral y profesional, sino también que sean totalmente independientes frente a los medios y los periodistas.

Defender el derecho adquirido del periodista

Todos los entrevistados coinciden en que si bien se pueden tener distintas expectativas sobre la forma en que la cumbre social de Cochabamba discuta el tema Comunicación, el punto es que en todo caso se parta de que no se puede menoscabar los derechos adquiridos de los periodistas; que si se plantea discutir el derecho a la comunicación y a la información, esto sea para mejorar lo que se tiene, no para disminuirlo.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, Boris Quisberth, dice que si bien esta organización decidió asistir a la cumbre, lo hará para conocer las críticas y apoyos de los sectores sociales; pero también para manifestar las razones de los periodistas y su trabajo.

Aunque una de las preocupaciones del sindicato de los periodistas paceños es plantear el tema laboral de sus afiliados, Quisberth señala que si en Cochabamba se empieza a imponer alguna forma de control sobre los medios, esta federación abandonará el encuentro. Lo peor que podría pasar es que surja alguna “norma que vulnere el trabajo de la prensa”. 

Por su parte, el fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, afirma que uno de los mayores temores que se tiene del encuentro de Cochabamba es que allí se empiece a perfilar un ente regulador de los medios.

Ir más allá del ‘buzón de quejas’

De la rectificación puntual de alguna información incorrecta, al final se trata de establecer una relación más de ida y vuelta entre el medio y el público. Es aquí donde aparece el Consejo de Ética.

El periodista Ronald Grebe apunta, por ejemplo, que estos consejos “son necesarios, primero, porque responden a las críticas sobre la credibilidad de la actividad periodística; segundo, son un mecanismo ágil que canaliza y atiende los reclamos del público frente a los excesos de la prensa; tercero (son útiles) ante las intimidaciones y acosos a los periodistas por parte del poder político; y, cuarto, (son necesarios) ante el peligro de que se promulguen leyes que restrinjan el derecho a la libertad de expresión.

Los fallos del Consejo de Ética —añade— no tienen fuerza de ley, pero su prestigio e imparcialidad convierte a sus veredictos en una sanción moral. Por lo demás, el Consejo de Ética trabaja en forma gratuita, por lo que los afectados no tienen que pagar nada al recurrir a dicha instancia ni temer juicios engorrosos, destaca el periodista Grebe.

Al menos 11 normas regulan a los periodistas

Aparte de la Ley de Imprenta, del 19 de enero de 1925, al menos 11 normas, entre leyes y decretos, ya regulan el trabajo periodístico, sostiene el comunicador Antonio Gómez Mallea.

Se trata de la Ley de 30 de diciembre de 1944 Contra el Anonimato; el Decreto 2720, de 19 de septiembre de 1951, de Incorporación de la Radiodifusión a la Ley de Imprenta; el Decreto 09113 de 19 de febrero de 1970, de Descanso Dominical Obligatorio y de la Columna Sindical; el Código Penal modificado por Ley 1674, 1768, 1970, 1778 y 2033; Delitos Contra el Honor (aplicables según los artículos 27 y 28 de la Ley de Imprenta); el decreto de 14 de mayo de 1976 de Profesionalización del Periodista; la Ley 494, de 29 de diciembre de 1979, del Estatuto Legal del Periodista Boliviano; el decreto de 9 de mayo de 1984 del Estatuto Orgánico del Periodista Boliviano; el decreto de 17 de Julio de 1997 de Plena Vigencia de la Ley de Imprenta; la Ley 2026, de 27 de octubre de 1997, Código Niño, Niña, Adolescente; el decreto 28168, de 17 de mayo de 2005, de Acceso a la Información Pública, y el decreto 0136, de 20 de mayo de 2009, modificatorio sobre la Columna Sindical.Jurisprudencia. A lo apuntado por Gómez, hay que añadir la serie de normas que emitió el actual Gobierno: la Ley Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, la Ley de Telecomunicaciones o la Ley Electoral, entre otras.

Para el fiscal general de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, el reciente conjunto de leyes emitidas por el actual Gobierno, no es otra cosa que una “arquitectura jurídica que vulnera la libertad de expresión”. En este sentido, la mayor preocupación de esta organización es que para formular una futura Ley de Medios se la pretenda establecer sobre esta jurisprudencia.

“En determinado momento dije que en realidad ya no es necesaria una Ley de Medios, que ya todo está regulado en diferentes leyes; así, la Ley de Medios no va ser sino la suma de la regulación dispersa para medios de comunicación y el trabajo periodístico en diferentes instrumentos jurídicos”, señala Vargas.

Otro hecho que preocupa a la Asociación es que la iniciativa legislativa que surja de la cumbre social de Cochabamba valga más, por ejemplo, que —dice— las más de 420 mil firmas que algunas organizaciones de periodistas recogieron en rechazo a la Ley contra el Racismo.

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