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Méritos, publicidad y consenso político, tres claves de la designación

Se trata tanto de mejorar el procedimiento técnico de la designación, como de sentar las bases de una elección con base en el acuerdo pleno entre oficialismo y oposición.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano / La Paz

00:07 / 07 de junio de 2015

Entre el actual proceso de designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el efectuado en 1991 (la Corte de los Notables) existe una similitud: ambos hechos son producto de una crisis previa. La salida que se dio al descalabro hace 24 años fue el consenso político.

Por otro lado, la conformación en curso del nuevo TSE (que debe arrancar hoy con la publicación de su convocatoria), siendo la segunda en el marco del Estado Plurinacional (la primera fue en 2010), al menos procedimentalmente está obligada —recuerdan quienes siguieron el proceso anterior— a no repetir los errores de hace cinco años: la no calificación de méritos de los postulantes y, en cierto momento, la no publicidad plena del acto en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).  Entre las crisis previas de 1991 y la actual también hay en común el descrédito ante la ciudadanía en que cayeron la Corte Nacional Electoral (CNE) y el TSE de hace dos semanas.

Aquella vez, la desconfianza ciudadana irrumpió luego de ver cómo en 1989 los partidos políticos, mediante la anulación selectiva de mesas, distorsionaron de tal modo el resultado que abiertamente se habló de ‘fraude’ desde la misma Corte. “Este fraude orquestado por cuatro de los siete vocales (conocidos luego como ‘la banda de los cuatro’) provocó un profundo malestar en la sociedad”, recuerda Salvador Romero Ballivián en su texto Medio siglo de historia del organismo electoral.

“Según una encuesta de la época de la empresa más importante del ramo Encuestas y Estudios, dos tercios de la población creía que hubo fraude en las elecciones, mientras que el 60% pensaba que ese fraude había sido cometido por la CNE. Ver Última Hora, 19 de julio de 1989”, apunta al respecto a su vez Lazarte en su escrito Institucionalización y crisis de la Corte Nacional Electoral (1991-2001), La Paz, 2003.

JUEZ Y PARTE. Si hay algo que repudió la ciudadanía en ese entonces, destaca Romero Ballivián, es el hecho de que los partidos políticos actuaban como juez y parte en el máximo organismo electoral: “La molestia se dirigió contra la inseguridad que daba un sistema electoral dominado por los partidos, jugadores y a la vez árbitros de la competencia”. (Medio siglo...)

La presencia directa de los partidos políticos en la CNE había sido establecida solo un año antes, en 1986, en la Ley Electoral. “De acuerdo con la Ley 857 de 1986, la CNE tenía siete vocales titulares, uno designado por el Senado, uno por la Cámara de Diputados, uno por la Corte Suprema de Justicia, uno por el Presidente y tres ‘por cada uno de los partidos que hubiesen obtenido mayor cantidad de votos en las elecciones generales inmediatamente anteriores a su designación”, destaca Romero Ballivián. Los tres partidos mayoritarios en 1989 eran Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

Luego de varias reuniones auspiciadas por la Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico, narra Lazarte, el 25 de julio los tres partidos más votados firmaron un acuerdo para reformar la Ley Electoral “para preservar la imparcialidad y transparencia de las cortes electorales”. Este pacto fue la base para los denominados “Acuerdos de febrero del 1991” que en efecto iniciaron “la institucionalización de las instituciones fundamentales de la democracia, empezando por el organismo electoral” (Lazarte); dichos acuerdos también incluían, entre otros, la reforma de la Constitución, la aprobación de una ley de partidos, iniciar la reforma educativa, activar la descentralización municipal y departamental, reformar el Poder Judicial.

Se trató de un acuerdo “trascendental, puesto que por primera vez los partidos políticos arribaron a un consenso amplio sobre la redefinición de las reglas claves del juego político”, señaló poco después René Mayorga (Reforma política y consolidación de la democracia en Bolivia, 1993).

Protagonista en primera línea, el expresidente Jaime Paz Zamora narra que los acuerdos electorales fueron tres: la elaboración de las leyes electoral y de partidos políticos, y la constitución de la Corte. “Convocamos a todas las representaciones políticas que estaban en el sistema democrático, grandes, chicas, medianas, gobierno, oposición; todas”. Paz Zamora enfatiza en que en los tres casos, pero en especial en la Corte, lo que se pretendía era el pleno consenso. “En lo de la Corte Electoral nos comprometimos todos a dos cosas: la primera, que cualquier vocal del tribunal electoral tenía que ser aceptado por todos, o sea, el acuerdo llegaba cuando todos aceptaban; pleno consenso, una persona que tenía el veto de un partido, no estaba ahí; y, segunda, que el Presidente de la República y el Ejecutivo se comprometan seriamente a cumplir el hecho de no interferir, de preservar la independencia del poder electoral”. También se buscó ciudadanos “que al mismo tiempo sean expresión nacional en cuanto a las regiones; que haya un equilibrio regional en la Corte”.

Una vez que en los acuerdos también se instituyó que los vocales de la Corte deberían ser elegidos por al menos dos tercios del congreso, Paz Zamora insiste en que ello apenas era una fórmula para conseguir el consenso, la aceptación de todos; llega a afirmar el exmandatario: “para estructurar el poder electoral, el secreto de los acuerdos no fue la mayoría de los dos tercios, el secreto fue el consenso”.

EQUIPO. En la intención de conformar una nueva Corte, también se pensó en constituir un equipo de trabajo: “Otra cosa que hicimos fue ayudar, desde el punto de vista de la capacidad e idoneidad, de hacer un equipo que se complemente, un equipo multidisciplinario, para que la idoneidad sea del equipo, tenían que haber abogados, ingenieros, en fin”.

Paz Zamora confiesa que por lo menos él aún propuso un criterio adicional: “además yo les dije: quiero que en esa Corte Electoral esté gente de nuestra época de la universidad, cuando peleamos contra la dictadura y por la democracia (…) todo el mundo podía sugerir, pero como era una cuestión política, los nombres iban surgiendo a través de los partidos políticos; yo puse a Huáscar Cajías (del Partido Demócrata Cristiano), pero recuerdo que —fíjate, te voy a decir una primicia— yo sugerí a Jorge Lazarte, un tipo trotskista que se enfrentaba con los miristas en la universidad, pero siempre lo consideré un hombre serio, inteligente, capaz”. 

En lo relativo a los méritos, Sergio Ardaya Ríos, director ejecutivo (ai) del  Consorcio Bolivia Transparente, entidad conformada por varias instituciones de la sociedad civil que hizo el seguimiento de la elección de los vocales del TSE en 2010, advierte contra la posibilidad de que se repita la forma de admitir a los postulantes sin evaluar sus méritos.

En un comunicado que Bolivia Transparente hizo en 2010 se señalaba que el Reglamento de Designación de Vocales aprobado por la ALP no cumplía con la Constitución porque para habilitar a los postulantes se consideró únicamente “un proceso de revisión sobre el cumplimiento (“cumple o no cumple”) de la documentación presentada como requisitos mínimos y formales, sin calificar la capacidad y méritos en términos de la formación académica, producción intelectual, docencia universitaria y experiencia”.

Esto cuando en el artículo 206 de la Constitución, recuerda Bolivia Transparente, estipula que “la elección de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional requerirá de convocatoria pública previa, y la calificación de capacidad y méritos, a través de concurso público”.  Ardaya Ríos apunta que “los méritos de cada postulante son una serie de indicadores: experiencia, el tema profesional, el conocimiento, la ética y la objetividad que pueda manejarse el postulante”, y esto debe ser objeto de una exhaustiva revisión.

Con el método “cumple-no cumple”, “prácticamente no hay ponderación meritocrática, todos entran en igualdad de oportunidades”, observa Ardaya. Pese al resto de limitaciones que tuvo, “un buen procedimiento para ponderación meritocrática fue el de 2007, para los magistrados del Poder Judicial”, destaca.

MÉRITOS. Con respecto a lo sucedido en 2010, el entonces presidente de la Comisión de Constitución en el Senado, Eduardo Maldonado (MAS), de principio señala que hubo al menos cuatro criterios o “categorías” para habilitar a los postulantes: ser profesional, tener “ascendiente social” (que “tenga la acreditación, postulación, el acompañamiento de su candidatura por organizaciones sociales”), si había efectuado algún trabajo relacionado a la temática electoral y, cuarto, si había tenido alguna experiencia en el área.

“El criterio que se asumió entonces, de manera conjunta entre las dos comisiones de Constitución (del Senado y de Diputados) fue no establecer una puntuación, porque si se hubiese hecho una puntuación, a manera de un concurso de méritos, esto hubiese supuesto una gradación, una calificación de los postulantes; y, consecuentemente, la labor de elección del pleno de la Asamblea hubiese quedado en un plano secundario, porque prácticamente la Comisión estaría disponiendo el orden (de los postulantes según nota)”.   

Por esta razón, dice, la labor de la Comisión solo fue informar al pleno de la Asamblea “quiénes cumplían los requisitos y quiénes no (...) quienes cumplían, ingresaban en calidad de pre-seleccionados”.

El pronunciamiento de Bolivia Transparente en 2010 finalizaba pidiendo: primero, publicidad de la hoja de vida, para que la ciudadanía conozca el perfil de los postulantes; esto es muy útil para las posibles impugnaciones que pueda presentar la propia ciudadanía; en segundo lugar, también pedía “acompañamiento y presencia de ciudadanos” en el proceso. “En 2010 hubo una apertura de la Comisión de Constitución, pudimos tener ‘observadores legislativos ciudadanos’, esta es una de las modalidades de operar esta publicidad del proceso”, refiere Ardaya Ríos; mejor si las organizaciones de la sociedad civil pueden participar del panel de quienes hacen preguntas. Y, tercero, Bolivia Transparente concluía en que “se difunda ampliamente el Reglamento de Designación de Vocales, para que los postulantes y la ciudadanía conozcan las reglas con las que se designará a las futuras autoridades”; de hecho, añade Ardaya, “lo óptimo sería que la convocatoria salga con el reglamento mismo”.

A la calificación de méritos y la necesidad del consenso político, la jefa de bancada de Unidad Demócrata, Jimena Costa, le añade con especial énfasis la publicidad del proceso. “Me parece más importante que lo que menciona (méritos y consenso), que la selección de los vocales se maneje bajo estrictos criterios de publicidad y transparencia”; de hecho, este es uno de los principales parámetros que contiene la propuesta de reglamento que UD oficialmente le hizo llegar al MAS. Y es que el principio de publicidad y transparencia, remarca Costas, “nos va a garantizar que ese reglamento sea cumplido”.

Costas reveló que el reglamento a aplicarse ahora no es muy distinto del de 2010, pero que “se lo puede mejorar”; lo importante es que se lo cumpla, remarca. La diputada opositora informó que la semana anterior los miembros masistas de la Comisión de Constitución estaban trabajando en una propuesta, “están consensuando los documentos (reglamentos) de los partidos”. En lo relativo al consenso político que se debe alcanzar para la designación de los nuevos vocales, Costa afirma que con sus dos tercios en la Asamblea, ahora la responsabilidad de la decisión es del MAS.

Pero, insiste, “deberíamos hacer un consenso: ni tuyos ni míos, ni de nadie, gente proba, decente, independiente; gente capaz”; tampoco “consenso para cuotas: ustedes ponen cinco, nosotros ponemos dos; esto no puede suceder”.  En cuanto a los méritos que hay que medir, la diputada opositora apuntó que una de las mayores sugerencias de la propuesta de UD es ampliar la “ponderación meritocrática (...) se incluyen especificaciones respecto a la materia electoral”.

Una sugerencia particular es “que hayan conocimientos no solo de democracia representativa y participativa, sino también de democracia comunitaria, porque la tarea pendiente de este órgano (electoral) habría sido implementar la democracia intercultural”.

Lo de la Corte fue una parte de las reformas: Jaime Paz Zamora, expresidente de Bolivia

El cambio en la Corte Nacional Electoral se consolidó en los acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz, del 9 de julio de 1992, junto a otras reformas: la reforma constitucional, mejorar el sistema judicial, constituir el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional, la descentralización, hacer la ley de la Fiscalía, la Reforma Educativa, y la industrialización de la hoja de coca.

Lo óptimo es que el proceso sea público: Sergio Ardaya, director de Bolivia Transparente

Otra demanda ciudadana es la publicidad de todo el proceso de designación. Habrá tenido muchas fallas la de los magistrados, pero algo que hay que rescatar es que ha sido público. En el judicial lo que ha fallado es que los exámenes no tenían valoración, nota, todos al final ‘cumplen’. Lo positivo era lo público, “uno entregaba su carnet y podía entrar a ver las audiencias”.

Llamado a que haya muchos postulantes: Jimena Costa, jefa de bancada de Unidad Demócrata

Lo óptimo es ni el MAS ni el menos, ni ninguno; que sea gente profesional independiente; hay muchos de esos en el país, y ojalá (éstos) tengan el compromiso y la responsabilidad de presentar sus postulaciones; porque si los ciudadanos no presentan su postulación, si los mejores hombres y mujeres no presentan sus papeles, en la Asamblea vamos a elegir entre el MAS y el MAS.

Hay que recuperar la credibilidad ciudadana: Eduardo Maldonado, exsenador del Estado

Lo que se debe hacer sobre todo es recuperar la credibilidad ciudadana; a lo que hemos asistido hasta ahora es a un serio deterioro de la institucionalidad democrática, que le ha hecho daño a la democracia en el país; por tanto, quienes vayan ahora a ser del Tribunal Supremo Electoral deben demostrar absoluta probidad, que no puede haber ningún sometimiento al poder.

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