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Milton Gómez Mamani - Consejero sindical

Milton Gómez es uno de los pocos dirigentes sindicales que llegó a cargos ejecutivos en empresas e instituciones del Estado. Aún hoy le buscan para asesoramiento sindical, asegura.

Milton Gómez

Milton Gómez Foto: La Razón-archivo

La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos zamorano es periodista de La Razón

00:00 / 15 de febrero de 2015

Hoy, el exdirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y de la Central Obrera Boliviana (COB) se encuentra laborando en la Universidad Nacional Siglo XX, en Llallagua, Potosí. “Trabajando para ganarme el pan de cada día, como todos; aunque siempre tengo contacto con los dirigentes y con las bases, porque es mi obligación estar conversando, estar viendo los problemas del país”, asegura.

Regularmente, los nuevos dirigentes o sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) o personeros del propio Gobierno le buscan para pedirle asesoramiento. De hecho, junto con antiguos dirigentes sindicales obreros y campesinos formó una suerte de Consejo de Exdirigentes.

“Vienen dirigentes, principalmente sindicales, que están hoy día en organizaciones sindicales; la experiencia que he vivido en tantos años de lucha siempre les servirá: en primer lugar les aconsejo respetar a la Central Obrera Boliviana”.

Milton Gómez estuvo en la dirigencia sindical desde 1973, en el sector minero, durante toda la dictadura de Hugo Banzer Suárez y en el tiempo de lo que él llama la democracia “controlada” (“neoliberal”).

Gómez también fue dirigente durante el hecho que marcó la historia del mundo obrero boliviano, la Marcha por la Vida, en agosto de 1986, cuando 12.000 trabajadores mineros marchaban hacia La Paz y el 28 de ese mes fueron cercados en Calamarca (en el camino entre Oruro y La Paz). “Primero estuve preso, en la ciudad de Oruro, días antes de la Marcha por la Vida, y luego me liberaron y me incorporé”, cuenta.

Siempre es oportuna una evaluación de este hito histórico: “Yo diría que si los marchistas llegaban a La Paz, seguramente con grandes problemas, hubiéramos derrocado al modelo, que estaba liderado aquella vez por Víctor Paz Estenssoro, pero nos cercaron en Calamarca (28 de agosto) y tuvimos que retornar”.

Para Gómez, con todo, los movimientos sociales tuvieron su revancha: “el objetivo principal de los trabajadores fue derrocar el modelo; sufrimos muchos años, destierros, apresamientos, pero al final, la razón la tuvo el pueblo, los trabajadores, porque pudimos derrocar el modelo”, refiriéndose al actual Gobierno.

Dirigente de los mineros asalariados, Gómez no deja de reivindicarlos frente a los cooperativistas mineros, hoy con mucho más poder que aquéllos. Los cooperativistas en número “sí son miles”, pero los asalariados, gente joven, mantienen la ideología de la clase obrera, destaca. “Solo una frase quiero que usted ponga: ‘solo el pueblo salva al pueblo’, y esto es lo único que nosotros hemos hecho como dirigentes”.

Gómez tiene la poca fortuna de haber sido uno de los ministros de más corta gestión; apenas cinco días de ministro de Minería. Tuvo que renunciar acusado de cuatro procesos legales en su contra por un presunto desfalco en la Caja Nacional de Salud, donde cumplió funciones de presidente. Las acusaciones fueron por incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y conducta antieconómica. Ahora, cuenta, las investigaciones dieron por resultado su inocencia; en los casos —afirma— fue sobreseído, pues no se ha encontrado “nada en mi contra (...) Esos cargos fueron inventados y se ha demostrado que yo nada tuve que ver”.

Perfil

Nombre: Milton Gómez Mamani

Ocupación: Trabajador minero

Cargo: Exdirigente sindical minero y de la COB

Vida

Nació en Oruro; además de dirigente, fue ejecutivo en la Corporación Minera de Bolivia y presidente de la Caja Nacional de Salud entre 2003 y 2005.  Se niega a dar la fecha de su nacimiento y cuando se le pregunta cuándo es su cumpleaños, bromea: el “30 de febrero”.

Tengo miedo a los fiscales y a la Justicia boliviana

Marco Fernández Ríos es periodista de La Razón

Testimonio. El fiscal ingresó a la oficina y con una mirada en apariencia comprensiva explicó a quienes le estaban esperando en qué consistía el supuesto delito.

Al cerciorarse de que no había alguna “grabadora” cerca y luego de “analizar” a los visitantes, el funcionario del Ministerio Público salió de la habitación. Luego vino el efectivo de seguridad e informó que iba a hablar en nombre del fiscal: el proceso podía durar mucho tiempo y que, por ello, lo más sencillo era que se arreglara la situación “por las buenas”.

Ante el reclamo de los denunciados, porque consideraban que el caso era una farsa, el uniformado advirtió que existía la posibilidad de “crear” pruebas para incriminarlos, así es que —advertencia— era mejor arreglar “por las buenas”.

Luego de que el policía dio el monto que se debía pagar, los denunciados dijeron que no tenían ese dinero, por lo que era necesaria la presencia de la autoridad legal para cerrar el trato.

Cuando el funcionario del Ministerio Público entró en la habitación, la familia le imploró que bajara el monto exigido.

Ante la negativa, la madre se arrodilló a la autoridad y, llorando, le explicó que no había el dinero suficiente, ante la impotencia de sus familiares. La autoridad fue “benevolente” y decidió rebajar la exacción “por las buenas”.

Son varios los funcionarios del Ministerio Público que están siendo acusados por hechos irregulares, aunque la mayoría de los casos no son denunciados por temor a las represalias.

En esta lista poco decorosa se encuentra la fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, quien fue acusada de no haber pagado 33 meses de alquiler en un edificio.

Otro hecho sobresaliente es el del exfiscal Humberto Quispe, quien tiene en su contra más de 40 procesos, entre penales y disciplinarios, por casos de corrupción.

A estos ejemplos se suman otras 25 denuncias contra fiscales presentadas el mes pasado por corrupción, extorsión, deudas con el Estado y la sociedad.

Pese a que el Gobierno exigió penas duras contra los culpables, parece ser que algunos funcionarios creen ser intocables, como aquel fiscal que hace algunos años arregló el proceso “por las buenas”. Por eso le tengo miedo a la Justicia y a sus representantes.

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