Animal Político

Minería, más allá del lamento

El control de la cadena de producción-manufactura-comercialización del oro debe ser la tarea principal si  queremos sanear y sincerar las cifras del sector minero como generador de riqueza y empleo para los habitantes de estas tierras.

La Razón (Edición Impresa) / Dionisio Garzón

00:02 / 17 de mayo de 2015

Las crisis de precios de los metales en el mercado internacional tienen la virtud de desnudar, en países como el nuestro cuya economía se basa en la venta de estos productos, los factores negativos de políticas coyunturales y de administración implementadas por los gobiernos de turno.

En el caso presente y con el megaciclo de precios altos en franco declive se han multiplicado los lamentos de los sectores afectados por la merma del valor de ventas cuanto de regalías e impuestos. Los empresarios se quejan por los menores ingresos, el Gobierno por la menor recaudación, y los cooperativistas (algunos que trabajan estaño) por la merma casi completa de sus ganancias. Las voces que critican y/o proponen soluciones coyunturales van desde posiciones ultristas, que llegan incluso a proponer aportes voluntarios por parte de los trabajadores para paliar la crisis, hasta posiciones de las más liberales, que proponen despido de trabajadores para bajar costos; opinión esta hasta hace algunos meses impensada en una administración de gobierno como la actual.

PROPUESTAS. Más allá de los lamentos, tan característicos en nuestra historia, y más allá de la coyuntura, urge una definición propositiva de largo alcance acorde a la normativa vigente y a tono con el discurso nacionalista y socialista del Gobierno. Como dicen los de la acera del frente al referirse a la minería, the name of the game is money (el nombre del juego es dinero), la limitan a la generación de riqueza, lo cual contrasta con el discurso nacional de compartir la riqueza; ésta, cuando las papas queman, como es el caso presente, es limitada o falta y no hay nada que compartir. Ése es el dilema. Hace falta, pues, un cambio de dirección, no solo en la actitud sino, en las líneas de acción.

Con la nueva Ley Minera, que rayó la cancha, el Estado constitucionalmente debiera tener el control de toda la cadena productiva y de comercialización; los privados debieran ser contratistas del Estado; y, el sector informal cooperativo, por su carácter social, debiera tener un tratamiento especial ¿Es así? Salvo la última parte, que se cumple a rajatabla por las presiones sociales, el resto es un limbo donde la ley del más fuerte todavía define las cosas. ¿Qué hacer?

El Estado, a través de su operadora Comibol, controla, según datos de Sergeomin (Servicio Geológico y Minero), 13.152 cuadrículas mineras (1 CD=25 Has) de su viejo patrimonio y 39.934,7 CD otorgadas mediante Decreto Supremo 1369 (que casi triplica su patrimonio). Estas áreas se ubican en varias partes del país y son prospectos promisorios detectados en el pasado por privados y estatales en la azarosa historia de la exploración minera del país.

El Estado tiene pues dominio territorial del potencial tangible del país, para generar proyectos mineros nuevos; no lo hace por limitaciones técnicas, de infraestructura, políticas y de asimilación de tecnología. Las operaciones y proyectos en marcha de Comibol, por otro lado, son las minas Huanuni, Colquiri, las plantas metalúrgicas de Corocoro y Karachipampa y los proyectos Mutún, Salar de Uyuni y el nacionalizado proyecto Mallku Khota. Excepto los últimos, todos son emprendimientos para metales base, tradicionales y de bajo valor de mercado; ¿por qué el Estado, pese a varios intentos y teniendo en los años 80 más de 600.000 CD sobre aluviones auríferos, no tuvo ni tiene operaciones ni proyectos auríferos? y ¿por qué los proyectos sobre tierras raras, uranio, platinoides, entre otros, de las décadas 80 y 90 no prosperaron? Es un misterio. La primera conclusión: El Estado debe desarrollar este inmenso patrimonio; si las instituciones encargadas (Comibol y Sergeomin) no pueden hacerlo, la tercerización puede ser de utilidad, para lo cual la estructura jurídica e institucional debiera ajustarse a este fin. Las 26 áreas de uso exclusivo de Comibol a las que alude el Decreto Supremo 1369, pueden ser licitadas para exploración y desarrollo de nuevos proyectos; el mantenerlas estáticas en espera de que la capacidad del Estado pueda atenderlas es postergar para las calendas griegas su utilidad como generadoras de riqueza. ¿Podemos estimar cuándo el Sergeomin o la Comibol pueden terminar de investigar esas áreas (más de un millón de hectáreas) con su capacidad e infraestructura actual?

BALANCE. De los proyectos mineros y metalúrgicos estatales, algunos son elefantes blancos que se trata de resucitar (Mutún, Karachipampa, Corocoro), tienen una historia reciente de más de veinte años de neoliberalismo que precedió a la actual administración, donde no se encararon porque económicamente no son factibles o son de economía muy marginal. Urge pues hacer un balance económico frío y sincero para determinar si será posible integrarlos al portafolio de Comibol; caso contrario, siempre hay la posibilidad de encararlos en asociación con otros operadores que sí pueden generar valor en condiciones extremas.

La iniciativa privada en el país tiene muy pocas alternativas si se ajusta a los preceptos constitucionales y a aquéllos de la Ley 535. No tiene derechos mineros (Art. 2), solo contratos con el Estado (Art. 132); por lo tanto, no puede acceder a financiamiento en base a aquéllos (Art. 98), tiene la Espada de Damocles de la Consulta Previa (Art. 207 y siguientes), de la Función Económica Social y de la coparticipación de utilidades (Arts. 17, 18, 19) que los deja huérfanos y en espera de mejores días.

El problema no parece ser la inversión privada nacional o extranjera, el Estado tiene un nivel de inversión muy grande para sus proyectos ($us 617 millones para el Salar de Uyuni, 18,5 millones para Corocoro, 50 millones para Huanuni) y tal parece que podría encarar la generación de nuevas minas para su portafolio, sin depender de este tipo de inversión. La alternativa para los privados es asociarse a los proyectos del Estado como único camino para estar vigentes y acceder a las áreas potenciales controladas por aquél. El gran dilema, ya superado en el carácter intrínseco de la legislación, es si el Estado necesita (o no) de los operadores privados para desarrollar su política minera. Los contratos administrativos y/o de operación son un mecanismo de control estatal de la minería en el sentido estricto de la norma y las posibilidades de desarrollo del subsector minero privado son escasas.

Un esquema de funcionamiento similar al del sector hidrocarburífero parece ser el alma de la legislación actual: los contratos de asociación/operación, como único camino para que la iniciativa privada mantenga presencia en el sector.

Finalmente, el subsector de la minería artesanal y cooperativa (los mimados del actual esquema) goza de muy buena salud pese al panorama de precios. Controla entre operadores mineros, manufactureros, comercializadores, contrabandistas y promotores ilegales de la minería aurífera, más del 10% de las exportaciones totales del país ($us 1.360,87 millones, INE RES, 2015,1) y más de la tercera parte de las ventas del sector minero. Éste es sobre todo, el punto primordial a resolver para la administración actual. No podemos depender de la informalidad y/o ilegalidad para mantener el nivel de ventas del país. El control de la cadena de producción-manufactura-comercialización del oro debe ser la tarea principal si queremos sanear y sincerar las cifras del sector minero como generador de riqueza y empleo para los habitantes de estas tierras.

El otro camino al que nos llevarían los lamentos, es la revisión de la Constitución y de la Ley Minera, que ya ha sido planteado, pero que es un tema que no se dará ni en el mediano plazo y será motivo de posteriores comentarios.

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