Animal Político

Mordaza y posguerra

Cronología sobre la censura a la prensa tras  la Guerra del Chaco.

La Razón (Edición Impresa) / Grecia Gonzales Oruño es comunicadora social

00:00 / 20 de noviembre de 2019

Tanto en la guerra contra Paraguay (1932-1935) como en la posguerra hubo censura a la prensa. En 1936, los periodistas cuestionaron la censura que había sido impuesta para “salvaguardar la seguridad nacional”. El presidente José Luis Tejada Sorzano, en lugar de cancelar el decreto, lo amplió a temas “políticos, internacionales y militares”, denunció La República, el 22 de abril.

El 10 de mayo, la rebelión estalló. La crisis económica fue el detonante. El Sindicato Gráfico exigió el aumento de salarios en cien por ciento. Sus demandas fueron respaldadas por los republicanos, los socialistas y militares nacionalistas. Los “caza-noticias”, reivindicando la libertad de expresión, se sumaron a la huelga. Y, el 17, el Presidente renunció. Por esto, en 1938, el 10 de mayo fue declarado el “Día del periodista boliviano”.

Viraje. Pasada la insurrección, Germán Busch asumió como Presidente por cinco días. El 20 de mayo de 1936 decretó la “censura periodística” y estableció que el “ente censor” sería el Estado Mayor apoyado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobierno y Guerra.

David Toro asumió el mando el 22 de mayo y, ante el júbilo de los periodistas, aprobó la “suspensión de la censura de prensa, de correspondencia y pasaportes”. El alborozo iba a durar solo 36 días. La censura pronto volvió a minar el contenido rebelde de los periódicos.

Censura. El 28 de junio, El Diario denunció que se prohibió el debate público sobre asuntos económicos: Se “recomienda a los periódicos reducirse a tratar sobre aspectos económicos del pasado régimen administrativo con la mesura y discreción mayores, procurando, en todo caso, que cuanto se diga sobre el particular, se caracterice por su tendencia a considerar los asuntos, sin personalizar conceptos y documentando cuidadosamente las publicaciones”.

Pero eso no fue todo. En septiembre, Toro creó el “Departamento de Propaganda y Publicaciones del Estado”, que obligó a los medios la “difusión gratuita de la información gubernamental”, sin mencionar su origen. El Diario, el 22 de ese mes, afirmó que con esa oficina, “la Junta Militar solo haría de la prensa una ficción y una caricatura indigna”.

Por decreto de 17 de octubre, se ampliaron las restricciones: “Los órganos de publicidad y los corresponsales de las agencias extranjeras no pueden insertar o transmitir artículos y comentarios sobre asuntos de carácter internacional, sin la previa censura del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Asaltos. En la posguerra, algunos rotativos sufrieron atentados. “Anoche fueron empastelados los talleres tipográficos de El Oriente (…). Un empleado (...) fue salvajemente maltratado por los asaltantes, quienes después de propinarle una tremenda paliza destruyeron las máquinas, causando enormes perjuicios a la editorial”, reveló El Diario, el 20 de junio de 1936.

En noviembre, miembros del Partido Republicano Genuino intentaron “embargar” La Calle, diario nacionalista. “Ayer, a las 12, varios individuos (...), al ver retirarse a los empleados que iban a almorzar, se introdujeron en el local de La Calle, donde solo hallaron al gerente, Ángel Méndez. Munidos de un mandamiento de embargo, obtenido gracias a influencias de cierta camarilla, invitaron a Méndez a desocupar el local (…). Los asaltantes (...) han tratado de utilizar artimaña judicial, siendo así que los talleres de La Calle, por un elevado concepto de higiene moral, deberían hace tiempo haber pasado a poder del Estado”, denunciaron los periodistas, el 12 de noviembre.

Multas. Después de Toro, Germán Busch asumió la presidencia, el 13 de julio de 1937. Entre otras medidas, en 1938, aprobó la primera Constitución Social, lo que generó debate. Los medios de “extrema derecha” cuestionaron el trabajo de los convencionales y exigieron la vigencia de la Constitución de 1880. El “socialista” Félix Eguino, apoyado por cinco convencionales, sostuvo que El Diario pidió “la clausura de la Convención en vista de su labor infructuosa y estéril” y por el consumo de recursos en “discusiones pueriles”. Por ello, sugirió la imposición de una multa de 5.000 bolivianos y que el caso pase al Ministerio Público, para ver si se cometió delito de imprenta. (El Diario, 14 de junio).

La Calle, el 16, en respaldo a esa posición, afirmó que “los violentos artículos que El Diario publica contra la Convención Nacional provocaron cierta reacción entre los convencionales, que (...) se objetivó en varios proyectos encaminados a pedir al Ejecutivo que tomase medidas para impedir que continuase dicha campaña”.

Mordaza. Frente a los “ataques” de El Diario, el diputado Fernando Siñani solicitó su “expropiación”. A su turno, el convencional Rigoberto Villarroel, en sesión de la Asamblea presentó un proyecto para “destruir la actual organización de las empresas periodísticas”, alertó La Razón, el 18 de junio. Mas tarde, el Fiscal de Distrito determinó que El Diario incurrió en “delito de imprenta”. En discrepancia al fallo, ese matutino, el 25, sostuvo que “no se comete delito cuando se manifiestan los defectos de la Constitución o de los actos legislativos, administrativos o judiciales, con el objeto de hacer conocer sus errores o la necesidad de su reforma”. 18 días después, la historia se complicó. La Convención Nacional aprobó la Ley de “represión a los medios de extrema derecha”. El Diario, el 14 de julio, reprodujo su artículo único: “Facúltese al Poder Ejecutivo con carácter extraordinario, para tomar todas las medidas de previsión y represión contra los desmanes y licencias de la prensa nacional de extrema derecha. Esto mientras se dicte una nueva Ley de Imprenta que, contemplando la realidad boliviana, dé libertades amplias a los medios, que por su organización económica y social sean los verdaderos voceros de la opinión pública. Y, también se reforme el artículo cuarto de la Constitución”.

Ley de Imprenta. Ante sorpresa de los periodistas, la Ley fue puesta en vigencia, informó El Diario, tras mencionar que al interior del gabinete de Busch hubo una crisis. Tres ministros dimitieron. Las renuncias no fueron aceptadas. La Razón, al respecto, destacó “la actitud patriótica y ejemplar que han asumido los ministros dimisionarios, quienes con ella han contribuido a despejar la crisis colocando las cosas en su lugar”.

El 15 de julio, Busch declaró que la Ley de restricción de prensa tendrá “carácter transitorio” hasta la revisión de la Ley de Imprenta, informó El Diario y concluyó “que la cordura del primer mandatario ha podido más que el error”. Al final, la Ley de Imprenta no fue modificada.

Indemnización. El 24 de julio, El Diario propuso una reforma a la Constitución, que fue aprobada por la Convención: “Los funcionarios públicos que dictaren medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y los hicieren ejecutar, así como que clausurasen imprentas y otros medios de expresión del pensamiento libre, estarán sujetos al pago de una indemnización civil de daños y perjuicios, siempre que se comprobare, dentro de juicio, que tales medidas o hechos se adoptaron sin motivo justificado y en contravención a la leyes constitucionales que garantizan los derechos ciudadanos”.

Los atentados contra los medios continuaron. El País, el 4 de octubre, denunció que su director, Porfirio Díaz Machicao, sufrió una “dura golpiza” por defender la “libertad de pensamiento” de la prensa independiente. La censura fue una estrategia utilizada tanto por los regímenes liberales y nacionalistas. Hoy, pese a que la guerra terminó hace más de 84 años, la mordaza es una amenaza que convive con la autocensura.

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