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Movilizaciones dejan indemne a la gobernabilidad

El descontento en sincronía

Infografía Conflictos

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La Razón / Ricardo Aguilar Agramont

00:05 / 13 de mayo de 2012

En la semana que termina han confluido temporalmente conflictos en el ámbito nacional de mayor magnitud que los que se viven usualmente en el país. Esta convergencia de marchas, paros y protestas no se observaba hace un tiempo.

Respecto a esas movilizaciones y su impacto en la gobernabilidad del país, hay quienes (como el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el analista Francesco Zaratti) piensan que ésta ha quedado indemne, aunque los dos realizan diferentes y hasta contrarios razonamientos para llegar a esta interpretación. Otros, como la politóloga María Teresa Zegada, piensan que la gobernabilidad podría verse afectada —aunque actualmente ven que no lo está— si es que no se dan soluciones a las demandas; y algunos, como el escritor Raúl Chato Prada, son más críticos y piensan que ni siquiera se puede llamar gobernabilidad a lo que ha hecho el oficialismo hasta ahora, por lo que los conflictos mal podrían dañar algo inexistente.

Todo se inició el lunes con el paro nacional de transporte (aunque acatado sólo en seis de los nueve departamentos) de 48 horas en apoyo a los choferes de La Paz, quienes rechazan una “atrevida” norma del Gobierno local que pretende regularlos. Del miércoles al viernes, la Central Obrera Boliviana (COB) y los médicos salieron a las calles, la primera en demanda un salario de 8.309 bolivianos equivalente al costo de la canasta familiar y la derogación del Decreto Supremo1126 que amplía de seis a ocho horas la jornada laboral del sector Salud; éste último (que se encuentra en paro hace 47 días) pide la abrogación del ya mencionado decreto que lo afecta directamente.

Transversalmente a estas movilizaciones, la semana también coincidió con la aún naciente marcha de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y rechazo a la Ley 222 de Consulta Previa. La movilización logró atravesar San Ignacio de Moxos después de momentos de tensión con grupos de esa población.

A estos cuatro sectores demandantes se sumaron las universidades públicas del país, que están en paro general indefinido en demanda de la modificación de la Ley Financial (pues sienten que afecta su autonomía) y a su vez en apoyo a todas los pedidos de los grupos ya mencionados, a excepción, por supuesto, de las de los poco populares transportistas.

El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, en conferencia de prensa, declaró que la conflictividad que se vive ocurre más por redistribuir la riqueza que por carencias. Sin embargo, Zegada apunta otra raíz: “Si se mira el origen de las movilizaciones uno nota que son de naturaleza corporativa, es decir, referidos a demandas sectoriales; en el caso de los médicos, en contra de una medida gubernamental; en el caso de la COB, por una propuesta recurrente que tiene que ver con el alza salarial”.

Por otro lado, para Romero hay que establecer tres parámetros para medir si la gobernabilidad ha sido afectada: el funcionamiento de las instituciones, la aplicación de sus normas y el nivel de aceptación y legitimación que pueda tener en la población de un determinado conflicto o medida estatal. La autoridad ve a continuación el estado de estos elementos en cada caso.

“En cuanto al paro del sector de la salud, la medida (Decreto 1126) goza de legitimidad, es decir, tiene el respaldo ciudadano, pues, está dirigida a ampliar la prestación de los servicios para los bolivianos. En el tema de la COB, ésta presentó una propuesta de reivindicación salarial basada en el debate de la canasta familiar, pero luego la ha subalternizado al privilegiar el apoyo al sector de salud, por eso ni siquiera ha logrado involucrar al conjunto de sus afiliados, sino que la base social de sus movilizaciones son estudiantes de medicina y funcionarios de la salud, por lo que tampoco afecta a la gobernabilidad en sí misma”, dice Romero.

El ministro concluye juzgando la IX marcha de la Cidob: Es prematuro hablar de sus alcances, porque las condiciones han cambiado. Por ejemplo, el tema ambiental ahora está ausente de la plataforma de demandas, y la Cidob se alió a la Alcaldía de Santa Cruz, lo que debilita a su dirigencia y ya no tiene una vocería ser sensibilizadora.

Por otro lado, el argumento de Prada pone en cuestión todo el camino recorrido por la administración de Evo Morales: “(El Gobierno) no da pie con bola, su campo de maniobra —si es que podemos llamar “gobernabilidad” a lo que ha hecho hasta ahora— no puede sino buscar salidas demagógicas, como la suspensión del Decreto 1126 (en el caso de los médicos) o una consulta que no es otra cosa que un cuestionario antojadizo”.

Como se decía, Zaratti llega —desde el punto de vista económico— a la similar y a la vez opuesta conclusión de Romero en sentido de que el Gobierno queda ileso: “estos ‘feriados’ forzosos afectan a la gente de a pie, no creo que pongan en juego la continuidad del Gobierno, sino la credibilidad del proyecto de cambio. El oficialismo está cada vez más aislado y hay un desgaste de la imagen, interna y externa, del Presidente”.

El razonamiento de Guillermo Roca, gerente de Diálogo y Tranformación de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia, es similar al de Zegada. Roca piensa que los conflictos que se desarrollan no tienen una articulación visible, sino que coinciden en el escenario de manera separada y no afectan la gobernabilidad, “aunque la sumatoria y complejización de los casos, como el del sector Salud, que ha ido sumando adherentes (los universitarios y la COB), y el del TIPNIS, que el año pasado concitó la solidaridad de distintos sectores, pueden conformar un escenario complicado en tanto merman la capacidad del Estado para gestionarlos”.

El investigador asegura que si estas problemáticas se siguen complejizando y se produce una agregación de demandas, la situación podría ser mucho más delicada”.

Parece ser que el Gobierno ha determinado respecto a dos de las movilizaciones principales (médicos y TIPNIS) una estrategia dilatoria. Ese mecanismo podría ser favorable a un escenario que describe el funcionario de UNIR, quien explica que, en  teoría de conflictividad, existe la noción de “significante vacío”, que expresa que cuando los conflictos son aislados y responden a demandas sectoriales desarticuladas no comprometen la gobernabilidad; sin embargo, algunas veces éstas se articulan a partir de la sensación de ausencia de salidas y encuentran una significación alrededor de una sola demanda a la que se agregan múltiples actores, cuya principal reivindicación es el cambio del régimen imperante.

‘El Gobierno está en contra del proceso’: Raúl ‘Chato’ Prada, escritor y asesor de la Cidob

Lo que vivimos son contradicciones categóricas de un gobierno que está contra el proceso de cambio. Estos conflictos, más que mostrar ingobernabilidad, ponen en evidencia las contradicciones profundas de una gestión que no entiende el proceso ni la Constitución. Lo más contradictorio es el enfrentamiento del Gobierno con pueblos y naciones indígenas.

‘No afectan a la gobernabilidad’: Carlos Romero, ministro de Gobierno

Tal vez lo que ha aumentado la línea de impacto de las movilizaciones de la COB, la IX marcha y del sector Salud es que se hayan sincronizado, pero no afectan a la gobernabilidad porque no están poniendo en riesgo el funcionamiento de las instituciones del     Estado ni la aplicación de sus normas, ni tampoco tienen legitimación para la ciudadanía.

‘Conflictos vienen de la falta de políticas’: María Teresa Zegada, politóloga

Los conflictos provienen de una ausencia de políticas integrales. No hay una señal clara respecto a la orientación de la gestión. Por ejemplo, el problema médico no es uno que tenga que ver sólo con las horas de trabajo, como admitió el propio Vicepresidente; se trata de una cuestión mucho más compleja. Tampoco existe una buena administración de los conflictos.

‘El impacto contra el Gobierno es mínimo’: Francesco Zaratti, físico

Vivimos el periodo de más alta conflictividad de la historia, según investigaciones independientes (UNIR y CEDLA). Esos conflictos pondrían al Gobierno de cualquier país en apuros, pero no en Bolivia porque el impacto económico de las movilizaciones para el Gobierno es mínimo, pues, vive de “rentas” (gas y minerales) más que del trabajo de su gente.

‘La conflictividad es parte de la democracia’: Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado

La conflictividad es parte de la vida democrática. Las sociedades que no tienen conflictos son las sociedades muertas. [...] No hay que temerle, la vida es conflicto, es lucha permanente. [...] Vamos a administrarlos, no se olviden que la lucha es nuestro reposo, vivimos y descansamos con la lucha, vamos a administrar (los conflictos) de la mejor manera.

‘Sólo el gasolinazo generó convulsión’: Guillermo Roca, investigador de UNIR

El aumento de la cantidad de conflictos no implica un riesgo para la gobernabilidad; la conflictividad de los últimos años —que ha ido incrementándose— muestra que, con excepción del gasolinazo, que generó una ola de conflictos que convulsionó socialmente al país, no se han presentado otras  coyunturas en las que se haya puesto en riesgo la gobernabilidad.

Tentativas de solución apuntan al diálogo

Hacer una llamada al diálogo entre los actores políticos de determinadas conflictividades ya parece sólo una gastada frase preconstruida y no un método, seguramente el más adecuado, para la administración de conflictos.

En todo caso, éste es el camino al que apuntan los analistas: “en este escenario, lo conveniente es iniciar el diálogo de manera franca y abierta en procura de aprovechar la oportunidad para formular un plan estratégico que permita transformar el sistema de Salud, analizar las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y conservar la integridad del TIPNIS”, dice Guillermo Roca, de UNIR.

Para Francesco Zaratti, lo más fácil es resolver el conflicto médico. “Más que salidas, me encantaría que hubieran soluciones. Para esto bastaría anular (no suspender, que es una figura no jurídica) el Decreto Supremo 1126 e ir a la cumbre de la salud para reformar el sistema de la medicina en Bolivia. En cuanto al problema del TIPNIS, lo más sano sería suspender todo, hacer una pausa de un par de años y luego retomar los proyectos de vinculación.

La visión del escritor Raúl Chato Prada amplifica la solución con la idea del reencauce. “Lo que tendrían que hacer es discutir las contradicciones profundas del proceso y, si se tiene voluntad, buscar salidas para reconducirlo; de otra manera vamos hacia el barranco y se perderán las elecciones del 14”.

De todas maneras, el fin de semana surgían posibilidades de un diálogo en el caso de los médicos; la marcha por el TIPNIS ni siquiera ha abierto la iniciativa de conversaciones.

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