Animal Político

Movimientos sociales en vez de clases sociales

¿Todavía es útil el instrumento conceptual de clase social en el análisis de las transformaciones sociales? Por la explicación de Humberto Echalar sobre el rol de los movimientos sociales, tal parece que no.

La Razón (Edición Impresa) / Gualberto Torrico Canaviri

00:02 / 28 de junio de 2015

De los varios temas que discute el libro El Estado ficticio al Estado real. Los movimientos sociales en la construcción de la hegemonía indígena originario campesina de Humberto Echalar Flores, sobresalen dos cuestiones y un eje que las transversaliza.

La primera de carácter práctico: la necesidad de tomar como dato el cambio producido en el Estado basado en la nueva Constitución, que sintetiza la presencia de nuevos actores, los pueblos indígena originario campesinos y las nuevas relaciones de poder, cuyas consecuencias marcarán el futuro de cualquier proyecto político, sea de “derecha”, de “izquierda” u otro.

La segunda cuestión, de carácter teórico e histórico es la idea de la lucha de clases como el motor de la historia. En el libro está la idea de la insuficiencia de “la historia como la historia de la lucha de clases” y la superación del concepto de alianza de clases y la invisibilización del sujeto histórico, el proletariado, en las transformaciones sociales y políticas. En ambos momentos, el ejercicio del poder y su reproducción, en torno al consenso y la fuerza. La problemática sobre la hegemonía y el rol de los movimientos sociales en reemplazo de las clases sociales.

Entonces, la cuestión de la construcción de hegemonía en la transformación del Estado polariza el discurso del iusnaturalismo (derecho natural) y de la plurinacionalidad como sustentos de la naturaleza del “nuevo” Estado. En el fondo es una discusión teórica sobre las luchas por el ejercicio del poder. En esta perspectiva, ¿todavía es útil el instrumento conceptual de clase social en el análisis de las transformaciones sociales?  Por la explicación de Echalar sobre el rol de los movimientos sociales, tal parece que no.

Si bien no se explicita por qué el proletariado, es decir, “la clase que alimenta con sus hijos al capital” (Bowman, 2013) ha perdido ese lugar privilegiado que se visualizaba sobre todo en los marxistas ortodoxos y en los anarquistas, Echalar da a entender que es porque los marxistas en su concepción ortodoxa de clase, al elegir al proletariado como sujeto único e histórico de la revolución, desprecian a todas las demás categorías de las clases explotadas, que pueden constituirse en sujetos potencialmente revolucionarios.

El objeto de estudio en el libro es la explicación del sustento ideológico-político del Estado en términos teóricos, del iusnaturalismo como artificio ideológico fundante del Estado, en contraposición a la politización de la sociedad a través de los movimientos sociales como base concreta de esta forma terminal del poder (Michel Foucault). Desde esa perspectiva, el autor analiza el discurso jurídico de la República boliviana y la práctica política desde la sociedad civil y la politización de los pueblos indígena originario campesinos, los movimientos sociales, como base del Estado Plurinacional.

El referente del texto es una explicación culturalista con fuerte tendencia a una interpretación posmoderna. Consideremos la cuestión desde una perspectiva diferente. El materialismo histórico explica que la contradicción principal en el capitalismo se asienta en las clases sociales, sus enfrentamientos y alianzas (Antonio Gramsci), lo que implica la contradicción entre fuerza de trabajo y capital, entre proletariado y burguesía, según el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad. Si se analiza el Estado republicano como producto de un discurso (iusnaturalismo) y su superación en el Estado real Plurinacional, los sujetos aparecen despojados de sus contradicciones históricas y se expresan como movimientos sociales, formados por la COB, el Conamaq, la CSUTCB, la CIDOB, cooperativistas, empresarios, indígenas, originarios, campesinos, mestizos y otros. Esta aparente unidad más o menos homogénea, una sumatoria de actores cuyo discurso aglutinador es saberse representados por un indígena y ocupar posiciones en el aparato burocrático volatiliza las contradicciones históricas del capitalismo. La construcción de la hegemonía nacional-popular responde a ese resultado que habría logrado superar la contradicción fundamental de la sociedad capitalista. Llevada al extremo esta interpretación significaría lo que en algún momento planteó Francis Fukuyama como el ‘fin de la historia’. Sin embargo, la existencia de las clases tiene una base material objetiva, que “persiste independientemente de que se crea o no en ella” (Bowman).

Entonces, permanece inalterada la reproducción del poder, porque para avanzar en la construcción de la “hegemonía indígena originario campesina” en el proyecto de la plurinacionalidad se tuvo que excluir a algunos de los sujetos fundantes del Estado Plurinacional, Comunitario Social, entre ellos a los originarios de tierras bajas, y se privilegió a otros como los cooperativistas mineros o los empresarios del oriente, con un mayor potencial en la reproducción del poder, que paradójicamente son las puntas de lanza del desarrollo capitalista. Una de las consecuencias de esta lógica de producción y reproducción del poder deriva en que la hegemonía indígena originario campesina descansa cada vez más en el uso de la fuerza y la violencia, menos en el consenso. Esta posibilidad es visualizada por Echalar al asumir la concepción de Hannah Arendt sobre el poder y la violencia: “Puesto que allí donde los hombres actúan conjuntamente se genera poder y puesto que el actuar conjuntamente sucede esencialmente en el espacio político el poder potencial inherente a todos los asuntos humanos se ha traducido en un espacio dominado por la violencia” (Arendt, 1997). Entonces, la hipótesis de que la construcción de la hegemonía indígena originaria campesina se basa sobre todo en el consenso en el Estado Plurinacional no coincide plenamente con los hechos de la gestión gubernamental, que en algunos momentos priorizó la violencia como recurso para controlar las disidencias y los conflictos. Y es que “allí donde la violencia, que es propiamente un fenómeno individual o concerniente a pocos, se une con el poder, que solo es posible entre muchos, se da un incremento inmenso del potencial de violencia, potencial que, si bien impulsado por el poder de un espacio organizado, crece y se despliega siempre a costa de dicho poder” (Arendt, 1997). 

Respecto de la segunda cuestión, el de las transformaciones normativas y de concentración del poder por sujetos anteriormente marginados, es necesario considerar las formas de ejercer el poder y gestionar la cuestión pública. La acción de los movimientos sociales, la vigencia de una nueva Constitución y la presencia de un líder que ha superado el desgaste por el ejercicio del poder, están dando lugar a un nuevo campo político que se ha instalado como premisa para el sistema político boliviano en el mediano y largo plazo. Es decir, ya no es posible pensar ni plantear ningún proyecto político de Estado, de economía y de sociedad en Bolivia, diferente al actual, al margen de los nuevos sujetos políticos que hoy administran el Estado. En realidad, no importa si se trata de un Estado ficticio o un Estado real como discursos que explican la nueva realidad estatal. Lo que guía al Estado Plurinacional es el manejo del poder por los sujetos antes excluidos.

En consecuencia, podría decirse que el cambio del Estado ficticio al Estado Plurinacional y la tesis de la hegemonía planteada por Echalar no escapa a las tendencias cuasi intrínsecas del poder, por dos aspectos: a) la emergencia de una nueva élite, formada esencialmente por los movimientos sociales que delegan su poder en la gestión del Estado Plurinacional, los recursos y el proyecto político, transformando la política y la historia boliviana por lo menos para las próximas décadas; y b) la combinación del poder y la violencia: “No importa cuán estrictamente se señalen las competencias de este ámbito, cuán exactamente se le tracen límites a través de constituciones y otros controles: por el simple hecho de continuar siendo un ámbito público–político engendra poder. Y este poder tiene que resultar ciertamente una desgracia cuando, como ocurre en la Edad Moderna, se concentra casi exclusivamente en la violencia” (Arent, 1997).

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