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Mujeres buscan paridad de género en toda la estructura partidaria

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) plantea que este año de una vez se apruebe la nueva Ley de Organizaciones Políticas. Las organizaciones de mujeres ya adelantaron lo que se podría llamar ‘propuestas de género’ para ser incorporadas en la nueva ley de partidos.

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La Razón (Edición Impresa) / Iván Bustillos Zamorano es periodista

00:00 / 05 de marzo de 2017

Hasta mayo o junio de este año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), previo proceso de consultas y debate que será convocado los primeros días de marzo. Una vez que la norma vigente al respecto es la Ley de Partidos Políticos de 1999, dos serán los grandes objetivos de la reforma, adelanta la presidenta del TSE, Katia Uriona: Uno, adecuar la norma a la nueva Constitución (vigente desde 2009), y, dos, “recoger la perspectiva de la democracia intercultural y la democracia paritaria”.

Es esta “democracia paritaria” entre hombres y mujeres la que acaso traiga más de un quebranto de cabeza al sistema político, a los partidos y a las agrupaciones ciudadanas. Con el fin de adelantar la reflexión —curar en lo sano— a mediados de febrero tuvieron lugar, en los nueve departamentos, talleres de organizaciones de mujeres; la finalidad, describe Uriona: Generar una agenda y construir propuestas de género para ser consideradas en la nueva LOP. Para la buena salud del sistema, no son pocas las sorpresas-propuesta que han salido de dichos talleres. La idea es hacer valer la paridad de género en toda la línea, tanto en la ideológica y de principios programáticos partidarios, como en la estructura misma de las organizaciones.

“Que la LOP incluya, en los estatutos y en la estructura orgánica, todo lo que es el enfoque de equivalencia y reconocimiento de la participación de las mujeres, y los mecanismos necesarios para alcanzar una representación paritaria (50-50% varones y mujeres) en todos los niveles de gestión interna de los partidos; hoy está en vigencia la paridad en el registro de candidatos, pero ahora se está planteando la ampliación hacia la conformación de directivas, en toda la estructura, nacional, departamental, local”, destaca al respecto Uriona.

Pero el tema es que ese “enfoque de democracia paritaria” aterrice en las organizaciones, y las mujeres “talleristas” lo que aquí proponen es la creación “de una instancia específica de género al interior de los partidos, que sea parte de la estructura partidaria”; una “secretaría”, “dirección”, “unidad”, el nombre que fuere, pero en el mismo nivel de las demás reparticiones de dirección.

Una unidad de género que, destaca la presidenta del TSE, encare tanto la tarea de “fortalecimiento y apoyo al liderazgo” de las mujeres como el hacer frente a la “atención y prevención de casos de violencia y acoso político”. Este es, precisamente, el mayor mal a enfrentar: “Según testimonios, el mecanismo más duro de resistencia a la participación de las mujeres se expresa en la violencia y el acoso político”, remarca Uriona.

DENUNCIAS. Las mujeres militantes necesitan de esta “secretaría de género” partidaria incluso con fines prácticos de queja y denuncia, se apuntó en los talleres, pues “está claro que las mujeres no tienen dónde recurrir, como primera instancia, al interior de su partido, para enfrentar el acoso y violencia política”, anota Uriona.

Con base en dicho antecedente, en los talleres se propuso dar mayor competencia al órgano electoral en el sentido de que éste se convierta en una instancia, primero de apelación, y, luego, sancionatoria.

“En la lucha contra la violencia y el acoso, el órgano electoral puede convertirse en una instancia a la cual se pueda recurrir una vez agotada la instancia partidaria, porque muchas veces son los propios dirigentes del partido los que están ejerciendo ese acoso. Es interesante, porque la primera instancia sería preventiva, de denuncia, de seguimiento, y luego se podría apelar al órgano electoral”.

La mayor competencia punitiva del órgano electoral, sin embargo, plantea otro problema, que también se analizó en los talleres de mujeres: la fuerza sancionatoria que puede tener el órgano electoral ante, si se puede decir, las “faltas de género”.

El punto es, por ejemplo, si el órgano electoral hoy día puede incluso suspender el registro de un partido si no presenta su rendición de cuentas, si la sanción por una falta de género debería tener la misma jerarquía, la misma fuerza punitiva.

“Esa es la propuesta”, destaca Uriona. “Que el alcance [de la falta] pueda ser causal en las sanciones de los partidos. Por ahí tendrá efectividad, si no, no pasaría nada”.

Todo esto va a llevar a revisar la relación entre el órgano electoral y su atribución de fiscalizador de las organizaciones políticas y el quehacer cotidiano de las mismas.

“Estamos revisando aquellos elementos que hacen a las causales [de faltas], que se conviertan, diría yo, en una causal para la fiscalización de los partidos; así está planteado el alcance de la norma sobre paridad de género en la organización”.

FISCALIZACIÓN. Y es que amerita que, por ejemplo, el acoso y la violencia política contra las mujeres sea de plena competencia de fiscalización por parte del órgano electoral y se constituya, además, en una plena causal de sanción.

“Sería un avance significativo, porque no se puede manejar un discurso de reconocimiento de derechos, de la participación de las mujeres, de manera discursiva; y que dentro de las organizaciones políticas se ejerza violencia, porque la violencia y el acoso político no solo son una expresión del ejercicio de un sistema patriarcal, sino sobre todo son un mecanismo para restringir la participación de las mujeres, porque todavía la democratización interna [de los partidos] no reconoce a las mujeres como pares, por esta noción de que lo público le pertenece a los varones y las mujeres al ámbito privado”.

Aún hay un elemento clave que las organizaciones de mujeres plantearon en los talleres y que responde a una experiencia frustrante: el presupuesto, especialmente cuando se trata de financiar las campañas. La demanda es que también aquí valga la paridad de género: “En el tema del financiamiento, se planteó que se asigne un porcentaje específico del 50%, en correlato con la inscripción en las listas, para las campañas; por ejemplo, que sirva a la visibilización de las mujeres candidatas; y es que una cosa es que las mujeres se inscriban y otra que no les llegue ni un peso ni siquiera para visibilizarse. La propuesta es: 50% de los recursos para las campañas, para visibilizar también a las candidaturas de las mujeres”.

Las talleristas, cuenta Uriona, también plantean poner especial atención a las mujeres políticas indígenas. “Se propone trabajar de manera específica en acciones que promuevan la inclusión de mujeres indígenas; en general, hay una brecha más grande respecto a esta participación. La variable indígena genera otros tipos de discriminación en su participación política; la discriminación suele ser más dura”.

Desde el lado de la experiencia, la exdiputada por el Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo apunta cómo el problema de fondo en la democracia paritaria es la cultura y tradición políticas patriarcales.

PRÁCTICA. Cuenta que desde su fundación, y está escrito en sus documentos fundamentales, el MSM reivindicó “el 50% de representación de las mujeres y de los hombres, algo que fue aprobado en congresos nacionales y departamentales; sin embargo, era muy difícil lograr esto por varias razones; primero, que los partidos políticos son las entidades hasta hoy las menos democráticas, junto con los sindicatos”.

Los partidos “no terminan de ser entidades productoras y reproductoras de valores democráticos; todavía siguen siendo instancias de dominio masculino (...) la formación y la conciencia y la cultura democrática interna es todavía un trabajo pendiente en los partidos políticos”.

Revollo no solo ve útil sino hasta necesario el hecho de la sanción. “Tiene que ser parte de una decisión política con sanciones. Nosotros, las mujeres del MSM y la dirección que acompañó en ese momento, logramos internamente, por ejemplo, que ningún militante que tuviera denuncia, y solo denuncia, de  violencia contra las mujeres y niños pudiera participar en ninguna instancia de representación, en tanto no corrija, enmiende o haga una reparación del daño que hubieran cometido”. Varios dirigentes, que luego se fueron a otros partidos, el MAS entre ellos, dejaron el MSM por esta razón, cuenta la exdiputada.

Revollo insiste en que la pelea por la paridad debe estar acompañada por la capacitación, “la promoción de liderazgos”, “porque a pesar de las normas [a favor de la paridad], una se encuentra con la realidad de que no hay mujeres que tengan la experiencia, la capacitación para, por ejemplo, asumir un comité ejecutivo de un partido político, porque la presencia de las mujeres en política en nuestro país es bastante nueva para nuestra historia democrática; esa es la otra cara de la moneda, saber que la participación política requiere tiempo, esfuerzo, y muchas veces las dobles, o triples jornadas que asumimos las mujeres no siempre nos permite participar, y en muchos casos no está acompañada de la solidaridad, comprensión de nuestras parejas o nuestra familia”.

La elaboración de la nueva LOP, concluye Revollo, es una “gran oportunidad” para abrir el debate sobre la “calidad de la participación de las mujeres, que no solo se expresa en la representación, sino en la cantidad de mujeres asesinadas por su condición de mujeres políticas, de mujeres que todavía tenemos un salario inferior al del hombre, en la inversión que los Estados hacen en la seguridad y la vida cotidiana de las mujeres; vale la pena abrir el debate en un tiempo en que crece la violencia contra las mujeres; los factores no son celos o alcohol, como antes nos decían; tiene que ver con la mayor presencia de las mujeres en la vida política y en la vida económica del país”.

PARIDAD. La exsenadora por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) Erika Brockmann aparte de destacar que desde hace muchos años la paridad “siempre fue un horizonte estratégico en la redistribución del poder en la política”, sostiene que si hay algo que puede favorecer a la participación de las mujeres dentro de los partidos políticos es la implementación de elecciones primarias.

“Sería ideal que se propongan primarias, en las cuales se induzca a la participación de mujeres en la competencia por cargos de máxima jerarquía, porque es ahí donde se van a visibilizar liderezas con alta capacidad de competencia y de posicionamiento en el electorado”.

La exparlamentaria llama la atención sobre la no poca importancia de los partidos para la vida democrática de todo el país: si en la sociedad se exige, dice, equidad, igualdad de oportunidades, paridad, “lo ideal es que esa paridad tenga como su germen y su dinámica inicial en los partidos políticos, que son los que producen esos liderazgos y cuadros políticos para luego ser parte de la institucionalidad estatal”.

La activista en derechos humanos Patricia Bráñez, por su lado, destaca que en la participación política de las mujeres, en especial en lo relativo a la paridad dentro de los partidos, el nudo es la presencia de las mujeres en puestos de decisión.

“En las estructuras de los partidos políticos, las mujeres no tienen puestos de decisión similares a los de los hombres; existe lo que se llama un techo de cristal que impide que las mujeres vayan escalando en posiciones al interior de las organizaciones políticas”, señala Bráñez, que también es parte del Comité Impulsor de la Agenda Legislativa y Política desde las Mujeres.

La activista propone romper el prejuicio social de que las mujeres “o no pueden o no deben ocupar puestos de decisión, y es en las propias organizaciones políticas que viabilizan este tipo de cosas que impiden que las mujeres ejerzan esos puestos de decisión”. Bráñez demanda que la futura LOP rescate todos los avances que ya hubo en legislación, la 348 [Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia]. 

Para muestra un botón. En el estudio Partidos políticos y paridad: un desafío de la democracia en América Latina, BID, IDEA, 2015, se muestra que de 69 partidos políticos de América Latina encuestados sobre la presencia del tema de género en sus documentos de constitución (estatutos), 38 (55,1%) “no hace mención ni a la igualdad ni a la equidad de género, ni a la no discriminación por sexo”. Ahora, también en 14 de los 69 entrevistados (20,3%) el tema de “igualdad/equidad de género” está en su estatuto. (Ver infografía)  

Otra idea: 50% de la militancia, mujeres

Katia Uriona, presidenta del TSE

El principio y enfoque de democracia paritaria también quiere decir que se trabaje una estrategia al interior de los partidos para fortalecer la participación de las mujeres, fortalecer sus liderazgos; incluir una agenda de inclusión de las mujeres de manera amplia en la vida misma de los partidos. Hubo la iniciativa, inclusive, de que el 50% de la militancia también sean mujeres.

Alianzas promujeres, las más difíciles

Marcela Revollo, exdiputada por el MSM

La alianza entre clase media o urbana y rural de hombres es más fácil, para proteger sus espacios, que las alianzas de hombres, y hombres y mujeres para lograr mayores espacios para las mujeres. La historia política nos da cuenta de los diferentes resquicios que los hombres han logrado para burlar leyes electorales que garantizaban la presencia del 50% de mujeres.

Los varones deben participar del debate

Erika Brockmann, exsenadora por el MIR

Estoy absolutamente segura de que el debate sobre la paridad en la LOP debe contar con la participación de varones, porque los varones no terminan de entender por qué las mujeres hemos llegado a este nivel de reivindicación, cuáles los argumentos, las premisas y los valores políticos que se propicia con la paridad; tienen que estar presentes para apropiarse del tema.

Rendir cuentas sobre si se acata o no la ley

Patricia Bráñez, activista en derechos humanos

En la LOP se tendría que incorporar la rendición de cuentas no solo económica, sino también del funcionamiento interno de cada una de las organizaciones, y que el tribunal electoral tenga la potestad de exigir esa rendición. El órgano electoral no debe ser solo regulador, sino también una instancia de exigibilidad de cambios de estatutos, acatamiento de la ley, etcétera.

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