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El No, una Nueva Oportunidad

Hay otros temas que ameritarían una reforma parcial o total de la Constitución: el cambio en la estructura y funciones del Órgano Judicial, la ampliación de las autonomías, la creación del Estado de derecho. Pero ésas son prioridades de la ciudadanía democrática, no del MAS.

La Razón (Edición Impresa) / José Antonio Quiroga

00:01 / 01 de febrero de 2016

La actual iniciativa de reforma de la Constitución no está destinada a fortalecer el sistema democrático, sino a prolongar en el tiempo al partido de gobierno y a su candidato. La confusión de los intereses partidarios (o personales) con las prioridades nacionales es propia de los regímenes de partido único, pero es incompatible con el régimen democrático.

La concentración de todo el poder en una sola persona y el culto a la personalidad convertido en política de Estado explica los motivos por los que el partido de gobierno no cuenta por ahora con un liderazgo alternativo al de Evo Morales. Pero ése es un problema del Movimiento Al Socialismo (MAS), no es un problema que el país tenga que resolver mediante una segunda reforma de la Constitución.

La primera reforma de la Constitución tuvo el mismo propósito (prórroga). Se hizo en mayo de 2013 mediante una Ley de Aplicación Normativa que posibilitó la reelección del binomio del MAS en 2014. Y en 2015, antes de cumplir el primer año de su tercer mandato, Morales promovió una nueva reforma para saber si el país “lo quiere o no lo quiere”, como si se tratara de una crisis narcisista que pudiese ser resuelta por referéndum.

Hay otros temas que ameritarían una reforma parcial o total de la Constitución: el cambio en la estructura y funciones del Órgano Judicial, la ampliación de las autonomías, la creación del Estado de derecho. Pero esas son prioridades de la ciudadanía democrática, no del MAS. Para el pequeño grupo que acompaña a Evo en el poder, no hay otra tarea que merezca tanta atención y movilice tantos recursos como su propia reproducción. Es un comportamiento similar al de la vieja rosca, encumbrada ahora por las nuevas élites nacional-populares.

La jurisprudencia constitucional que rige en el mundo democrático y que prevaleció en Bolivia hasta 2009, establece que una reforma no puede hacerse para beneficiar al gobierno de turno. Los cambios deben aplicarse a partir del siguiente periodo constitucional. Ésta es la diferencia entre una Carta Magna y una Constitución a la carta.

La limitación del poder es uno de los fundamentos del orden constitucional democrático. Por eso, la propia Constitución establecida por el MAS limita la reelección consecutiva a dos periodos, al término de los cuales la gente tiene derecho de elegir a otros gobernantes. El partido de gobierno no le ha dado al país una explicación satisfactoria de por qué borra con el codo autocrático lo que escribió con la mano constituyente.

En los regímenes democráticos, la continuidad que se busca es la de las instituciones y de las políticas públicas, no la del caudillo y su séquito. La estabilidad es consecuencia del buen funcionamiento del pacto social, fiscal y territorial, que figura como una de las asignaturas pendientes en nuestro país. En la década en la que lleva gobernando Morales, esos pactos fueron sustituidos por acuerdos prebendales entre las corporaciones sindicales y gremiales confederadas en el MAS.

La estabilidad también requiere del compromiso de los actores sociales y políticos de someterse a las reglas comunes, en lugar de hacer prevalecer sus intereses corporativos o de violentar el orden constitucional para imponer sus particulares demandas. Es lo que el MAS no hizo en toda su historia previa (y que probablemente no hará cuando deje de ser gobierno), pero es lo que ahora le pide al resto de la sociedad: “estabilidad y continuidad”, convertidas en señuelos del discurso conservador de un partido que perdió el rumbo de las transformaciones que requiere la sociedad y quedó entrampado en las arenas movedizas de la corrupción.

Tan importante como saber lo que está en juego en el referéndum del 21 de febrero es saber lo que no está en juego: ésta no es una disputa entre izquierda y derecha, entre el pueblo y el imperialismo, entre el pasado y el futuro, o entre la estabilidad y el caos. Tampoco es un torneo entre Evo Morales y dos políticos exiliados en Miami que el Gobierno presenta como articuladores de la campaña del No en Bolivia y que habrían propuesto el acortamiento del mandato.

Cualquiera sea el resultado del referéndum, Evo Morales seguirá siendo presidente hasta fines de 2019 y dispondrá de cuatro años para llevar adelante su plan de gobierno. La prédica de que Bolivia no tendrá futuro sin Evo, sino solo pasado, pretende ignorar este hecho.

Sin embargo, las consecuencias de una victoria del Sí o del No son muy distintas. Si gana el Sí, tendremos por delante al menos cuatro años con más de lo mismo. Si atendemos solamente a los anuncios formulados esta semana por el binomio presidencial, el panorama se pinta sombrío.

Las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional que el Vicepresidente reconoció haber cuoteado entre las “organizaciones sociales” que conforman su partido, seguirán inamovibles. O serán cambiadas para que nada cambie. “Reconozco el error”, dijo. “La justicia está podrida”.

Simultáneamente, el presidente Morales decidió entregar las actuales y futuras empresas del Estado a las Fuerzas Armadas. Es lo que habrían hecho Banzer o Barrientos. Ambas decisiones son inconstitucionales, pero el país ya conoce cuánto respeto profesa el Gobierno por la legalidad constitucional y cuánta debilidad siente por la corporación castrense.

Si gana el No, en cambio, se abre una nueva oportunidad para la democracia, el medio ambiente y la justicia. Por eso, a los que quieren reelegirse “sí o sí” les decimos: No es N.O.=Una Nueva Oportunidad que el país reclama y merece.

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