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Nuevos magistrados ante viejos desafíos

El reto de las autoridades es demostrar sus capacidades y recuperar la reputación de la institución estatal.

El presidente Evo Morales toma juramento a los nuevos magistrados, que se realizó el miércoles. Foto: ABI

El presidente Evo Morales toma juramento a los nuevos magistrados, que se realizó el miércoles. Foto: ABI

La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe / La Paz

00:00 / 10 de enero de 2018

Tras un proceso electoral altamente politizado, los desafíos de los nuevos magistrados del Órgano Judicial —posesionados la pasada semana por el Gobierno— tienen que ver con superar la reputación institucional, alcanzar la independencia plena respecto de la influencia política dominante, demostrar su capacidad profesional ante el nuevo contexto nacional y bajar la retardación de justicia. Viejos desafíos para nuevos jueces.

Para la socióloga María Teresa Zegada, uno de los retos principales de las autoridades judiciales pasa por superar un clima de opinión que les marca el hecho de haber sido elegidos solo por un tercio de los votos y por mayoría simple (como establece la norma). “Recibieron una votación muy baja, incluso, menor respecto a la anterior elección judicial, pero que no llega al límite razonable que era al menos el 50% de los votos”, manifestó.

El 3 de diciembre de 2017, los magistrados fueron electos con un promedio nacional del 34,65% de los votos válidos, según el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En cambio, en los comicios de 2011, las autoridades fueron elegidas con el 42,34% de los sufragios válidos.

En tanto, el voto nulo se impuso por segunda vez en las recientes elecciones judiciales, con un promedio nacional del 49,61%, cuando hace siete años la tendencia en favor de la nulidad del sufragio logró el 42,60%.

En esa línea, Zegada ratificó que la amplia mayoría del voto nulo mostró una señal de desconfianza y rechazo al proceso electoral de los magistrados y de descontento popular por el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilitó al presidente Evo Morales como candidato a una nueva reelección.

“Ante esto, los magistrados están incursionando en un escenario doblemente desfavorable respecto al descontento popular y a la legitimidad que puedan tener”, manifestó.

El sociólogo y analista político Jorge Komadina sostuvo que los nuevos tribunos tienen grandes desafíos porque ejercerán sus funciones en un momento de “enorme complejidad política” por la baja legitimidad que poseen debido a la crítica ciudadana a todo el proceso de selección y a la decisión de los miembros del TCP que habilitaron a Morales para una nueva repostulación. Expresó que a ello se suma la crisis de la administración de justicia en el país.

El miércoles, el presidente Morales tras posesionar a las autoridades judiciales en Sucre defendió su legitimidad haciendo una comparación entre la actual forma de elección de los tribunos por voto popular y el cuoteo que efectuaban los partidos políticos de esos cargos y recordó además que la Embajada de Estados Unidos intervenía en la selección y tenía sus propios candidatos.

“Los veo un poco asustaditos, asustaditas, con seguridad es una enorme responsabilidad asumir este alto cargo, deben ser bien honrados y comprometidos, porque son producto del voto del pueblo boliviano, tienen mucha autoridad, mucha legitimidad para impartir justicia”, afirmó el Mandatario en su discurso.

El Jefe del Estado rememoró que antes de su gobierno los presidentes asumían el cargo con el 22% y el 30% del total de los sufragios y que los actuales magistrados superan esos porcentajes de votación. “Por eso, quiero decirles (dirigiéndose a los tribunos) mucha fuerza para prestar un servicio en la justicia a todo el pueblo boliviano (...) que quiere una justicia transparente, rápida, gratuita y sobre todo justa”.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, valoró la trayectoria de los 52 magistrados y expresó su confianza en que ellos construirán una nueva y mejor justicia.

A diferencia de esta postura, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Esteban Miranda señaló, durante su discurso en representación de sus colegas, que el desafío que tienen las nuevas autoridades es justamente “revertir la poca legitimidad con la que hoy estamos asumiendo nuestras funciones”, con el trabajo que llevarán a cabo desde el primer minuto.

Miranda precisó que el común denominador de los cuestionamientos ciudadanos es la “poca independencia, la falta de transparencia y la retardación de justicia”, por lo que se debe trabajar bajo una gestión alejada de la influencia política y los grupos de poder.

Empero, el magistrado del TCP Gonzalo Hurtado (Beni), que obtuvo la mayor votación en los comicios logrando el 48,82% de los sufragios, indicó que las autoridades tienen un “soporte social amplio”, lo cual les da legitimidad.

Para el expresidente Carlos Mesa, las autoridades judiciales lo que deben hacer es “someterse a la ley, no a otros poderes del Estado”, escribió en su cuenta de Twitter.

“La idea de la independencia de poderes es que estas instancias puedan apegarse a la ley y no estar sujetas a los mandatos políticos de los que gobiernan y ese es un desafío importante”, aseveró Zegada.

El jefe de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, también escribió en su cuenta de Twitter y afirmó que el presidente Morales “con la señal partidaria” tomó juramento a “sus magistrados derrotados el 3D por la mayoritaria votación expresada en el voto nulo; es la justicia al servicio del régimen”.

Ante este escenario, Komadina expresó que los tribunos deben demostrar su “independencia política” con relación al Ejecutivo y al Legislativo para recuperar la confianza en el estado de derecho, su capacidad profesional para que sus actuaciones sean transparentes y disminuir la retardación de justicia.

El presidente del TSJ, José Antonio Revilla, afirmó que es indudable tener una “independencia política” en todos los niveles, pero también debe haber coordinación con las instancias ejecutivas y legislativas.

Hurtado señaló que el compromiso es cambiar la justicia con transparencia institucional y disminuir la corrupción y retardación.

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