Animal Político

Octava carta a las izquierdas (1)

El progresismo contra sus principios

La Razón / Boaventura de Sousa Santos

00:00 / 02 de septiembre de 2012

Quién podría imaginar hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo, el derecho a la vida, al trabajo y a la libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue por medio de la defensa de estos derechos que conquistaron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que, una vez conquistado, el poder se vuelva tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon para que él fuera poder? ¿Por qué razón, siendo un poder de las mayorías más pobres, es ejercido   a favor de las minorías más ricas? ¿Por qué resulta, a este respecto, cada vez más difícil distinguir entre los países del norte y los países del sur?

Los hechos. En los últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) han mostrado que pueden velar tan bien por los intereses de los acreedores y especuladores internacionales como cualquier partido de derechas, no pareciendo nada anormal que los derechos de los trabajadores fueran expuestos a las cotizaciones de las bolsas de valores y, por tanto, devorados por ellas. En Sudáfrica, la Policía al servicio del gobierno del ANC (Congreso Nacional Africano), que luchó contra el apartheid en nombre de las mayorías negras, mata 34 mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa. Bien cerca, en Mozambique, el gobierno del Frelimo (Frente para Liberación de Mozambique), que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión de empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de la docilidad (por las buenas o las malas) de las poblaciones que están siendo afectadas por la minería a cielo abierto. En India, el gobierno del partido en el Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, hace concesiones de tierra a empresas nacionales y extranjeras y ordena la expulsión de millares y millares de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un enfrentamiento armado. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento indígena, impone, sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas, la construcción de una carretera en territorio indígena (el TIPNIS, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) para drenar recursos naturales. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, que valientemente concede asilo político a Julian Assange, acaba de ser condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber garantizado los derechos del pueblo indígena Sarayaku, en lucha contra la explotación de petróleo en sus territorios. Ya en mayo de 2003, la Comisión había solicitado a Ecuador medidas cautelares a favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas.

En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Brasil, mediante una medida cautelar, la suspensión inmediata de la construcción de la represa de Belo Monte (que, al ser terminada, será la tercera más grande del mundo) hasta que los pueblos indígenas afectados sean adecuadamente consultados. Brasil protesta contra la decisión, retira su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), suspende el pago de su cuota anual a la OEA, retira su candidato a la CIDH y toma la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer la reforma de  la CIDH en el sentido de disminuir sus poderes de cuestionar a los gobiernos sobre violaciones de derechos humanos. Curiosamente, el Tribunal Regional Federal de la Primera Región (Brasilia) acaba de decretar la suspensión de la represa con fundamento en la falta de estudios de impacto ambiental.

Los riesgos. Para responder a las cuestiones con las que empecé esta crónica, veamos lo que hay en común en todos estos casos. Todas las violaciones de derechos humanos están relacionadas con el neoliberalismo, la versión más antisocial del capitalismo en los últimos 50 años. En el norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el rescate de los banqueros, sustituyendo la protección social de los ciudadanos por la protección social del   capital financiero. En el sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser tierra y las poblaciones que en ellos habitan obstáculos para el desarrollo que es necesario promover lo antes posible. Para el capitalismo extractivista, la única regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la corrupción de los gobiernos. Honduras ofrece en este momento uno de los ejemplos más extremos de autorregulación de la actividad minera donde todo sucede entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) y la Embajada de Canadá. Canadá, que hace 20 años parecía ser una fuerza benévola en las relaciones internacionales, hoy es uno de los promotores más agresivos del imperialismo minero.

Cuando la democracia concluya que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida oponerle resistencia, puede ser que sea demasiado tarde. Mientras tanto, puede que el capitalismo ya haya concluido que la democracia no es compatible con él.

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